Roberto Sáenz



Una expresión de adaptación al Estado burgués –

 

“Hebe debe avenirse a declarar para que se investigue la malversación de $1200 millones contra los sin techo, los albañiles y el Estado” (twitter de Néstor Pitrola, 4 de agosto del 2016)

 

“Ella está involucrada en hechos de corrupción graves. En la justicia del siglo XXI todos tenemos que ser iguales” (Mauricio Macri, El Día, 10 de agosto del 2016)

 

El intento de detención de Hebe de Bonafini por parte de una Justicia servil al gobierno reaccionario de Macri abrió un fuerte debate en la izquierda. El contrapunto de Manuela con Néstor Pitrola en C5N fue muy duro y no es para menos. La defensa de los dirigentes de los organismos de DDHH –por más diferencias que tengamos con ellos– es de principios en la izquierda. Sobre todo, además, cuando el ataque a ellos por parte de las instituciones de la democracia patronal hace parte de una ofensiva global por criminalizar y desacreditar la lucha democrática y relegitimar a los genocidas.

Aunque esta ofensiva continúa hoy en el intento de pasar al genocida Etchecolatz a arresto domiciliario, en el caso de Bonafini se logró –por ahora– derrotar la escalda contra ella, lo que no deja de ser un triunfo de importancia para las relaciones de fuerzas en nuestro país, batalla en la cual, escandalosamente, el Partido Obrero estuvo del otro lado de la trinchera.  

“No tengo idea de si fueron 9 mil o 30 mil”

Esto acaba de declarar Macri. En realidad, sí lo sabe. Lo que pasa es que la guerra por el número de compañeros y compañeras desaparecidos durante la dictadura es parte de una contraofensiva lanzada por el gobierno para desacreditar la histórica lucha por los derechos humanos y volver a legitimar a las FFAA genocidas (a las que quiere ver con mayor participación en la vida política nacional bajo su gobierno, como acaba de declarar en una cena días atrás con la cúpula militar).

Para deslegitimar la causa de los derechos humanos, una manera de comenzar a hacerlo es reduciendo el número de damnificados. Ya el renunciante Lopérfido había manifestado que el número estaba “exagerado”… ¿Exageración para qué? podríamos preguntar. Y en la lógica de Lopérfido, responder: para hacer “aspaviento”, para “exagerar” los desaparecidos que hubo, para “victimizarse”, para negar o “hacernos olvidar que en definitiva las FFAA salvaron a la patria del comunismo”: “Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo” dijo Etchecolatz, y agregó: “Defendimos a la patria y nuestros soldados fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, y del derecho a la familia cristina” (El Litoral, 25/10/14).

Porque la realidad es que la clase burguesa y el imperialismo han “aceptado” la condena al terrorismo de Estado de la dictadura a regañadientes: no es su verdadera posición. Su posición, inconfesa, es que las FFAA les sacaron las castañas del fuego cuando fue necesario y que en vez de premiarlas se las ha condenado.

Claro que sostener abiertamente esta posición no es tan sencillo (menos cuando se mantiene el régimen de dominación de la democracia de los ricos), y entonces la cuestión es cómo “administrar”, al menos, una “teoría de los dos demonios”, como la que imperaba bajo el alfonsinismo en los años ’80[1].

La realidad es que la lucha por los DDHH y su legitimación ha seguido todos los vaivenes de la lucha de clases en el país. La dictadura militar fue echada a comienzos de los años 1980 con la movilización. De ahí que la sanción y condena (al menos a las Juntas Militares) y la deslegitimación de las FFAA hayan llegado muchísimo más lejos que en los casos de Chile, Uruguay o Brasil, donde la salida de los militares fue consensuada con las fuerzas burguesas mayoritarias.

Sin embargo, con el retroceso vivido en los años ’90 bajo el menemismo, también la lucha democrática retrocedió. Con el antecedente de las aberrantes leyes alfonsinistas de Obediencia Debida y Punto Final (que pusieron un freno inicial al castigo a los genocidas), Menem decretó los indultos (según él, no podía siquiera ver “un pajarito dentro de una jaula”).

