El rebote del tarifazo en los precios –

Ya no se trata de que Prat Gay y sus pronósticos quedaron en ridículo, pese a lo cual él y su “equipo” siguen desbarrando (y desvariando) sobre el índice de precios. Se trata de que se empiezan a combinar factores que sostienen la posibilidad cierta de la inflación anual más alta en la Argentina desde la hiperinflación de 1990.

Empecemos por los datos fríos: si tomamos el “índice Congreso” (que no es más que un promedio de consultoras privadas) para el período enero-abril, y la cifra oficial del INDEC desde que empezó a difundirla, es decir, mayo y junio, la inflación en la primera mitad de 2016 fue del 28,6%. La inflación anual junio 2015 – junio 2016 supera el 43-45%, según la región del país que se mida.

Estas cifras no sólo demuelen las irresponsables previsiones de Prat Gay y todo el macrismo, sino que representan un brutal deterioro del poder adquisitivo del salario. Pero el ministro de Economía no se amilana y ahora dice que en el segundo semestre, como producto de la combinación de salarios más altos por las paritarias y una “desaceleración” de la inflación, habrá una recuperación del salario real. Aclarémoslo ya: es verso, como siempre.

Primero, las paritarias de este año están inevitablemente distorsionadas por la irrupción del factor desempleo: fue eso lo que permitió paritarias categóricamente a la baja respecto de la inflación como casi nunca desde 2004. Segundo, incluso los acuerdos “mejorcitos”, como el de bancarios (32% anual desde enero), van a quedar sin ninguna duda por debajo de la inflación, y no sólo la anual sino la de los dos semestres. La cuenta es sencillísima: es un 32% anual contra el 28,6% en sólo seis meses. No hay paritaria semestral o incluso trimestral que pueda recuperar a la vez lo ya perdido entre enero y junio, por un lado, y la inflación futura del segundo semestre, por el otro.

 

Cómo no dejar contento a (casi) nadie

 

Vayamos a las “expectativas”. Aquí hay casi unanimidad: salvo el gobierno, todas las consultoras, economistas, gremialistas y empresarios estiman que no hay ninguna razón para una desaceleración brusca de la inflación, incluso a pesar de la evidente recesión que ya está reventando el consumo popular y que debería frenar la suba de precios. Sucede que hay una serie de factores que operan como contratendencias.

En primer lugar, la emisión de dinero por parte del BCRA sigue a toda marcha, por más que se la quiera limitar tomando deuda.(1) Lo irónico del caso es que ni siquiera los tarifazos hacen mucha mella en un déficit fiscal que crece por otras vías, como la baja de ingresos (por la baja de impuestos a los exportadores) y la suba temporaria del gasto, alimentado por las promesas de más obra pública y la “reparación” a los jubilados.

Segundo: la extensión y profundidad del tarifazo hacen inevitable una nueva oleada de “inflación de segunda generación”, ya que las empresas buscarán trasladar ese aumento de costos al precio del producto final, con toda lógica capitalista. Como dice la teoría económica convencional burguesa, aquí el precio es “inelástico” a la demanda, es decir, por más que se venda menos como resultado de la recesión, los precios deben aumentar igual por suba del costo de producción. Para muchos comerciantes, es el peor de los mundos: están obligados a subir los precios incluso con menos demanda.

Tercero: el dólar “planchado” actual no puede durar demasiado, so pena de reventar la “ganancia de competitividad” lograda con la devaluación. Nos explicamos: si la devaluación fue del 50% pero los precios ya subieron el 30%, la devaluación “real” es del 20%, que será todavía menos con una cotización del dólar que hace meses va rezagada respecto de la inflación. Lo malo de esto para el gobierno es que se puede generar un “efecto expectativa de devaluación” en el empresariado, similar al que disparó los aumentos de precios en noviembre y diciembre pasados, antes de la “salida del cepo”-devaluación. Sin duda eso se daría ahora en menor escala, pero sería suficiente para arruinar las perspectivas de una inflación en línea descendente hacia el 1,5% mensual en diciembre, como desea el macrismo.

