por Micaela Ortiz, trabajadora y referente gremial de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, precandidata a senadora provincial por la sección Capital de la Provincia de Buenos Aires

El anuncio de Daniel Scioli de darle rango ministerial a esa Secretaría es una cortina de humo para encubrir las políticas de mano dura que el gobierno necesita para hacer pasar el ajuste económico, como vimos ayer con la feroz represión a los trabajadores de la línea 60.

Cristina y Scioli son los principales responsables de esa represión en vez de estatizar la empresa para garantizar el trabajo a los choferes de esta importante línea de transporte, reprimen con dureza a los laburantes que luchan por mantener sus puestos de trabajo.

Tanto los candidatos del oficialismo como Macri y demás opositores de derecha quieren que nos vayamos acostumbrando a la represión, los despidos y el ajuste generalizado, pero los trabajadores vamos a profundizar la pelea para defender y mejorar nuestras condiciones de vida y para construir una alternativa socialista.

Además, el anuncio no es garantía de mejores condiciones laborales, salariales y de tareas. De hecho, cuando asumió la gestión de Carlotto, salió la nueva estructura de la Secretaría, la que cuenta con una subsecretaría fantasma, y las condiciones de trabajo no han mejorado. Al contrario.

Hay una decisión del sciolismo de que la política en derechos humanos esté orientada exclusivamente al área de Memoria, mientras que en lo referente a los derechos humanos de la actualidad, la Secretaría resuelve lo mínimo e indispensable, gracias a la voluntad de sus trabajadores, que hacemos lo que podemos con los limitados recursos con que disponemos.

Respecto a las deficiencias en las distintas áreas, por ejemplo, en violencia institucional, se gestionan pedidos de traslados y estado de salud de aquellos familiares que se acercan a la Secretaría o los mismos detenidos que llaman, pero sin tener mayor incidencia. Otro caso relevante resulta ser el del área de niñez: de esa área depende el registro de menores extraviados que contaría con presupuesto propio pero que en la práctica no se ve. Lo mismo sucede con el programa de investigación sobre trata que no terminó de salir y contaba con una partida presupuestaria extra de 3 millones de pesos que no se sabe si finalmente se asignó.

Además, la propuesta de Scioli es que el nuevo Ministerio de Derechos Humanos sirva para seguir ampliando derechos que nos marca la agenda del papa Francisco: “el agua potable, las cloacas, la vivienda” (discurso de Daniel Scioli, 27/7/15). Esos dichos son una confesión de parte. Dejó en evidencia que a lo largo de su gobierno no fue capaz de resolver esos problemas esenciales de la vida de millones de bonaerenses, y encima le lava la cara al Papa.

Ese es el modelo que Scioli piensa exportar a todo el país, el que prioriza saturar las calles de policías en lugar de resolver las necesidades más urgentes de los trabajadores, las mujeres y la juventud; el modelo de pretender combatir la inseguridad con más uniformados -o sea, con los mismos que dirigen el crimen organizado: robos, droga, trata, venta de armas- y no con más trabajo, educación y salud.

Ese modelo ya mostró demasiadas veces su fracaso, como lo prueba el informe anual 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, que es una clara muestra de las graves violaciones a los derechos humanos en cárceles, comisarías, centros de menores y neuropsiquiátricos durante 2013 y 2014.

Según dicho informe, los indicadores se dispararon desde el decreto de emergencia en seguridad del año 2014. Las cifras son alarmantes: “al menos 548 muertes, 600% de índices de sobrepoblación en algunas comisarías, aumento de la tasa de encarcelamiento (207 personas cada 100 mil) llegando al récord histórico de casi 35.000 detenidos, más de 20.986 denuncias por casos de tortura y malos tratos, uso sistemático de la prisión preventiva (60,4%). Además, se detectó que 90% de las causas que tramita el sistema penal son casos de personas detenidas en flagrancia por la Policía Bonaerense, sin orden judicial previa” (CPM; 24/6/15).

Dejanos tu comentario!