Un caramelo envenenado

 

¡Por fin una buena noticia!, habrán dicho algunos. Claro, ¿quién puede estar en contra de que se les pague a los jubilados los juicios por reajuste de haberes, algunos ya ganados y otros en curso? ¿Quién puede negar que no pueden esperar más, y que un ajuste para un porcentaje importante de los jubilados es tan justo como urgente? Esa cuerda es la que vino tocando el gobierno desde que se hizo el anuncio casi conjunto del blanqueo y del pago de juicios, buscando a la vez sacar rédito de una medida “a favor” y brindarle una coartada a una medida “antipática” como el blanqueo. Pues bien, lamentamos pinchar el globo, pero más allá de lo justo de los reclamos, tal como la presenta el gobierno, la ley es una trampa mortal: hoy para el resto de los jubilados (la gran mayoría) y mañana para todos ellos, además de totalmente lesiva para los intereses del país en su conjunto. Veamos.

 

  1. El arbitrario “combo” blanqueo + jubilados

 

La primera y más importante trampa es que el gobierno, en el discurso, en los hechos y sobre todo en el financiamiento, encadena el pago a los jubilados al blanqueo de capitales. Eso es lisa y llanamente un chantaje inaceptable, porque quiere obligar a la población (y a los legisladores en el Congreso) a condicionar una medida “positiva” a otra infinitamente negativa.

El cuento de la “sustentabilidad”, que el gobierno se lo haga a otro. Es mentira que la única forma de pagar algo más a los jubilados sea perdonando la evasión y el lavado de dinero de toda la clase capitalista argentina, Macri incluido. El fisco es una sola caja, señores, de modo que siempre se puede encontrar alguna fuente de recursos de un lado para pagar en otro, si hubiera verdadera voluntad de mejorar la situación de los jubilados. Pero eso no existe: la verdadera voluntad política de este gobierno ya quedó de manifiesto con todas sus medidas anteriores. Si a Macri le hubieran angustiado tanto los jubilados, en vez de regalarle de entrada miles de millones de dólares de manera permanente a los sojeros, exportadores, banqueros, mineras y empresarios en general, habría destinado esos recursos estatales al pago de juicios o a un aumento general de haberes previsionales. El verso de “atender a los jubilados” no es más que un taparrabos, una piel de oveja para hacer pasar el lobo feroz del curro de la burguesía argentina durante décadas. El que no lo ve es porque no lo quiere ver, o es cómplice.

 

  1. El FGS, en riesgo cierto de descapitalización

 

Segunda trampa: es mentira que este arbitrario combo “jubilados contentos = blanqueo de estafas al fisco” sea “sustentable”. De hecho, es todo lo contrario, como lo puede entender cualquiera que haya tenido contabilidad en la secundaria, o que tenga un mínimo de criterio. El gobierno presenta dos medidas “a favor de los jubilados”: una es el pago de los juicios y la otra es el reajuste de haberes. Pero de las dos, sólo una, la primera, implica una erogación por única vez; el reajuste implica un aumento del flujo de pagos de manera permanente.(1) Sin embargo, de las tres fuentes de financiamiento que propone el macrismo para estos pagos dos son por única vez: el ingreso del 10% del dinero blanqueado por los empresarios argentinos y la eventual venta de las acciones del Estado heredadas de las AFJP, hoy parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La otra fuente de recursos son los intereses que gana el conjunto de los activos del FGS, de unos 700.000 millones de pesos. Esos intereses fueron, en 2015, de 190.000 millones de pesos. El gobierno calcula que sólo el pago de los juicios se llevará 75.000 millones de pesos anuales, pero a eso se debe agregar el reajuste de haberes de una cantidad aún indeterminada de jubilaciones. Y del FGS, además, saldrá la devolución de un 15% de coparticipación a las provincias (ver más abajo).

El problema central aquí es que los intereses de las inversiones de la ANSeS no pueden utilizarse íntegramente, porque en un país con alta inflación, eso equivale a descapitalizar el FGS. Entonces, ¿el plan es pagar a menos gente de la que se habla o es comprometer irrevocablemente los haberes? ¿O hay algún otro plan? El proyecto no lo dice, pero el macrismo sí tiene otro plan, al que nos referiremos varias trampas más abajo.

