Manuela Castañeira



Columna quincenal en eldestape web –

La «era Macri» comenzó desde su primer día con una clara señal hacia la persecución de los organismos de derechos humanos.

El frustrado intento de detención de Hebe de Bonafini fue un paso más en la cadena de provocaciones del macrismo. A los ataques al salario y al empleo, el tarifazo, las medidas a favor de los grandes empresarios, se les suma ahora un nuevo eslabón: la persecución a los organismos de Derechos Humanos.

La «era Macri» comenzó desde su primer día con una clara señal en este sentido. Un editorial del diario La Nación recomendaba (un día después de su triunfo electoral) al nuevo gobierno que libere a los genocidas presos y que acabe con la «demonización» de los represores. Ya tempranamente los trabajadores del diario habían mostrado, con una rápida reacción, que la sociedad argentina no está dispuesta a volver atrás en sus conquistas democráticas.

Pero el gobierno de Cambiemos siguió tanteando el terreno para ver por dónde podía avanzar, para lograr su objetivo explícito de «acabar con el curro de los Derechos Humanos». Así intentó también establecer el protocolo para restringir el derecho a la protesta. Las organizaciones de izquierda como el Nuevo MAS logramos derrotar hasta el momento su aplicación, aunque muy probablemente el macrismo quiera seguir insistiendo con ella.

Siguieron también otras declaraciones, como las del ex–ministro Lopérfido, que negó la existencia de 30 mil desaparecidos en nuestro país. La polémica generada terminó provocando su salida, pero el gobierno no se dio por vencido. Volvió a la carga en ocasión de los festejos del Bicentenario de la Independencia. Allí permitió desfilar a personajes siniestros como Aldo Rico, o a los protagonistas del «Operativo Independencia» en Tucumán. El objetivo era rehabilitar a las Fuerzas Armadas golpistas como institución «legítima».

El intento de concesión de la prisión domiciliaria a Etchecolatz y otros represores viene a completar este panorama. Queda claro que el macrismo tiene como objetivo estratégico la destrucción de las conquistas que el pueblo argentino obtuvo en materia de Derechos Humanos. Hay una clara búsqueda del macrismo y la justicia de relegitimar a los genocidas y las Fuerzas Armadas.

La orden de detención contra Bonafini significa, más allá de cualquier otra consideración, un salto en esta cadena de provocaciones. No es cierto que el macrismo y la Justicia persigan a la corrupción (el propio gobierno está repleto de corruptos, con cuentas offshore incluidas). Lo que quieren eliminar esla conciencia democrática instalada en la sociedad, que mayoritariamente repudia el terrorismo de Estado y la represión -de la que los partidos tradicionales y el empresariado fueron cómplices, por otro lado.

Tampoco es cierto que esta justicia sea «neutral» y «objetiva», que todos seamos «iguales ante la ley». La justicia no es independiente: esta misma Justicia fue cómplice de la dictadura militar. Los jueces conforman una corporación privilegiada, que nadie elige y que no se renueva. Una Justicia que sostuvo siempre a los poderosos, que dejó libres a personajes nefastos como De La Rúa y Menem, y que día a día ampara a violadores y proxenetas. No corresponde depositar en esa Justicia ningún procedimiento sobre figuras representativas de los organismos de Derechos Humanos como Bonafini, por más diferencias que tengamos con ellas.

Por eso la defensa de Hebe de Bonafini y los organismos de Derechos Humanos frente a todo zarpazo represivo es una posición de principios. Esto no significa ningún apoyo a su figura ni a sus posiciones políticas. Por el contrario, siempre rechazamos la cooptación kirchnerista de los organismos de DDHH, que los neutralizó como herramienta de lucha y contribuyó a la existencia de casos de corrupción.

Tenemos enormes críticas al rumbo adoptado por muchas de estas organizaciones en la última década: su complicidad en la represión de los petroleros de Las Heras, su amistad con personajes nefastos como Cesar Milani, el callarse la boca ante la represión en tantas luchas obreras y populares.

Pero estas críticas no nos hacen perder de vista lo que hoy es esencial. La izquierda no puede ser funcional a los ataques macristas. Lamentamos que los compañeros del Partido Obrero coincidan con el macrismo en que Bonafini «debe ir a declarar». El Frente de Izquierda (FIT) debe posicionarse públicamente contra esta avanzada reaccionaria del gobierno. En nuestro país, todas las conquistas que obtuvimos los trabajadores, las mujeres, la juventud fueron en las calles, contra las instituciones de los de arriba y sus gobiernos. Ese es el camino que hay que seguir.

 

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