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La coyuntura del país no termina de decantarse. Crece la sensación que más temprano que tarde se irá a una nueva devaluación. El gobierno intenta manejar la crisis dándose instrumentos “administrativos” (cambio de jurisdicción para los pagos de la deuda, “Ley de abastecimiento”, nuevas líneas de crédito), pero la falta de divisas no se puede resolver de esta manera. Espera que la Cámara de Apelaciones de Nueva York circunscriba el fallo del juez Griesa sólo a los bonos emitidos en esa jurisdicción (12.000 millones de dólares), acotando así el carácter del default.

 

Con una nueva devaluación en el horizonte

 

La dinámica del país está marcada a estas horas por los vaivenes del dólar paralelo. Varios pueden ser los factores que determinen una coyuntura: una crisis política, un caso de corrupción, la economía como tal, una gran lucha obrera, o lo que sea. Claro que toda gran crisis tiene sus fundamentos últimos en la economía, pero no siempre la misma es la disparadora de las mismas.

Pero este no es el caso actual: hoy toda la coyuntura está marcada por la economía, más precisamente, por la evolución del tipo de cambio. El dólar paralelo llegó el miércoles a 14.75$, mientras que el oficial se mantiene a 8.40$. Al mismo tiempo, el dólar que se les paga a los sojeros anda en torno a 5.45$ (descontando las retenciones), razón por la cual sólo liquidan su cosecha a cuentagotas. Si la brecha con el paralelo es del 75%, la brecha con el llamado “dólar soja” ya es sideral: ¡170%!

Estos simples números son una muestra de para dónde están yendo las expectativas inflacionarias: ¡bien para arriba! Es que mantener los precios en términos reales en un país como la Argentina, es mantenerlos en dólares. ¿Pero cómo se podría mantener su valor en divisas si no se aumentan los precios en pesos para cerrar la brecha con el único dólar que es realmente de “libre disponibilidad”, el dólar paralelo?

De ahí que las expectativas inflacionarias no paren de crecer; más concretamente, que los precios no paren de hacerlo. Incluso aquellos precios autorizados por el propio gobierno como las naftas, o los de la luz y el gas (por la quita de los subsidios), que son parte integrante de un ajuste económico que el gobierno lejos de limitar en medio de su renovado discurso “progresista” anti-buitre, está redoblando.  

La suma de la escalada del dólar aunada al aumento inflacionario (que para el mes de agosto ha alcanzado el 30% respecto de enero pasado) es lo que está poniendo a la orden del día, de manera imparable, una nueva devaluación general de la moneda. Los analistas económicos señalan que a todos los efectos prácticos, a la brecha de comienzo de año ya se la comió la escalada inflacionaria. La suma entonces de la escalada del dólar y la inflación hacen que lo único que esté discutiéndose realmente a estas horas, es cuando ocurrirá la devaluación, no si la misma procederá.

El lector podrá preguntarse si este curso es inevitable. Habría una posibilidad de que no ocurriese: que el gobierno obtuviera una “carretilla” de dólares frescos para planchar la cotización del paralelo reforzando las reservas del Banco Central.

Una idea de este tipo era la que tenía el oficialismo en la primera mitad del año cuando cerrando el acuerdo con Repsol, pagando las deudas en el CIADI y acordando con el Club de París, es decir, saldando deuda tras deuda, esperaba poder volver a los tan ansiados “mercados internacionales” de manera tal de obtener el financiamiento que no puede generar de manera genuina (por ejemplo, por la vía de un gran superávit comercial, que ha venido deteriorándose desde hace años).

No solamente era el gobierno nacional el que pensaba comenzar a endeudarse internacionalmente; los gobiernos provinciales querían hacer lo propio para poder cerrar sus cuentas. Con la pelea con los buitres sin resolución, este camino ha quedado vedado hasta nuevo aviso.

 

La imposibilidad de arbitrar una crisis sin dinero en los bolsillos

 

Es aquí donde se colocan las nuevas medidas “administrativas” del gobierno. Se trata de un postrero intento de arbitraje de la economía nacional cuya inviabilidad deviene de que no hay tal posibilidad con los bolsillos vacíos. El gobierno carece de divisas y, en ese sentido, de un recurso genuino para frenar la escalada inflacionaria. Escalada que no se detiene a pesar del clima recesivo en la economía porque la caída de la misma va a un ritmo más lento que la suba del dólar.

A falta de dólares, entonces, vienen los intentos de administración de los precios. En realidad, la patronal hizo todo un “barullo” alrededor de la nueva ley de abastecimiento mucho más benigna que la de 1974 (que incluía penas de prisión) la que, de todas maneras, nunca se aplicó. Cuando el apogeo de Guillermo Moreno siempre se trató de “apretadas” políticas para regular los precios, nunca de medidas efectivas o de apoyarse en medidas de carácter legal. Tampoco en esta oportunidad el gobierno piensa recorrer ese camino. Sólo se trata de votar una ley que haga las veces de advertencia para mejor poder negociar con los empresarios, nada más que eso. Y esto hasta tanto se pueda llegar a un acuerdo con los buitres.

