El martes 3 de mayo, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán iba a dar lectura de los fundamentos de la sentencia que condena a Belén a 8 años de cárcel por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, pero los jueces Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas,luego de dos horas de espera, decidieron no poner la cara y darlos por escrito; ¿la razón? la repercusión que el caso tuvo en el movimiento de mujeres que se movilizó en las calles, repudiando el fallo y exigiendo la inmediata libertad de Belén.

Belén se encuentra presa desde el día que, literalmente, ingresó a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda de la capital tucumana: eso fue hace dos años, el  21 de marzo de 2014; en la madrugada de esa fecha, ella va al hospital porque tenía fuertes dolores abdominales y al presentar una fuerte hemorragia,la derivan al servicio de ginecología, en medio de “sospechas”; mientras esperaba ser atendida, pide ir al baño; posteriormente los médicos le informan que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente de 22 semanas. Belén no sabía que estaba embarazada.

A partir de ahí, todas las violencias institucionales del Estado patriarcal, se pusieron en funcionamiento para culparla: desde el primer momento, la interrogaron en forma exhaustiva y con tono acusatorio, porque el sangrado que tenía “no era normal”; cuando despertó de la anestesia del legrado, su cama estaba rodeada de policías que la “inspeccionaron” a la vista de todos.

Posteriormente, el médico José Daniel Martín envió a la jefa de parteras, Marta Monje junto a la médica de la policía, Marcela Sueldo a “inspeccionar” todos los baños del nosocomio a la búsqueda “de lo expulsado” supuestamente por Belén: allí, encontraron un feto, que automáticamente lo adjudicaron como “hijo” de Belén, sin más fundamento que la intención de culparla.

Las contradicciones que presentan las pruebas del expediente, resultan como mínimo, grotescas; el fiscal Washington Dávila inició la causa como “aborto” para luego re caratularla como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía”, a pesar de que en todo el expediente no hay una sola prueba o indicio que indique que Belén posee algún vínculo biológico con el feto encontrado, porque nunca se le practicó una prueba de ADN; el médico que trató a Belén, Jorge Molina, se desdijo en sus declaraciones: en la historia clínica había puesto que se trató de un “aborto incompleto sin complicaciones” para luego afirmar que había encontrado “un cordón umbilical desgarrado”; no se consignó en que baño de todo el hospital se encontró el feto (el edificio tiene cuatro pisos, y sólo en planta baja, donde está la guardia, hay ocho baños), y a lo largo de la causa, va aumentado la edad gestacional del feto encontrado: de 22 a 32 semanas, e incluso en el informe de la autopsia se habla de un feto masculino y uno femenino.

Un párrafo aparte merece el papel desempeñado por la  defensa de Belén, ya que ante la imposibilidad de ella y su familia de poder costearse un abogado propio, fue patrocinada por la defensora oficial Norma Bulacios, que en ningún momento denunció cada una de las violencias con las que fue ultrajada Belén, sino que por el contrario, esgrimió que la joven tucumana actúo bajo “un estado de shock”.

Ante un Estado patriarcal, la mujer siempre es culpable cuando “intenta” decidir sobre su propio cuerpo, y sobre todo, si además es pobre: Belén ya había sido juzgada por el primer médico que la atendió en la guardia la madrugada del 21 de marzo de 2014. Solo hizo falta un ingrediente más, que los jueces se  envalentonaran con el gobierno reaccionario de Macri. La justicia se acomoda políticamente a los nuevos aires, como ya ocurrió por ejemplo con los jueces de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que a tono con el nuevo ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, dejaron sin efecto la cautelar que evitaba las restricciones del protocolo de aborto no punible que había levantado Lemus cuando era ministro en CABA. Así, la justicia patriarcal sólo hizo lo que mejor sabe hacer, criminalizar el cuerpo de las mujeres; por eso, la condena a ocho años con la que se castiga a Belén horroriza pero no sorprende.

Por eso, para lograr la libertad de Belén, es necesario organizar una verdadera coordinación nacional, unitaria de todas las organizaciones del movimiento de mujeres, para visibilizar el caso; como ya hemos hecho con las movilizaciones a la Casa de Tucumán y a los Tribunales: esa movilización es la que asustó a los jueces que el martes 3 de mayo no se animaron a leer los fundamentos por los cuales condenaron a Belén; pero para lograr su libertad y absolución definitiva, es necesario poner en pie una verdadera campaña nacional. Desde Las Rojas impulsamos comisiones para hacer esta campaña. Te invitamos a sumarte, en cada facultad, escuela, barrio y lugar de trabajo por la libertad de Belén y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Escribinos a lasrojasweb@gmail.com para sumarte

Natalia Oeste

Las Rojas

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