“(…) Revocó la cárcel común de Eduardo Rodolfo Cabanillas, ex jefe de Automotores Orletti, y le dio la domiciliaria por razones humanitarias, edad e informes de salud. Eso es un dato, porque pese a que la acusación dijo que no se encontraba en fase terminal –prerrogativa hasta ahora para la domiciliaria– Casación la habilitó vía humanitaria. (…) El caso Etchecolatz también fue significativo, según una sobreviviente de la ESMA un ‘globo de ensayo’. Peritos y el Cuerpo Médico Forense advirtieron que el represor de 87 años de edad podía continuar en la cárcel pero el TOF 1 de La Plata le dio domiciliaria, aunque continúa preso por causas en instrucción. (…)” (Página 12, 31/7/16)

Y la lista sigue con nombres amargamente reconocidos como Jorge Antonio Bergés, Juan Carlos Rolón, Carlos Guillermo Suárez Mason… Con bronca creciente leemos cotidianamente cómo día tras día, en una espiral creciente, militares condenados por ser responsables de secuestros, torturas, asesinatos, apropiación de niños, regresan a sus casas con el beneficio de la prisión domiciliaria. Los argumentos son tan cínicos como aberrantes.

Desde invocaciones humanitarias hasta de economía en el presupuesto penitenciario, que encuentran en este gobierno el portavoz indicado para hacer efectivas las vueltas a su casa de los represores. No es el único beneficio que han obtenido. Por resolución del Tribunal Oral Federal de Tucumán, se les ha sido asignado el beneficio de la jubilación a cuatro condenados, entre ellos se encuentra Luciano Benjamín Menéndez. ¿Serán estos los primeros pasos de la “reparación histórica” para los mayores vulnerables?

La prisión domiciliaria más indignante para el conjunto de la población y de las generaciones es la del ex comisario Miguel Etchecolatz, mano derecha del ex general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura, en medio de cuyo juicio fue secuestrado Jorge Julio López, el 18 setiembre de 2006.

Esto es así no sólo por ser la desaparición más reciente, sino porque reveló, de una forma dramática y a la luz del día, en plena etapa democrática, cómo los servicios del ex jefe de la Policía Bonaerense, seguían actuando y atentando contra un trabajador que había sobrevivido a su anterior secuestro y tenía la entereza y valentía de declarar ante los ojos de sus victimarios.

Siguió con sus provocaciones en otro juicio, en este caso por el centro de detención conocido como “La Cacha”. En presencia del tribunal, de los presentes en la sala, entre los cuales estaba la señora Estela de Carlotto, cuya hija estuvo ilegalmente detenida allí, mostró un papel donde se leía claramente “Jorge Julio López”.

“El hecho ocurrió el viernes, cuando el ex policía durante la última dictadura militar anotó en un papel el nombre de López, y otras palabras que no pudieron leerse con precisión, e intentó entregárselo a los jueces, que lo rechazaron. Esta secuencia, que ocurrió mientras el Tribunal platense terminaba de leer la condena a 19 de los 21 acusados por crímenes de lesa humanidad, fue captada por un fotógrafo del portal Infojus, quien al ampliar la imagen se encontró con el nombre del albañil desaparecido”. (La Nación, 28/10/14)

Seguía estando seguro de su impunidad: aunque estaba preso, no estaba desarticulado su accionar criminal.

Este siniestro personaje es el que hoy se va a su casa en esa ficción jurídica que es la prisión domiciliaria. Es más “prisión” para quienes no tienen un peso para ir a tomar sol al country, organizar comidas opíparas con sus amigos, etc.  Es cien por cien “domiciliaria” para quienes viven en departamentos o casas lujosas, que tienen acceso a todas las comodidades y servicios y además, consiguen permiso para hacerse atender por sus obras sociales, dar paseos autorizados o conseguidos “bajo cuerda”.

¡Que vuelvan a donde tienen que estar: la cárcel común!

Nos sumamos a las expresiones de repudio. De cara a cumplirse 10 años del secuestro de Jorge Julio López, debemos aunar esfuerzos para seguir exigiendo sin descanso el esclarecimiento de su desaparición, así como castigo a todos los culpables, algunos de los cuales son los que vuelven a sus casas de la mano de las resoluciones de la justicia y con el visto bueno de los ministros de derechos humanos.

Creemos que para hacer efectivo estos reclamos, debemos concretar, en la más amplia unidad de acción, una convocatoria este 18 de setiembre, al cumplirse 10 años del secuestro de Julio López.

¡Por una movilización unitaria de las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales y todos los luchadores este 18 de setiembre!

¡Parémosle la mano a la “fuga” de represores de donde deben estar: la cárcel común!

 

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