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No es que acá en la Argentina las mafias sean una novedad. No sólo están las redes de trata, los narcos, las organizaciones criminales relacionadas con actividades ilícitas “puras”, por decirlo así, sino que cada actividad más o menos importante viene con su propia mafia: tenemos mafia del fútbol, de los medicamentos, de los planes sociales, de los vendedores ambulantes, la mafia sindical… la mafia es parte del folclore. Esta naturalización del acto criminal como constitutivo de las instituciones del régimen será tema de otra nota, y no pretendemos minimizar en absoluto la gravedad de esto. Pero nos parece que, al menos en algunas zonas del país, el narcotráfico está desarrollando un entramado cualitativamente distinto de lo que estamos acostumbrados.

Comparando la situación en Rosario con otras situaciones mafiosas conocidas, como las redes de trata por ejemplo, vemos muchas similitudes y unas diferencias contundentes. La Chancha Alé debía tener comprados a tantos policías en el noroeste como los narcos en Rosario, y gozó durante años de gran impunidad, combinando negocios lícitos e ilícitos y participando de la política y la dirigencia del fútbol local. Pero nadie asesinó a Susana Trimarco. Cuando las denuncias de la madre de Marita empezaron a calar en la sensibilidad popular, el gobierno tomó cartas en el asunto y optó por una salida más fina, realizando un trabajo de cooptación de Trimarco y “negociación” con la indignación pública: metemos presos a los capataces y de los jefes no se habla; y mantuvo esta decisión incluso contra los jueces tucumanos, que en primera instancia habían absuelto a todos. Esto se podría traducir así: en la asociación entre los proxenetas del NOA y la política, sigue mandando la política.

Algo parecido ocurrió en Santiago del Estero años atrás: ante el escándalo por dos asesinatos de mujeres que tuvieron mucha repercusión, la burguesía santiagueña prefirió hacer salir de escena a los Juárez, mercaderes de esclavos que habían gobernado la provincia durante décadas, y poner un gobierno provincial más “serio”.

Las diversas mafias que nombramos al principio, aunque llenen los bolsillos de muchos políticos con sobornos, están más bien ellas al servicio de la política, y los funcionarios del Estado, a cambio de su colaboración, les permiten hacer sus negocios. Alé, con su desmesurada flota de remises, organizaba la votación en los días de elecciones; los barrabravas del fútbol van a hacer de rompehuelgas y a reprimir manifestaciones; mucho más obvio es “el granito de arena” que los punteros de la asistencia social y los burócratas sindicales aportan en “el juego de la democracia”.

Pero en los últimos tiempos, la mafia narco empezó a destacarse por manejarse con una independencia mucho mayor respecto de las necesidades y leyes de la política, en un grado que la hace más parecida a la mafia mexicana, por ejemplo, que a la tradicional argentina. El gobierno de Santa Fe parece haber perdido absolutamente el control de ciertos territorios. ¿A qué se debe? Es cierto que el binnerismo es bastante más idiota que el PJ para manejar estas cosas. Hasta no hace mucho, su única política era la negación: “el ochenta por ciento no tiene que ver con el narcotráfico, sino con delitos comunes, fiestas que terminan mal y consumo de alcohol”, contestó Binner cuando se le preguntó por qué la cantidad de muertes violentas en Rosario es igual que la de Buenos Aires aunque tiene tres veces menos población.

Pero la inoperancia del gobierno provincial y municipal no es el único factor que posibilitó este “despegue”. Hay una raíz económica importantísima. Los estudiosos del tema narco aseguran que los puertos sojeros, como Rosario y Santa Fe, son ideales para pasar droga porque hay mucho movimiento y no hay escáneres. Y la burguesía sojera, agregamos nosotros, es ideal para producir una población paupérrima cuya única salida laboral sea la de soldadito del narco. Y es una burguesía lo bastante lumpen como para que le importen un huevo las consecuencias sociales y políticas de la economía narco, mientras le “solucione” el problema de alimentar a los miles de desahuciados que no tienen entrada en la economía formal.

La permanencia de esta situación ha permitido que el narco se instale como un factor económico importante y diversificado, que además de fabricar y traficar droga se dedica, por ejemplo, a prestar dinero a tasas usurarias, y a la venta de muebles, electrodomésticos y materiales de construcción en cuotas también usurarias. El endeudamiento por estas vías está siendo otra de las presiones para que la gente, ya no sólo pibes adictos sino familias completas, acceda a participar en el negocio narco.

