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El 27 de febrero se firmó el acuerdo entre el gobierno argentino y Repsol que establece la indemnización por la nacionalización del 51% de la compañía. Se trata, según la definición del propio documento, de un “convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación”. Aunque todavía falta el visto bueno del Congreso argentino y de la junta de accionistas de Repsol (ésta última, a fines de marzo), el camino legal y político para darle un cierre al tema parece despejado.

¿Qué es lo que acordaron ambas partes? Esencialmente dos puntos: monto de indemnización y fin de los conflictos judiciales. El monto difundido es de 5.000 millones de dólares en bonos (valor nominal), que fue lo establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Contra lo que dice la ley de expropiaciones, el pago no será en efectivo, sino en bonos que se emitirán dos días después que el Congreso apruebe el acuerdo. La primera y más cuantiosa emisión será de 4.670 millones de dólares, y hay una autorización a emitir, además de los 5.000 millones, otros 1.000 en caso de que el valor de los bonos no cotice al 100% (algo que se descuenta que sucederá).

Curiosamente, todos parecen contentos, desde el gobierno hasta el propio Antonio Brufau, CEO de Repsol (en la cuerda floja) y archienemigo de la expropiación… hasta que se hizo el acuerdo. ¿Cómo puede ser? Veremos que razones para celebrar no les faltan a ambas partes. También rebosan de felicidad los grandes inversores y compañías petroleras. Los que no tienen nada para festejar son los interesados en la verdadera soberanía energética, es decir, la mayoría del pueblo argentino.

 

Los mercados y el establishment, de festejo

 

La primera reacción de los “mercados” al saberse del acuerdo fue de aplauso a la racionalidad de ambas partes. En efecto, una guerra legal entre Repsol y el Estado argentino, además de desgastar a ambos en lo económico, iba a tener efectos tanto en los balances de Repsol como en el objetivo número uno del gobierno argentino respecto de YPF: encontrarle socios internacionales.

Es por eso que el ex titular del Banco Central y ex funcionario de organismos financieros internacionales Mario Blejer definió el convenio como “bueno para ambas partes y positivo para el ambiente de los negocios (…). Es una buena señal que satisfará a las instituciones internacionales, y además, ahora el FMI tendería a apoyar a Argentina con los fondos buitre”. Como se ve, se trata de un paso más en el camino de la vuelta a los mercados y a la “ortodoxia” económica y política que, según parece, va a signar lo que quede del mandato de Cristina.

La agencia de calificación Moody’s, tantas veces denostada desde las tribunas desde el kirchnerismo, no le guarda rencor (negocios son negocios) y consideró que el acuerdo tendrá “efectos positivos en la calificación” tanto de YPF como de Repsol. En el caso de YPF, no tendrá que utilizar fondos propios para compensar a Repsol y remueve obstáculos para “sellar alianzas con terceros para explotar sus activos”. Y para Repsol también es negocio, porque la indemnización y la eventual venta del 12,4% que Repsol todavía posee de YPF (detalle que muchos olvidan) significará “una fuente adicional de efectivo” que la compañía necesitaba como el pan y le permitirá “reforzar y mejorar” la composición tecnológica y geográfica de su cartera productiva (Ámbito Financiero, 4-3-14).

Primer pregunta: ¿es justo el precio pagado por el 51% de YPF? Para el gobierno y para Repsol, dólar más, dólar menos, el negocio cierra. Después de todo, el valor implícito en la indemnización (unos 10.000 millones de dólares) era el que ambas partes manejaban. Las demandas de Repsol ante el CIADI y los reclamos de 10.000 millones por el 50% eran parte evidente de una negociación.

Desde ya que a Repsol no había que pagarle un centavo. Hasta el propio kirchnerismo había dado en su momento argumentos bastante válidos al respecto. En realidad, con el vaciamiento de reservas y desinversión real que hizo Repsol mientras fue la controlante de YPF, podían darse por muy bien pagados si se iban sin nada. Además, el gobierno (en épocas de su “populismo”, anteriores a su actual ortodoxia “responsable” pro mercado) hasta había amenazado con demandar a Repsol por razones económicas y ambientales, para lo cual no le faltaba sustento.(1)

Pero el convenio tiene como segundo gran tema, como explicamos, el fin de los litigios judiciales. Eso significa, en primer lugar, que Repsol levanta varios juicios que había iniciado contra el Estado argentino (cuyo monto y, sobre todo, fecha de término eran muy inciertos y amenazaban volverse un embrollo eterno para ambas partes). Pero significa también que la actual YPF estatal y el estado argentino renuncian a todo reclamo contra Repsol por las tropelías económicas, financieras o ambientales que hubiera cometido (y cometió) mientras controlaba YPF.