Pero con el Argentinazo del 2001, la gestión del kirchnerismo retomó la agenda democrática (en búsqueda de relegitimar la democracia burguesa), y si bien no ocurrieron grandes movilizaciones (aunque la jornada del 24 de marzo se mantiene como la fecha más emblemática en el país), la reapertura de los juicios y la condena de muchos genocidas no dejaron de marcar un nuevo jalón en la condena a estos asesinos[2].

Esto es lo que pretende hacer retroceder, ¡una vez más!, el gobierno de Macri: procura “volver a equilibrar” las cosas; aprovechar circunstancias como la escandalosa cooptación K de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para desacreditar esta histórica lucha: enchastrar la lucha de los DDHH y relegitimar a los genocidas; traspasar una de las más importantes “líneas rojas” en lo que hace a las relaciones de fuerzas creadas en nuestro país desde el 2001[3].

Un problema de principios

Es en ese contexto que ocurrió la ofensiva sobre Hebe de Bonafini por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Hay que ser ciego para no ver que el ataque contra está histórica dirigente de los DDHH hace parte de una ofensiva más global por deslegitimar la lucha democrática, por hacer girar el país hacia la derecha.

Parece evidente, además, que este paso se hace necesario para avanzar en otras medidas represivas, por ejemplo el protocolo antiprotesta. Si la lucha por los DDHH es arrastrada por el fango, este otro tipo de ataque a las libertades democráticas, al derecho a la protesta, sería más sencillo. 

Pero existe un gravísimo problema que va más allá de los elementos políticos: plantear, como hizo vergonzosamente el Partido Obrero, que Hebe de Bonafini “vaya a declarar” es atentar contra uno de los principios más elementales de la izquierda revolucionaria.

Ocurre que Bonafini, más allá de su evidente cooptación K, incluso más allá de los casos de corrupción en los que puede haber incurrido, sigue siendo una dirigente de los derechos humanos, dirigente de una de las organizaciones históricas de los derechos humanos en el país.

Una dirigente que, cualesquiera sean las diferencias que tengamos[4], se jugó heroicamente la vida en los peores momentos de la última dictadura militar, asumiendo la conducción de las Madres de Plaza de Mayo cuando esta organización fue descabezada por la delación de Astiz de su primera conductora, Azucena Villaflor de De Vicenti, allá por finales de 1977.

Una dirigente de una organización popular, lo que significa que la colocamos por encima de las instituciones de esta democracia de los ricos como es la Justicia patronal, institución oligárquica cómplice de la última dictadura militar.

Así las cosas, el planteo del PO de que “vaya a declarar” (¡a sabiendas de que podía quedar presa, como lo manifestó oportunamente el juez De Giorgi!), el sumarse al coro burgués de que “todos somos iguales ante la ley”, es un escándalo sin principios con pocos antecedentes en la izquierda, que mostró un vergonzoso sometimiento, un arrodillarse frente al Estado patronal.

Bonafini pareció comprender mejor que el PO el carácter de clase del Estado burgués cuando dijo que se “metieran en el c…” la orden para que fuera a declarar.

Está claro que no todos los días se puede hacer esto; tampoco todos los perseguidos por la Justicia tienen la posibilidad de hacer esto; no se trata de educar en un falso “izquierdismo”. Pero cuando Bonafini con su acción estaba desbordando al Estado patronal, el PO se postraba frente al Estado exigiendo que fuera a declarar…

Como es sabido, los principios que marcan el accionar de los revolucionarios son unos pocos, fácilmente identificables. Por ejemplo, que la izquierda clasista rechaza categóricamente que organizaciones de los trabajadores integren gobiernos burgueses; o que apoyamos incondicionalmente cada lucha de los trabajadores, cada causa justa de los explotados y oprimidos, cualquiera sea la corriente o los personajes que la dirijan.