El descontrol en Santa Fe es tal que la guerra por el control de territorios ha diezmado familias enteras, y los asesinatos de denunciantes y testigos no le andan muy lejos. Por el asesinato de Norma Bustos se ha sabido de mujeres a las que les han matado varios hijos en represalia por sus denuncias contra los narcos.

Hay otro factor que nos parece importante para explicar este tobogán que parece imparable, y es que la movilización popular aún no ha salido decididamente a enfrentar a los narcos, como sí ha pasado con las redes de trata, que han chocado con la acción del movimiento de mujeres, sindicatos y organizaciones sociales. Esta intervención ha sido fundamental cuando fue directa, moviendo a la gente de un pueblo, a los afiliados de un sindicato o a una comunidad escolar para buscar a una desaparecida, y también cuando se ha dirigido contra el gobierno obligándolo a tomar acciones políticas decisivas, como en el caso de Marita Verón, y mucho antes, el de María Soledad en Catamarca. Igualmente, parar a una mafia tan descontrolada como la del narco requeriría, suponemos, un grado de organización popular superior, por empezar armada, como sucede en México con las autodefensas, que han sido lo único que logró que los narcos salieran corriendo de los pueblos.

Pero por ahora, la lucha “civil” contra el narco en la Argentina está en manos de unas pocas mujeres heroicas, o bien fundaciones y ONGs cuya política no pasa de reunir a las víctimas para que muestren su dolor al mundo o demostrar una y otra vez, con papeles sobre papeles, cómo la policía apaña a los narcos, como si quedara alguien que no lo supiera.

Las denuncias sobre el asesinato de varios “soldaditos” de la droga y la participación de policías hechas por Norma Castaño, de Madres Solidarias (a quien el ex narco-comisario Tognoli le había armado una causa), fueron aprovechadas por Berni para mandarse un happening gendarme en varias villas de Rosario, tirando abajo un par de kioscos de lata. Ante los últimos sucesos, está visto que el despliegue no influyó demasiado en la situación de la ciudad, aunque seguramente figurará en video HD en el book que se armó Berni para presentarse a concurso en Interpol.

Hasta ahora, esa ha sido toda la intervención en la provincia del gobierno nacional, que también niega bastante la relevancia de la presencia narco en el país, sobre todo cuando se habla de “sus” provincias, como Buenos Aires. Pero lo cierto es que aquí, si bien la cosa está lejos de llegar al nivel de Santa Fe, los punteros peronistas manifiestan preocupación, porque, dicen, el reparto de planes sociales ya no es la llave para organizar a los habitantes del conurbano pobre: los soldaditos de la droga parece que se están llevando 300 pesos por día promedio.

La economía de Buenos Aires no está tan arrasada como la de Rosario, pero participa del mismo preocupante índice nacional: uno de cada cuatro argentinos es pobre; una de cada tres personas que trabajan no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas, y hay 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. En este sector también es generalizado el sobreendeudamiento: con fotocopia del DNI, terminan tomando créditos al 90 o al 100% anual.

Con este panorama, o la movilización obrera y popular lucha contra el ajuste y construye organizaciones solidarias que sirvan de alternativa frente a la guerra de todos contra todos, como sucedió durante el proceso que desembocó en el Argentinazo, o el narco se va a comer una por una todas las provincias del país.

 

 

Días atrás, el periodista Germán de los Santos, del diario La Nación, recibió amenazas telefónicas por su cobertura sobre el narcotráfico en Rosario. El amedrentamiento al periodismo es otra conducta típica del narco, que en países donde está mucho más instalado, como México y Colombia, ha asesinado a muchos periodistas.

Lo llamativo de este caso es que los habituales denunciadores del “acoso” a periodistas, como el grupo Clarín, esta vez no han dicho demasiado. Clarín lo sacó en su página web, pero en el diario no apareció. Lanata no armó un programa especial, ahora que por fin tenía una amenaza de muerte a un periodista que podía comprobar. Mirtha Legrand no invitó a De los Santos a almorzar para que cuente cómo se siente un periodista estando perseguido y amenazado. Los héroes de la libertad de prensa no se reunieron a cantar por televisión “queremos preguntar”.

Está visto que al periodismo sojero la amenaza del narcotráfico le preocupa igual que a sus amos: un bledo.

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