De esta manera, también gobierno y Repsol salen ganando: la compañía española, porque, como se dice en la jerga leguleya, cambia un buen juicio por un aceptable acuerdo. Y el gobierno, porque despeja el camino hacia lo que estratégicamente le interesa: socios extranjeros para la explotación de los recursos naturales de petróleo y, sobre todo gas, en los que la comunidad internacional del sector tiene puestos los ojos, como veremos enseguida. Por supuesto, nada de todo esto redundará en beneficio de los trabajadores y sectores populares, y va en la dirección de una monumental entrega de recursos a las compañías imperialistas, con YPF como socio (cada vez) menor.

 

¿Preparando la próxima entrega?

 

A pesar de lo que diga Kicillof sobre las cifras de inversión de la YPF semiestatizada, es evidente que un estado nacional comprometido a fondo con los pagos de la deuda y cada vez más apretado en cuanto a su flujo de divisas no está en condiciones de aprovechar los recursos como debería. Tal vez por eso el CEO de la compañía, Miguel Galuccio, no está en Buenos Aires siguiendo el debate parlamentario sino en Texas, EE.UU., en el principal encuentro de la industria hidrocarburífera, el CERA Week de Houston, buscando socios para Vaca Muerta.

Y puede que los encuentre. La presidenta de la comisión de energía del Senado yanqui, Lisa Murkowski, dijo en el discurso inaugural del encuentro que los principales actores del sector a nivel mundial en el futuro próximo serán Rusia, China y Argentina. En ese mismo foro, los máximos ejecutivos de Chevron, Pemex y Pluspetrol elogiaron el “pragmatismo” del gobierno argentino, especialmente desde que tomó el control de YPF. Walton, de Chevron, destacó especialmente los cambios de política de México y Argentina: “Los países con alto potencial de recursos se están dando cuenta de que tienen que ser más competitivos para atraer inversiones”. Y el presidente de American Petrogas, Barclay Hambrook, hizo explícito un reclamo a los inversores y compañías: “No le tengan miedo a la Argentina. Está llena de oportunidades para invertir” (Ámbito Financiero, 5-3-14).

Tanta unanimidad no es fruto de la casualidad: como destacamos más de una vez desde estas páginas, el gobierno, como mínimo desde octubre, empezó a dar pasos reales, y ya no sólo anuncios, hacia la “normalización” de sus relaciones con los mercados financieros internacionales. Desde ya, hay un costado de necesidad: no hay otro lugar de donde el gobierno pueda obtener el crédito externo que necesita imperiosamente. Pero también hay un elemento de convicción, que antes quedaba tapado por el discurso “progre”. Irónicamente, cuando el gobierno no tenía condiciones para llevar adelante una política más “ortodoxa”, hacía de necesidad virtud y despotricaba contra los mercados. Ahora, cuando las condiciones no dan para el discurso (y la práctica) de “autarquía populista”, “vivir con lo nuestro” y paparruchas parecidas, tabién se hace de necesidad virtud, y el gobierno elogia su acercamiento al establishment capitalista imperialista como si hubiera sido su discurso de siempre.

La verdad la dijeron los ejecutivos en Texas: el kirchnerismo es pragmático. ¿La necesidad del momento es conseguir socios extranjeros? Allá va con alma y vida; total, el discurso se acomoda, y los argumentos de los funcionarios y militantes, también.(2) Es así que los adalides de la soberanía buscan desesperados un socio extranjero a quien conceder la explotación de recursos (algo con frondosos antecedentes en la minería); que los campeones del “desendeudamiento” no saben qué puerta tocar para volver a endeudarse; que los defensores de la burguesía nacional recurran a cuanta multinacional se arrime para que invierta; que los grandes protectores de la “protesta social” descubren súbitamente (para alborozo del PRO) que “no puede ser que diez personas corten la calle”, y así hasta el infinito. De modo que para qué vamos a recordar las promesas de “no pagarle un centavo” a Repsol, o a los fondos buitre. Qué le hace una raya más al tigre…

Marcelo Yunes

 

 

Notas

1. Digamos de paso que el Tribunal de Tasaciones “dedujo” del valor de YPF el posible pasivo ambiental, y la cuenta le dio… casi lo mismo. De modo que para ese venerable organismo (con el evidente guiño, o presión, del gobierno argentino) YPF-Repsol no han tenido ni tienen ningún problema ambiental digno de mención… o de deducción sensible del activo global de la compañía. Claro que un gobierno que piensa explotar Vaca Muerta a como dé lugar no se va andar fijando en esa minucia llamada medio ambiente.

2. Cada vez más se le aplica al kirchnerismo el lema del “marxismo línea Groucho”, por el genial humorista estadounidense: “Éstos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

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