 

 

  1. ¿Reprivatizan las acciones en manos de la ANSeS?

 

Hablando del FGS, la idea de vender las acciones del Estado en 46 empresas, muchas de ellas de primera línea, tal vez sea un globo de ensayo, como creen algunos, pero el solo hecho de que se plantee prende una luz naranja, o roja. Porque se trataría, directamente, de una reprivatización de activos públicos, cosa que además el kirchnerismo se vio venir y por eso impulsó la ley 27181, votada en ¡octubre! de 2015, para evitarlo. Por otra parte, el propio titular del FGS, Luis María Blaquier (el zorro cuidando a las gallinas), dijo a inversores de Wall Street que de parte del gobierno hay voluntad de desprenderse de esas acciones (M. Boettner, BAE, 31-5-16).

Recordamos de qué se trata: cuando se estatizaron los fondos de las AFJP en 2008, el Estado se encontró como accionista importante de firmas como Siderar-Techint (26%), Edenor (27%), Banco Macro (31%), Telecom (25%), TGS (23%), Aluar (9%), Clarín (9%), Molinos Río de la Plata (20%), Solvay (17%), Metrovías (9%), Banco Patagonia (15%) y muchas otras, incluyendo energéticas, bancos, financieras, etc. Ese paquete vino además con puestos en el directorio de esas compañías. Desde ya, varias de las más pesadas de esas empresas ya le hicieron saber al gobierno que se mueren por recomprar esas acciones y recuperar esos cargos en el directorio (C. Burgueño, Ámbito Financiero, 31-5-16).

El problema es que el precio al que están valuadas esas acciones en el FGS, que era a 2015 de 85.000 millones de pesos y hoy debe rondar los 90.000-100.000 millones, probablemente sea bastante inferior al valor de mercado, para no hablar de la importancia estratégica que tiene para cualquier gobierno (salvo uno como  el de Macri) tener voz y voto en las decisiones de las compañías más importantes del país. Conociendo el paño, no sería nada de extrañar que desde el gobierno y el Estado se haga una transacción que beneficie escandalosamente a las empresas, malvendiendo ese patrimonio de la ANSeS en todo o en parte. Con el verso de pagarle algo a algunos jubilados de ahora, se comprometería al menos el 15% del fondo que debe solventar los haberes de todos los jubilados en el futuro.

 

  1. El chantaje (consentido) a gobernadores y senadores

 

Otros rehenes (bastante voluntarios, hay que decirlo) del citado combo son los gobernadores de las provincias. En efecto, el acuerdo de “gobernabilidad” (es decir, la compra de votos de senadores en el Congreso) que cerró el ministro del Interior Rogelio Frigerio con los gobernadores implica un compromiso del Estado nacional de devolver un 15% de coparticipación federal a las provincias. Pero Frigerio condicionó el cumplimiento de ese compromiso a la sanción de la ley de blanqueo. Es por eso que, sin despeinarse, varios mandatarios provinciales salieron a apoyar a viva voz el proyecto oficial.

Y no fueron sólo los aliados al macrismo, como Cornejo (Mendoza) o Colombi (Corrientes), ambos radicales, o el peronista anti K Das Neves (Chubut), sino también los muy “kirchneristas” (hasta el 10 de diciembre pasado) Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Uñac (San Juan, delfín de José Luis Gioja, prenda de “unidad del PJ”). Es la misma película de la ley de pago a los buitres: billetera mata “principios” (aunque, tratándose del peronismo, tales principios eran cadáver hacía rato). Cuando esos gobernadores salgan a derramar lágrimas de cocodrilo por los jubilados, ya saben: están acariciando la tapa del cofre del Tesoro provincial.

 

  1. Pero ¿cuántos jubilados se benefician con la ley?

 

Es necesario aclarar que no estamos hablando de “los jubilados” en general, sino de una minoría de jubilados. Hoy hay alrededor de 6,5 millones de jubilados y pensionados, pero los que tienen sentencia firme son unos 60.000, y hay otros 250.000 con juicio iniciado. Estos 300.000 (menos del 5% del total) son los que cobrarán más, ya que también recibirán pagos retroactivos a la fecha de inicio del juicio. Según el gobierno, se pagarán reajustes del orden del 30 al 40% en sus haberes a un número todavía no bien determinado de jubilados, que son los que no hicieron juicio pero estarían en condiciones de hacerlo. Se habla de entre uno y dos millones de beneficiarios.