Otra cuestión de principios, elemental, es que jamás entregamos a la Justicia patronal a un dirigente de una organización popular.

Si estos dirigentes cometieron afrentas a la moral trabajadora, por ejemplo, apropiándose de fondos que corresponden a los trabajadores, entonces consideramos que debe juzgárseles severamente; pero este juicio debe ser llevado adelante por las organizaciones populares, no por las instituciones capitalistas que, por lo demás, van a querer utilizar la circunstancia para atacar a las organizaciones y las luchas de los explotados y oprimidos.

El debate en C5N

 

Cuando Manuela le preguntó a Pitrola “ante quién” debía declarar Bonafini, luego de dar vueltas, poniéndose rojo como un tomate y elevando demasiado la voz, Pitrola tuvo que confesar que estaba a favor que declarase ante la Justicia patronal. Hizo esto justificándose con que ante el asesinato de Mariano Ferreyra se apeló a esta Justicia para castigar a Pedraza.

Pero la comparación no tiene nada que ver. Se trata de dos circunstancias completamente distintas: una cosa es utilizar –hasta donde se pueda– a la Justicia patronal para castigar violadores, genocidas o asesinos de compañeros, para arrancar un derecho laboral, ¡y otra muy distinta es pretender que esa Justicia salde cuestiones que tienen que ver con el movimiento popular[5]!

Dicho de otra manera: debido a que es abstracto en las actuales condiciones –como hemos señalado más arriba– proponer tribunales populares para sancionar a un violador, a un asesino como Pedraza o a un genocida, metemos presión sobre el sistema institucional para que castigue de manera legal a dichos delincuentes.

Pero apelar a la Justicia patronal para castigar a un luchador popular es una aberración que no tiene nombre. ¿Desde cuándo en la izquierda nos creemos ese verso burgués de que “todos somos iguales ante la ley”? El cretinismo legalista y democratizante que destila el PO no tiene antecedentes.

Es falso de toda falsedad que todos somos iguales ante la ley. La ley es una ley burguesa, la Justicia es una justicia burguesa y en prácticamente todos los casos –¡salvo bajo extrema presión y siempre tratando de atenuar o burlar las consecuencias!– tiende a fallar en beneficio de los de arriba y en desmedro de los explotados y oprimidos.

Pitrola se puso rojo de cólera frente a Manuela el domingo pasado en el programa de Mengolini; pero Manuela no hizo más que recordarle este principio elemental de los socialistas revolucionarios.

Es hora de que el PO revea su posición y deje de justificar lo injustificable.

 

 

[1] La “teoría de los dos demonios” sería algo así como la versión vernácula de la teoría de los “totalitarismos” que impera hoy día mundialmente en  relación al fascismo y el comunismo; una teoría formulada en beneficio del imperio universal de la democracia burguesa.  

[2] Dejemos sentado el hecho de que la única manera revolucionaria de acabar con los genocidas evitando estos constantes vaivenes serían los tribunales populares y su fusilamiento, algo que evidentemente requeriría de condiciones revolucionarias que no se han verificado en el país.

[3] Que el PO no vea este dato tan elemental muestra cuán alejada está su estrategia de la lucha de clases, cuán adaptado se muestra a la democracia de ricos imperante en nuestro país, la pérdida de reflejos políticos elementales que denota.

[4] La diferencias con Bonafini vienen de larga data, desde la pelea por sustituir la consigna de “aparición con vida” por “juicio y castigo a los genocidas” a comienzos de los años 80 (a lo que Bonafini se negó), pasando por varias más hasta su cooptación K.

[5] Toda la “justificación” del PO es la corrupción de Bonafini y que de esta manera le pelearía la dirección del movimiento popular al kirchnerismo, la conducción de los organismos de derechos humanos. Pero esta es una tarea que debemos saldar en la lucha de clases, ¡no pedirle al Estado y los gobiernos patronales que lo hagan por nosotros, por los trabajadores!

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