El Plan Cóndor fue orquestado desde el imperialismo yanqui con la participación de las dictaduras latinoamericanas (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia) de las décadas del 70 y 80 para llevar adelante el plan de exterminio de la vanguardia luchadora y la represión a la movilización obrera y popular. Se eliminaron las fronteras para la colaboración de sus servicios de inteligencia, el apresamiento de emigrados fugitivos en sus países. Bajo el mando del amo del Norte, las fuerzas de represión trabajaron en forma conjunta hasta que terminaron la tarea encomendada. Su trágico saldo (según la investigación del abogado Martín Almada realizada en 1992 en Paraguay) fueron 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos, además de las torturas, los traslados, las amenazas.

Semejante operativo estatal-militar a gran escala, con la colaboración yanqui directa, facilitó el apresamiento, tortura y aniquilamiento de miles de trabajadores, jóvenes, militantes de distintas organizaciones, secuestros de niños.

El juicio que acaba de terminar condenó a 15 de los 17 imputados, con penas de entre 25 a 8 años, 2 fueron absueltos. El resto de los imputados fallecieron y entre los condenados a 25 años se encuentra el militar uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini, represor involucrado en el secuestro de los padres de Macarena Gelman, nieta del escritor Juan Gelman. La mayoría de los condenados ya están presos por otros delitos, con prisión domiciliaria por su edad y la misma suerte correrán los que se incorporan a cumplir la sentencia actual.

No menospreciamos la condena al represor uruguayo. Pero, ¿no es un poco insuficiente, simbólica, por lo menos, de los miles que actuaron  y de sus jefes principales, entre ellos los pertenecientes a las FFAA yanquis?

Es un precedente único en Latinoamérica (1). Tal cual lo valoramos, ya que Argentina sigue estando a la cabeza (de lejos) en el castigo a los crímenes de lesa humanidad. Pero un precedente “disminuido” en proporción a la magnitud de la actuación criminal, si esto termina acá. Aun sin mencionar la colaboración de las FFAA de Francia, que “no existen para nadie”, más que en los archivos secretos, estas condenas tienen mucha cabeza, pero poco cuerpo. La cabeza es el rimbombante título de Condena al Plan Cóndor, cuya existencia no pudieron ocultar porque fue muy visible, su accionar muy descarado, seguros de su impunidad. Pero el cuerpo sigue oculto bajo siete llaves, porque es lo que no se vio en el juicio: en su mayoría los mismos condenados de siempre (¡en buenahora!) más un represor uruguayo, pero no los principales ejecutores y responsables del resto de los países y fundamentalmente del país “jefe” del siniestro operativo.

Mientras las reverencias y el tributo al amo yanqui son la marca registrada del gobierno actual, junto con las loas a las FFAA que amparan genocidas, la pelea por verdadera justicia para las víctimas continúa más vigente que nunca. La exigencia de la apertura (en serio) de todos los archivos secretos de la dictadura militar y la condena a todos los responsables materiales y políticos del Plan Cóndor es el reclamo de familiares, victimas, organismos de derechos humanos y organizaciones independientes.

  • “ ‘Es la primera vez que un país latinoamericano declara que ese Plan de las dictaduras de los países del Cono Sur fue una asociación ilícita para cometer delitos, y las privaciones ilegales e imposición de tormentos fueron considerados dentro de esa asociación’, dijo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky” (Página 12, 29/5/16).

 

 

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