Ahora bien, la amplia mayoría de los jubilados hoy cobra el haber mínimo. Prácticamente ninguno de ellos verá un peso de toda esta danza de millones, ni se ajustarán sus haberes reventados por la inflación y los tarifazos. De hecho, como es de esperar, la mayoría de los jubilados que hicieron juicio están entre los que más ganaban; no son tantos los jubilados que están en condiciones de contratar un abogado y seguir una causa durante años. Tampoco es para decir que son unos privilegiados –en el paquete de juicios hay de todo–, pero es innegable que la mayoría de los beneficiarios de esta medida serán jubilados con haberes bastante superiores al promedio. Y a la inversa: la inmensa mayoría de los jubilados que cobran el haber mínimo no recibirá nada.

El resultado de todo esto es que la ley va en sentido contrario a la tendencia de los últimos años, en particular bajo el kirchnerismo, de aplanar la pirámide de ingresos jubilatorios. El macrismo apunta más bien a reinstalar la diferenciación interna entre haberes, con una salvedad: aumenta sólo a los de arriba y deja igual (es decir, perjudica) a los de abajo. Meritocracia, que le dicen.

 

  1. De la jubilación a la “pensión universal” al 80%

 

Parte de ese esquema de profundizar la desigualdad es liquidar el derecho a una jubilación, independientemente de los aportes realizados, que existía hasta ahora. El proyecto de ley macrista liquida esa posibilidad de jubilarse aun sin 30 años de aportes, y lo reemplaza por una “pensión universal” (no jubilación), equivalente al 80% del haber previsional mínimo. Dicho rápidamente: a partir de la aprobación de la ley, el Estado se ahorrará un 20% en el haber de todos quienes querían jubilarse con menos de 30 años de aportes, y que con el esquema anterior habrían cobrado la mínima. Digamos que en un país con un 35-40% de empleo en negro, la gente que no puede demostrar aportes NO es porque no haya laburado, sino porque trabajó en condiciones de precariedad legal. A todos ellos, les quitan un derecho al que se reemplaza por algo así como una dádiva, por supuesto más barata para el fisco.

 

  1. El plan de fondo es abrir la puerta a la jubilación privada

 

Seguramente hay más trampas, pero por ahora paramos aquí: el punto crucial es que, a largo plazo, las cuentas no cierran, y el gobierno lo sabe. Alguna mentira hay: o el reajuste NO va a beneficiar a “dos millones y medio de jubilados”, como atronan TN y demás medios pro PRO, o la plata que se va recaudar del blanqueo, de los intereses del FGS y de la venta de las acciones de la ANSeS NO va a alcanzar para darle “sustentabilidad” en el tiempo a todo el esquema.

¿Por qué decimos que el gobierno lo sabe? Porque la apuesta de fondo del macrismo es cambiar toda la estructura previsional tal como la conocemos hoy, 100 por ciento estatal y de reparto, y abrir la vía de fondos de ahorro individual privado. En las mesas PRO donde se discute el tema, por ahora conciben esos fondos como “complementarios” del haber estatal, pero si las condiciones políticas lo permiten, la idea es que esos fondos privados adquieran cada vez más protagonismo. ¿Puede alguien asombrarse de que el PRO baraje la vuelta de las AFJPs, cuando Prat Gay en España le pidió casi de rodillas a Repsol que nos perdone y vuelva?

Marcelo Yunes

 

Notas

  1. En realidad, esa única vez se extiende en el tiempo porque el macrismo piensa pagar la deuda a los jubilados que hicieron juicio no de un saque sino como máximo un 50% en efectivo y el resto en cuotas hasta 36 meses. Pero a los efectos de hacer el cálculo, podemos considerar todo como una única vez, en el sentido de que se trata de una sola erogación, aunque en cuotas, no de un flujo continuo como sería un ajuste de los haberes mensuales. Durante esos 36 meses, puede parecer lo mismo un aumento en el haber que una cuota de un pago único, pero pasado ese lapso, uno sigue siendo flujo y el otro se termina.

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