Investigación y castigo cero a los genocidas

En el marco de las negociaciones entabladas a partir del acuerdo firmado en La Habana, que incluye la creación de un “Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Justicia”, el gobierno colombiano y las FARC dieron un paso más en su concreción. Establecieron el tratamiento que se dará al tema “desaparecidos” durante los enfrentamientos, mediante la formación de una Unidad especial abocada al tema.

La magnitud de la represión desatada en Colombia revela la cifra, según la Fiscalía General de Colombia, de 52.000 desaparecidos como producto de la guerra. Pero este número es muy superior, si se consideran como parte de lo cotidiano, y de la acción a cargo de fuerzas ilegales permanentes (llegarían a 109.000 según datos aportados por la Cruz Roja). Un desaparecido cada hora es la escala colombiana de esta atrocidad cotidiana.

Más allá de la cifra, la resolución adoptada, aclararon los responsables, es de carácter “humanitario, no judicial”. La información recabada por esta Unidad especial, con la ayuda de la siempre benemérita Cruz Roja a través de su Comité Internacional, es para ayudar a remover los cementerios clandestinos y las fosas comunes diseminadas en el país, en la búsqueda de restos humanos para su identificación y entrega a los familiares. Y ahí terminan los derechos de las víctimas, sus familias y compañeros de lucha si los hubiere vivos.

Por su parte, las FARC se comprometen a entregar los restos de los fallecidos en su poder, sean en combate o durante el cautiverio.

Este proyecto, santificado por la burocracia cubana y el Papa, sería uno de los más avanzados en materia de impunidad en América latina. Nos recuerda a los intentos fallidos de la última dictadura militar en la Argentina para “liquidar” el tema “desaparecidos”. Uno de ellos fue la figura del “desaparecido con presunción de fallecimiento” que impuso el general Viola el 12 de setiembre de 1979 mediante la ley 22.068, para intentar desarticular al movimiento de familiares por medio del otorgamiento de una pensión, objetivo que estuvo lejos de lograr. Posteriormente, durante los años 80, 81, el gobierno militar consideró la posibilidad de hacer pública una lista de desaparecidos, que fue descartada ante la probabilidad de que, en lugar de apagar el fuego, avivara la lucha democrática ya instalada en el país, en la que tenían injerencia organismos de derechos humanos independientes.

En el mejor de los casos, en Colombia quieren saldar el tema “desaparecidos” con la entrega de los cuerpos a los familiares acompañados de un pésame.

Sin lucha en las calles no hay forma de derrotar la impunidad

Las dictaduras y los gobiernos más despóticos en América latina, aunque cambiaron sus regímenes dejaron, con contadas excepciones, una estela detrás de los principales jefes y miembros de las fuerzas represivas sin ninguna condena por sus crímenes. El país donde más se avanzó fue Argentina, donde a pesar de marchas y contramarchas, la caída de la dictadura con la movilización popular y el Argentinazo posteriormente, abrieron períodos en los cuales se juzgó a las cúpulas de las Juntas Militares y a centenares de militares genocidas, algunos de los cuales murieron en prisión y otros no llegaron a ser condenados.

En Colombia se quiere repetir la misma trágica historia que otros países latinoamericanos, como el caso de Guatemala, donde el dictador José Efraín Ríos Montt, después de ser condenado a 80 años de prisión… a los 10 días fue declarada nula la sentencia. Las FARC deberían ser la fuerza que se niegue a firmar este aberrante acuerdo. Lamentablemente, hasta ahora son parte de él.

La única forma de impedirlo es si los familiares de las víctimas, los luchadores de la ciudad y el campo, los compañeros de la izquierda revolucionaria, se plantan y salen a repudiar esta “entregada” y a luchar por juicio y castigo a los represores. Sólo de esta forma la “paz” no será de los cementerios, sino la lograda por la movilización de todos los explotados y oprimidos en la búsqueda de sus demandas de justicia.

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