Como era previsible, luego del exitoso levantamiento de la policía cordobesa, y las concesiones del gobierno de De la Sota a la misma, la rebelión policial se ha extendido a lo largo y ancho del país, llegando en estos momentos al corazón de la Argentina: la Provincia de Buenos Aires.

El gobierno de Scioli les acaba de proponer un básico rondando los 8.600$, pero la asamblea realizada en La Plata y otras concentraciones de policías que se están desarrollando en otros puntos del gran Buenos Aires, rechazan esta cifra y exigen más.

El reclamo de fondo es similar en todos los casos: lograr el mismo básico que tiene la Policía Metropolitana, que alcanza los 12.500$. No casualmente Macri es muy duro con los reclamos de los trabajadores bajo su jurisdicción, pero tiene la policía mejor paga del país.

Mientras tanto, el gobierno nacional ya no puede sacarle el cuerpo a la situación, y a su responsabilidad política por la misma, debido a que la rebelión es, evidentemente nacional.

De ahí que diversos funcionarios hayan salido a responsabilizar a distintas fuerzas políticas opositoras por los saqueos (su dedo está apuntando al massismo a estas horas), así como Randazzo acaba de exigirle a estas mismas fuerzas a que salgan a declararse en favor del “orden constitucional” y el contra del reclamo policial.

El Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, incluso llegó a comparar la actual rebelión con el levantamiento policial en Ecuador contra Correa años atrás. Este no alcanzó a ser un verdadero intento de golpe de estado pero tuvo, sí, elementos de un “planteo” policial que trascendía en los hechos el pedido corporativo.

La actual rebelión policial siquiera llega a ser un planteo de esas características; se trata de un argumento del gobierno que esconde su fracaso político en materia de la “gestión” de las fuerzas represivas. Esto en el sentido que nunca logró realmente disciplinarlas, nunca encaró una verdadera “depuración” de los sectores que estuvieron vinculados con la dictadura militar, por no hablar de una disolución de la “maldita policía” que nunca fue su programa. Por el contrario, su política fue siempre buscar una “relegitimación democrática” de las fuerzas represivas, política que le saltó al oficialismo por los aires el año pasado en oportunidad de levantamiento de la Gendarmería, y muestra su redondo fracaso nuevamente ahora.

Pero que marquemos la responsabilidad del gobierno kirchnerista en lo que está ocurriendo, no quiere decir que nuestro partido apoye la rebelión policial en curso. Contra los que muchos creen, incluso vergonzosamente entre las filas de la izquierda, la rebelión policial no es un simple “reclamo de trabajadores” como tantos otros por los salarios.

Los policías, aunque ganen un salario, no son “trabajadores” como los demás, sino un personal burocrático al servicio de la defensa de la propiedad privada y del capital, cuyos rangos inferiores eventualmente pueden ser ganados para no reprimir a los trabajadores en condiciones de extrema lucha de clases, cuando su temor al poder obrero es mayor que a la autoridad del estado mismo.

Pero la situación actual no tiene nada que ver con ello. Cuando se mejoran las condiciones de salario de los represores, lo único que se mejora son las condiciones de la represión; no la calidad de vida de un sector de trabajadores, como “ingenuamente” parecen creer sectores como los de la CTA Micheli (que alientan la sindicalización policial) o sectores de la misma izquierda.

Hay otro elemento que delimitar. El gobierno está creando confusión afirmando, falsamente, que todos los saqueos producidos en Córdoba, y los incipientes en otras partes del país, habrían sido “organizados”. Esto no es así. El gobierno pretende, con declaraciones de este tipo, meter todos los fenómenos en el mismo saco.

Pero hay que diferenciar muy bien aquellos hechos que son espontáneos y subproducto de la miseria social que crece por abajo, y que el gobierno no fue capaz de resolver en estos diez años de la “década ganada”, de aquellos que si fueron organizados a modo de chantaje por la huelga policial.

Dicho esto, es verdad que la rebelión policial está aprovechándose -a modo de chantaje a la sociedad- del hecho que al desaparecer de las calles facilitan una “tierra de nadie” por dónde no solamente se pueden colar acciones sociales de los sectores populares más desprotegidos sino que habilitan, incluso, situaciones que parecen “prefabricadas” como para justificar su supuesta “utilidad” para controlar la situación y cuidar la propiedad privada.

El ejemplo cordobés se extiende por todo el país. Nuestro partido no lo considera un simple reclamo salarial, sino el accionar de fuerzas represivas del estado que con la capacidad de chantaje señalada, arrancan aumentos salariales corporativos para ellos, sólo para salir a mejor reprimir a los genuinos trabajadores cuando hacen lo propio saliendo a la lucha por sus auténticas reivindicaciones.

Por esto mismo, no apoyamos el levantamiento policial ni su reclamo de sindicalización, así como tampoco salimos en defensa del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, los que, en definitiva, terminan haciéndole el juego a las fuerzas represivas del estado que ellos gobiernan, y de las cuales son sus amos.

Nuestra posición pasa por la disolución de la policía y demás fuerzas represivas del estado, así como por alentar el proceso de organización por abajo entre vecinos y trabajadores, para que sea la población explotada y oprimida la que tome en sus manos los problemas de la seguridad.

Esta última será la única forma de acabar con las redes de la droga, la prostitución y demás (redes que tienen íntima conexión con la policía y el mismo estado), así como para evitar las guerras de pobres contra pobres y transformar la lucha por las necesidades de los trabajadores y el pueblo, en una lucha de clases contra la patronal, el gobierno kirchnerista y los demás gobiernos provinciales capitalistas.

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