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Un show de la mentira y la improvisación –

El fallo de la Cámara de La Plata suspendiendo el tarifazo en todo el país obligó al macrismo a mover todas las fichas y acelerar los tiempos. Así, no sólo sondeó de urgencia a la Corte para saber si podía conseguir el “per saltum” (esto es, que la Corte tome el tema en sus manos salteando pasos judiciales), sino, sobre todo, si podía resolver rápidamente el tarifazo a favor del gobierno. Como no hubo garantías suficientes de que los cortesanos quisieran incinerarse de manera tan rápida y grosera, hubo que pasar al plan B.

En un anuncio ante la prensa (no una real conferencia de prensa, ya que las preguntas fueron pocas, y se aseguraron de que no hubiera ninguna incómoda), el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Energía Juan José Aranguren y el ministro de Justicia Germán Garavano dieron un espectáculo que, si no fuera por la seriedad del tema, habría que calificar de desopilante. Un verdadero show de mentiras, contradicciones e improvisaciones a la vista y paciencia de toda la población, que asiste atónita y en vivo al “aprendizaje” de unos funcionarios de quienes no se sabe qué admirar más, si la deshonestidad o la incompetencia.

Aclaremos: la idea del gobierno es defender el tarifazo todo lo que se pueda, hasta donde se pueda, para lo cual espera el auxilio judicial de la Corte. Pero las premisas políticas y las medidas enunciadas por los ministros y por el propio Macri son una bola de nieve de disparates y contradicciones, incluso con funcionarios desmintiéndose unos a otros. Veámoslas de a una, aunque son tantas que no se sabe ni por dónde empezar.

 

Mentira/disparate 1: “La gente consume demasiado y derrocha”

 

La versión más repulsiva de este “argumento” (de algún modo hay que llamarlo) fue la de Macri, que cuenta que haciendo campaña en invierno lo recibieron en musculosa y ojotas. Dejemos de lado la fatal contradicción entre lo que Macri decía en esa misma campaña (“no le vamos a sacar nada a nadie”, “queremos que vivas mejor”) y lo que ahora se le reprocha a “la gente”, que resulta que tiene “hábitos de país rico en gas”. Dejemos de lado las fotos recientes de Macri en plena función presidencial (mirando fútbol en su casa) con su esposa Juliana Awada… en remera y sin calzado. El punto central es que en la visión PRO de las cosas, lo “normal” es que sólo los ricos tienen derecho a andar en musculosa y ojotas en invierno, y a eso aspiran. No hay ninguna ley (salvo la del mercado, claro) que diga que el consumo no se puede subsidiar, especialmente en un país donde, en invierno, el que no está calefaccionado se muere literalmente de frío, como ha ocurrido en Córdoba.

En cuanto a las amenazas de Pinedo de que “va a haber que cortar el gas si no se reduce el consumo”, alguien que le recuerde que eso ocurrió en varios de los últimos años y no hubo ningún apocalipsis. Claro, para Pinedo es una catástrofe que a algunas empresas se les corte el suministro un par de días, pero no se le mueve un pelo por que la mitad del país deba andar en su casa con poncho y tiritando.

Posiblemente lo más absurdo de todo es que luego de querer amedrentar a la gente para que consuma menos (a los pobres, porque no tienen derecho a la calefacción; a la clase media, porque consume “20 veces más que los que menos consumen”, cifra que sólo tiene sentido para los ricachos que viven en country con pileta climatizada), el tope anunciado del 400%… ¡es independiente del consumo! ¡Nadie pagará más del 400% que la factura del mismo bimestre del año pasado, consuma lo que consuma de gas!

Esto tiene una premisa y un resultado. La premisa es beneficiar a los más ricos, que son los que más consumen. Porque como el consumo fue mayor para todos este año (abril y mayo fueron mucho más fríos que en 2015), eso significa que quienes tienen más capacidad de consumo, más estufas, calefacción central, etc., pagarán relativamente menos aumento que los que consumen menos. Quien pagó (simplificando) 100 pesos por 100 metros cúbicos en 2015, pagará como máximo 500 pesos este año. Pero quienes tienen más artefactos podrán aumentar su consumo a 200, 300 o 500 metros cúbicos; en ese último caso, sencillamente se paga la misma tarifa ejemplo, del 1 peso el metro cúbico. Por supuesto, los hogares pobres, como tienen menos equipos a gas, no podrán subir tanto su consumo y pagarán tarifa relativamente más cara.