Hagamos números rápidamente sobre tres posibles escenarios. Partiendo del 28,6% del primer semestre, el escenario más “benévolo” sería una inflación, digamos, del 2% entre julio y septiembre, y del 1,5% entre octubre y diciembre. Eso nos da un índice anual del 42,7%. Un segundo escenario, a nuestro juicio más realista, es una inflación del 2,5% mensual promedio para el tercer trimestre y del 2% mensual promedio para el cuarto trimestre. Con esto la inflación llegaría al 47%. Y si se da una tercera posibilidad (que de hecho es la que manejan varios analistas y consultores) de un 3% durante dos meses, un 2,5% el bimestre siguiente y un 2% mensual para el último bimestre del año, la inflación arañaría el 50% anual.

En todos los casos, se estaría varios puntos por encima del 40,9% de 2002, a la salida de la convertibilidad y en pleno desastre económico y social. Hay que remontarse a la hiperinflación de Menem en 1990, previa al plan de convertibilidad, para encontrar un índice anual más alto que el del primer año de Macri.

Esto abre un dilema para el macrismo: ¿impulsar lo que es por ahora la única palanca de reactivación económica, el gasto estatal, a costa de comprometer el índice de inflación que espera la sociedad, corriendo el riesgo del malhumor social ante la inevitable caída de un salario real al que ninguna paritaria compensará lo perdido? ¿O tratar de ponerle un freno a la inflación absorbiendo pesos (como lo había hecho con las Lebac en marzo-abril) y reduciendo el gasto público real (¡en la entrada a un año electoral!), pero arriesgándose entonces a perder consenso social por la falta de crecimiento económico?

La única apuesta del gobierno para salir de este esquema donde siempre se pierde es la llegada de las famosas inversiones, que aunque empiezan débilmente a aparecer, desde el punto de vista de resolver los problemas económicos más estructurales (y las necesidades electorales del macrismo) se parece más bien a un salto de fe.(2) Mientras el PRO rumia qué hacer, ya la gran mayoría de los agentes económicos capitalistas le ponen piso a la inflación de 2017 en un 25%.

Para esa gente, no hay forma de cumplir las metas inflacionarias y fiscales de 2017 (el 2016 ya lo consideran perdido) sin dar nuevas vueltas de tuerca al ajuste. Y a la vista de lo difícil que viene siendo hacer pasar la “fase 1” del ajuste, y teniendo en cuenta que en 2017 hay elecciones, en la patronal cunde un justificado escepticismo.

Marcelo Yunes

 

Notas

1- Digamos que la emisión de deuda pública, nacional y provincial, desde marzo hasta aquí, supera los 22.000 millones de dólares, a los que hay que sumar las nuevas colocaciones de Letras del Tesoro. Con ellas, el gobierno intenta aliviar las transferencias del Banco Central que, al mejor estilo K, sigue auxiliando a las arcas centrales. Agreguemos también las emisiones de deuda privada, que rondan los 3.000-4.000 millones de dólares, y tenemos un panorama de ingreso de divisas que explica la calma chicha del dólar… hasta que algunos empiecen a desconfiar de un dólar tan “barato” y la rueda recomience.

2- Por ahora, las “inversiones” que no son puramente financieras no se dan exactamente bajo la forma de emprendimientos productivos, sino más bien como compra de acciones de empresas no financieras en la Bolsa porteña. De los 2.100 millones de dólares que ingresaron al país en el primer semestre por inversores no residentes, 800 millones fueron a la timba financiera y 1.300 millones alimentaron la revalorización de compañías argentinas en la Bolsa. De ese total, no es posible discernir ahora cuánto es simple especulación y cuánto se transformará en cambio de manos de activos, es decir, adquisiciones. Pero los planes de inversión para ensanchar la capacidad productiva o exportadora todavía no están.

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