Durante el último fin de semana, se dio a conocer un fallo de Poder Judicial bonaerense en la pluma del juez Terrier que ordenaba el levantamiento de la gran huelga docente a pedido del “Defensor del Pueblo” de la provincia, el Sr. Bonicatto. Los compañeros de la Agrupación Judiciales Clasistas nos demuestran en su declaración publicada en esta edición, quien es este “defensor” y quienes son estos jueces. En estas líneas queríamos aportar una pequeña reflexión sobre el fallo en sí.

Pero empecemos por lo más elemental. La idea de la justicia, supone que el juez es un ser imparcial. Desde ya que en el marco del Estado burgués, en las condiciones del sistema capitalista esta imparcialidad es siempre una mentira puesto que todos los jueces son elegidos por la patronal. Pero como de todas formas siempre hay jueces y jueces, con la intención de guardar las formas de esta fantasía y tratar de engañar mejor a la gente, el procedimiento judicial reglamenta que la designación del juez debe hacerse por sorteo. En este caso, el juez Terrier no es un juez cualquiera, este es un magistrado al servicio directo del Poder Ejecutivo. Y para evitar el riesgo de que esta causa caiga en manos de alguien más influenciable por la presión de la lucha docente, se buscó la forma de saltear el molesto sorteo. Démosle la palabra a él: “La acción de amparo fue presentada directamente en la mesa de entradas de este juzgado y fuera del horario de atención de la Receptoría General de expedientes”. Entonces, queda claro que fue el dedo y no el azar el que logró que el “amparo” cayese en su despacho. Es decir, la ficticia imparcialidad de la justicia fue violentada desde el vamos, puesto que el “árbitro” fue elegido a dedo por el acusador; desde este momento el resultado era cantado.

Pero una vez dejado en evidencia que el juez era enemigo de la lucha de los docentes, veamos algunos de los criterios de su resolución, porque mal que mal, los jueces tienen que llenar de “argumentos” sus resoluciones.

El primer punto a destacar es que en todo el fallo donde se resolvió la orden de levantamiento de la huelga, no se dio oportunidad de oír los argumentos de los docentes. Lo único que consta en el expediente son las palabras del “defensor” Bonicatto, y el juez tomó como válidas cada una de sus afirmaciones, que se resumen en los siguientes términos: “Las medidas de fuerza por tiempo indeterminado adoptadas… ponen en riesgo inminente el derecho a la educación de los niños, jóvenes y adultos”.

El derecho a huelga es un derecho que como resultado de la lucha de la clase obrera en todo el mundo y en particular en nuestro país fue impuesto en la Constitución nacional y en varios de los tratados internacionales. Por lo tanto, la restricción y anulación del mismo compromete las formas más elementales, inclusive en el marco de la república y la democracia capitalista. Esto obliga al magistrado a realizar algunos malabares que le permitan disimular el carácter ilegal, ilegítimo e inconstitucional de su fallo:

“Nos hallamos ante una confrontación que enfrenta a dos derechos de enorme relevancia, como son el que asiste a la niñez de recibir enseñanza de parte del Estado provincial (…), que en la actual coyuntura colisiona con el derecho de huelga de las asociaciones gremiales  codemandadas (…), y a una retribución justa de los docentes agremiados, también de jerarquía constitucional (…) nos enfrentamos a un panorama complejo, donde ambas partes esgrimen argumentaciones serias y sólidas como apoyatura para sus respectivas pretensiones: las legítimas reivindicaciones laborales y salariales de los docentes que recurren al derecho constitucional de huelga, frente a los niños y a sus padres que asisten impávidamente al paso de los días del ciclo lectivo que transcurren sin poder asistir a clase. (…) entiendo que una correcta interpretación de nuestra Constitución Nacional, nos conduce a reconocer supremacía al derecho de aprender sobre el derecho de huelga”.

Pero paremos la pelota acá, en esta cita se enrosca la víbora de este servil perro del gobernador Scioli. El gobierno nacional, provincial, la oposición, los medios, el defensor del pueblo y el juez plantean la discusión de manera tendenciosa y falaz: tratan de contraponer el derecho a la educación de los chicos, al derecho de los docentes a un salario digno, es decir a la huelga. Lo cierto es que el derecho a la educación supone la existencia de docentes que trabajen y cobren un salario que como mínimo sea el de la canasta básica de alimentos, es decir 9.000 pesos. Por lo tanto el derecho de los chicos a la educación supone que los docentes cobren lo que les corresponde, uno y otro derecho son complementarios. Sin docentes, no hay escuela y no hay educación. Es que en definitiva la responsabilidad de que las escuelas estén funcionando es del Estado y no de los maestros, por lo tanto en realidad el “Defensor del Pueblo”, si fuese realmente digno de ese nombre, debería iniciar una acción de amparo a favor de los docentes y de los chicos contra el estado provincial y nacional. En todo caso, un juez que realmente pretendiera hacer justicia debería obligar al Ejecutivo a pagar lo que los docentes reclaman. Pero claro, nada de esto es lo que ocurrió.

Esta aberración jurídica debe servirnos para recordar que la Justicia es siempre un organismo del Estado burgués y que está “naturalmente” contra la lucha y los intereses de los trabajadores. En esta oportunidad los docentes siguen educando al continuar con su lucha. Las asambleas de base y las opositoras repudiaron enérgicamente este intento de atropello y evitaron que la burocracia de la Celeste se pueda montar sobre la excusa legalista para traicionar esta heroica lucha.

 

Martín Primo

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