El resultado del anuncio del gobierno de desenganchar el monto a pagar del consumo es que todo el mundo, rico o pobre, va a razonar que le conviene consumir más, no menos, porque el “castigo” máximo es 400%, y ya que uno va a terminar pagando eso, al menos que no sea pasando frío en el hogar. Con lo que el anuncio logra el efecto exactamente opuesto al buscado. Racionalidad PRO en estado puro.

 

Mentira/disparate 2: “No había otro camino”

 

Este “argumento” de Marcos Peña es puro terrorismo verbal y recuerda a una de las ídolas del PRO, le ex primera ministra conservadora británica Margaret Thatcher, y su llamada “lógica TINA”, por las iniciales en inglés de “no hay alternativa”.

Por supuesto que cuando se trata del gasto público, siempre “hay otro camino”; simplemente, es una decisión política de a quién se beneficia y a quién se perjudica. Pero en este caso es más ridículo todo porque el que salió involuntariamente a desmentir a Peña no fue otro que el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay.

En efecto, ¡Prat Gay reconoció en público que un tarifazo de esta magnitud no sólo no era “el único camino” sino que ni siquiera era necesario para reducir el déficit fiscal! Lo dijo así: “Cuando anunciamos la meta del déficit del 4,8% del PBI, no preveíamos aumentos de tarifas superiores al 400%”. Por lo tanto, admite el ministro, ese tope del 400% que puso el gobierno, limitando el impacto de boletas que eran un 800, 1.000 o 2.000% superiores a las del año pasado, “no afecta” la meta fiscal prevista por Hacienda.

¿Escuchó bien, señor Peña? ¡Pasar de un tarifazo del 2.000% a un 400% “no afecta” los objetivos de la caja estatal! Y si no afectaba, ¿por qué no pusieron ese límite de entrada? ¿Por qué se amenaza a la población con que “es este tarifazo o dejar al país sin gas”? ¡Paren de mentir! Y si mienten, no se desmientan en público entre ustedes, porque quedan como imbéciles.

 

Mentira/disparate 3: “Apelamos el fallo porque suspende la tarifa social”

 

Cuando uno creía que la reserva de sandeces de Marcos Peña se estaba agotando, recargó en algún lado y le salió esa frase. Al final, va a haber que darle la razón al periodista K Roberto Navarro: esta gente “nos está tomando por boludos”.

Por favor, alguien que le explique a este cínico que nadie puede creer que el gobierno apeló el fallo de la Cámara de La Plata para “preservar la protección a los sectores más vulnerables”. Sencillamente, porque el fallo suspende el aumento y deja las tarifas como estaban, es decir, en valores perfectamente accesibles a los “sectores más vulnerables”, que por lo tanto no necesitan ser “protegidos” del ataque del propio gobierno. Es un disparate lógico tan grande que nos da vergüenza ajena tener que explicarlo.

A ese absurdo de orden lógico le sigue otro de orden político, a saber, que es una suerte que el fallo platense haya suspendido el aumento y junto con él la “tarifa social”, porque esa tarifa social era una burla siniestra, por varias razones pero sobre todo dos. Primera y principal, dejaba afuera a una amplísima franja de usuarios que, aunque no cumplían con las draconianas exigencias para recibir la tarifa social, estaban literalmente imposibilitados de pagar 1.000-2.000 pesos de gas o más. Eso incluye millones de hogares de jubilados, familias monoparentales, desocupados, subocupados y trabajadores en negro. Y la segunda es que el gobierno instruyó a las compañías de servicios a que quienes sí estuvieran potencialmente en condiciones de recibir el beneficio se les pusieran infinitas trabas burocráticas y dilaciones administrativas con el fin de desgastar y desalentar a los usuarios, que recibían un mensaje muy claro: no queremos darle tarifa social a nadie.

¡Esta gente no calculó nada, no previó nada, se tiró a la pileta con total soberbia y cuando recibieron el cachetazo de la reacción social y judicial, descubrió que habían hecho mal las cuentas!

Si hasta Federico Pinedo, al intentar defender a Aranguren, a la vez que lo calificó como “uno de los mejores ministros que hay”, agregó que “obviamente, debe haber tenido algunos errores de evaluación de impacto”. ¡“Obviamente”! ¡Hasta el propio Aranguren admitió que “hubo un 25% de gente con impactos tarifarios que no habíamos calculado”! Si éste, el hombre que sacó carpiendo a planillazos de Excel a los intendentes que le fueron a reclamar hace un mes que todo era una locura, es “uno de los mejores”, cómo serán los peores…

 

Mentira/disparate 4: “Estamos adecuando la tarifa a valores internacionales, era demasiado barato”

 

Atención aquí, que viene una lluvia de números que es necesario analizar con detalle. El gobierno aduce como fuente del ajuste de tarifas la necesidad de importar gas. Lo que no suele decir es cuánto importa: en estos momentos, alrededor del 30% del total. Veamos un poco esos costos.

