Hace tres meses atrás, el asesinato de Pablo Kukok de 18 años, en manos del suboficial Luis Chocobar, profundizó el giro de la política represiva del gobierno nacional.

El mismo presidente, Mauricio Macri, le abrió las puertas de la casa rosada a Chocobar, garantizándole públicamente su apoyo. Esto instaló una nueva doctrina represiva del gobierno, dando lugar a una serie de asesinatos en manos de las fuerzas represivas del Estado.

Pablo Kukok fue el primero de esta doctrina, pero no el último. Un pibe de 23 años fue asesinado por el impacto de una bala de goma en su cabeza, luego de que la policía realizara un procedimiento extraño en su domicilio; en General Alvear una mujer recibió un disparo en su pierna al intentar evadir con su moto un control policial en la vía pública; Víctor Robles de 17 años, fue asesinado por un policía de civil en Tucumán, Maximiliano Tapia perdió su pierna producto de un disparo efectuado por la policía, en Las Talitas. Y hace pocos días, a Facundo Ferreira le reventaron la cabeza de un balazo por “andar circulando sospechosamente” con un amigo en moto, en La Bombilla, Tucumán. Todos ellos tienen algo en común: son pibes pobres.

El gobierno es claro en su mensaje: ser pobre te convierte en sospechoso, aunque ni siquiera estés cerca de salir a afanar. Los pibes pobres son un peligro para este gobierno, que lejos de garantizarles un futuro digno, legitima su asesinato por circular en la vía pública.

En 721 días, el gobierno de Macri cuenta con 725 pibes asesinados por gatillo fácil, el 50% de ellos menores de 25 años, una muestra clara de cuáles son las políticas destinadas para los pibes de los sectores populares.

Facundo Ferreira fue asesinado a pocos días de comenzar la escuela secundaria, las fuentes oficiales dicen que murió en medio de un enfrentamiento con la policía, los testigos del hecho dicen que la policía tiró a quemarropa sin dar la voz de alto. Fue un asesinato a sangre fría. El delito más grave que cometió Facundo fue el de haber nacido pobre, esa fue su condena a muerte.

El gobierno se empeñó en instalar el debate de la baja en la edad de imputabilidad, cuando verdaderamente lo que discute es a qué edad está permitido matar a los pibes.

La política del gobierno de relegitimar a las fuerzas armadas, dándole el aval para asesinar a los pibes, va en sintonía con el intento de aplicar el 2×1 a genocidas, con la domiciliaria a Etchecolatz, con la defensa pública a los gendarmes en el caso de Santiago Maldonado por parte de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich; como también sucedió con el asesinato de Rafael Nahuel, sin poner en duda los dichos y el accionar de la prefectura que le disparó por la espalda al joven, dejándolo sin vida.

La represión a la protesta social, tal como se vivió el 14 y 18 de diciembre, con la posterior persecución a militantes de izquierda que habían participado en dichas jornadas, fue una muestra del precedente que quiere sentar el gobierno de disciplinamiento social. El gobierno relegitima el accionar de las fuerzas armadas porque las necesita para llevar adelante las políticas de ajuste y represión.

Necesitamos, más que nunca, llenar las calles para enfrentar todos estos ataques del gobierno de Macri. Pongamos en pie una gran movilización este 24 de marzo, a 42 años del golpe militar.

Llenemos las calles contra la persecución a los luchadores y contra la doctrina Chocobar!

 

Tefi Pe

 

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