Se habla mucho del gas importado, pero no se explica que la mayor parte de ese 30% del total del consumo que se importa es gas boliviano, que se paga a 4 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica), que equivale a casi 28 metros cúbicos. El GNL (gas natural licuado), que se reconvierte a gas, se paga a 5-6 dólares el millón de BTU, y el más caro, pero también la porción más pequeña de la importación, es el gas que se compra a Chile, entre 7 y 10 dólares el millón de BTU (Ámbito Financiero, 11-7-16).

El total de la factura se compone así: dos tercios para las compañías de gas y petroleras, un tercio para transportistas y distribuidoras. Así, una cuenta rápida: a un promedio de 5 dólares (75 pesos) los 28 metros cúbicos de gas importado, nos da 2,7 pesos por metro cúbico; si sumamos la parte de las distribuidoras, nos quedaría una tarifa de 3,6 pesos. Hoy en Capital Federal un pequeño consumidor paga algo más de 1,5 pesos el metro cúbico, y “un hogar categoría R31 de CABA, con un consumo anual de hasta 1.250 metros cúbicos, paga más de 4 pesos por metro cúbico” (ídem). Por lo tanto, incluso si el 100 por ciento del gas que se consume en la Argentina fuera importado, y si no se segmentara por consumo, el tarifazo rondaría entre el 140 y el menos 10 por ciento. Y recordemos que sólo se importa el 30% del gas.

En estas condiciones, el hipertarifazo no cierra los números para el ajuste fiscal (Prat Gay, como vimos, dijo que tomaron como máximo el 400% para el cálculo del déficit) ni cierra los números para cubrir el costo de producción o importación más distribución (ya vimos que alcanza con mucho menos, incluso sin subsidios). ¿Para quién cierra, entonces? Pues para las productoras de gas, en primer lugar “YPF, la francesa Total, la alemana Wintershall, Pan American Energy, BP y Bridas, que cobran el gas casi al doble del valor internacional” (Ámbito Financiero, cit.). Repetimos: no la “tarifa internacional”, sino el doble.

Para no hablar de que la compra de gas a Chile sale más del doble de lo que se paga a Bolivia y se hace vía el principal proveedor de ese país, British Gas, cuyo dueño es… Shell International, compañía de la cual Aranguren posee acciones por un millón de dólares, además de haber sido el CEO histórico de su filial argentina.

 

Es hora de contraatacar

 

Es en este marco que el gobierno no puede de ninguna manera cumplir seriamente con el requisito de audiencia pública y de tarifa “justa y razonable” que pide el fallo de la Cámara de Córdoba. Y mucho menos con las detalladas exigencias de la Corte Suprema en su reciente anuncio, que incluyen: a) evolución de las tarifas desde 2005, b) criterios para el aumento y respeto de los principios de gradualidad y progresividad, c) impacto social, aunado a requisitos para tarifa social a sectores mucho más amplios que hoy, d) explicación técnica del tope del 400%, y sobre todo e) el esquema tarifario final, “algo que, de momento, está guardado bajo siete llaves” (G. Morini, Ámbito Financiero, 13-7-16).

Con este panorama, la intención original del gobierno de discutir recién en octubre el cuadro tarifario “definitivo” (es decir, el de 2017) queda seriamente comprometida, en la medida en que está en graves dificultades para hacer aprobar el esquema de tarifas de este año. En lo formal, no hay mucho para discutir: toda la actuación del gobierno, desde el tarifazo inicial hasta las últimas medidas, pasando por los parches intermedios y retrocesos parciales, es un mamarracho jurídico, económico, técnico y de “gestión”.

Es por eso que, una vez más, la última palabra la tendrá la política. Una cosa es si todo el asunto se dirime en una negociación entre un gobierno que en este tema está muy jaqueado y una Corte Suprema que quiere ayudarlo pero no al precio de incinerarse. Otra muy distinta es si toman la palabra los barrios, los pueblos, las organizaciones sindicales y sociales y en general todos los sectores afectados por el tarifazo y se levantan para hacer tronar el escarmiento contra este gobierno inepto e infame que no sólo ataca el nivel de vida de las masas populares sino que se burla de ellas. A ese camino queremos contribuir.

Marcelo Yunes

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