En esta línea estuvieron las negociaciones con las multinacionales automotrices. Finalmente se llegó a una suerte de acuerdo “voluntario” (aunque el mismo se evaluará caso por caso con cada terminal) en el sentido de producir modelos para el plan Pro.Cre.Auto, al tiempo que se privilegia la importación de partes para la producción de autos nacionales, limitándose la de modelos terminados.

En el plano internacional, el gobierno logró la semana pasada una resolución condenatoria de los buitres en la ONU, y Cristina se reunirá a almorzar con el papa Francisco cuatro días antes de su discurso en el hemiciclo de las Naciones Unidas en Nueva York; todas iniciativas tendientes a buscar apoyos políticos y diplomáticos en las peleas con los buitres (parte de esto mismo es la reciente pelea de Timmerman con el encargado de negocios de los EE.UU. en nuestro país, que dijo que todo se solucionaría si el gobierno le pagara a los buitres).

Que los buitres son malos no hay ninguna duda. Pero el gobierno necesita dólares constantes y sonantes si no quiere que una nueva devaluación se le imponga más temprano que tarde (o, incluso, una grave crisis política); ese es el límite de todo el arbitraje que intenta ensayar.

 

¿Hacia una crisis de gobernabilidad?

 

Por abajo la situación se deteriora cada día que pasa. La recesión está pegando cada vez con más fuerza. Si se hubiera llegado a un arreglo con los buitres que despejara el horizonte económico, seguramente eso hubiera operado como un colchón a partir del cual se amortiguaría la crisis y podría comenzar una recuperación económica, esto más allá que el escenario económico internacional está dejando de favorecer a los países emergentes como el nuestro (las materias primas están tendiendo a caer por la desaceleración de China y el fortalecimiento del dólar, entre otras razones; lo mismo que tiende a limitarse el crédito internacional por la tendencia al aumento de las tasas de interés).

Pero esto no ha ocurrido, sino todo lo contrario: la crisis recesiva se está profundizando a pesar de los planes del gobierno; además del señalado en el sector automotriz, el plan de venta sin intereses por 12 cuotas para algunos productos, y otros varios planes más. Esta crisis se expresa en el crecimientos de las suspensiones e, incluso, ya más abiertamente, de los despidos. No casualmente la preocupación por la situación en la industria y, sobre todo, en la industria automotriz, ha vuelto a la primera plan de los diarios en los últimos días.

Ni que hablar si se viene una nueva devaluación. Es un hecho que con las recientes negociaciones paritarias se ha perdido algo en torno al 20% del salario del año pasado. ¿Qué ocurrirá ahora si se viene una nueva devaluación? Un acontecimiento de este tipo multiplicaría la presión a la baja sobre el salario real y plantearía la reapertura general de las paritarias muchísimo antes de su vencimiento formal para lo cual faltan, al menos, medio año si no más.

Una devaluación de la moneda plantearía una crisis general, seguramente más grave que la de enero pasado (hasta por el mes en que esta ocurrió; no es lo mismo producirla en plena temporada de vacaciones que en el transcurso del año laboral; esto más allá que hoy el deterioro económico es mayor que a comienzos del año).

Una crisis no sólo económica sino política marcada por la eventualidad de problemas en la gobernabilidad. No fue casual que Cristina haya salido a denunciar que se “habla de saqueos para diciembre” abriendo el paraguas y llamando –por elevación- a todo el “mundo” empresario, sindical y político a cerrar filas detrás de la gobernabilidad.

Otra cuestión es cómo está el clima de lucha desde abajo. El paro general del 28 de agosto fue exitoso, contundente, pero sin embargo más frío que el del 10 de abril pasado. A la vez, la oleada de duras luchas de vanguardia marcadas por huelgas históricas como las de Gestamp y Lear no se ha saldado con triunfos, aunque si están caracterizadas por enormes enseñanzas y se trata de peleas que continúan en otro plano.

Al mismo tiempo, mientras se cacarea acerca de un posible “estallido social” en diciembre (como acaba de hacer Barrionuevo), Moyano le dan largas al asunto nuevamente acerca de los pasos a seguir. Son un factor de estabilidad, no hay duda alguna de esto. Por eso se van a mover con “pies de plomo”: plantean esperar a la primera semana de octubre para reunir un plenario provincial de secretarios generales donde definirían los pasos a seguir. Pero lo más probable es que este nuevo “paso” no sea un nuevo paro general (Schmid, portante ladero de Moyano, ha dicho que “no se pueden hacer paros todos los días”) sino una nueva marcha “cacerolera” por la seguridad…

En cualquier caso, una cosa es segura: puede ser que haya algo más de temor al desempleo que en los años anteriores y que esto haga pensar a los trabajadores dos veces a la hora de salir a pelear. Pero si se viene una nueva devaluación, si la misma pulveriza los salarios reales (como es inevitable que sea su primer consecuencia), inevitablemente la conflictividad va a pegar un importante respingo; no parece plausible que los trabajadores se dejen saquear sus salarios sin dar batalla, como tampoco se han dejado suspender y despedir impunemente; de ahí las grandes y pequeñas batallas respecto del empleo que se han vivido en los últimos meses y que le dieron tantos dolores de cabeza a Cristina y Pignanelli y que seguramente les seguirán dando.

 

Construir un gran encuentro nacional unificado del sindicalismo combativo

 

Es frente a esta coyuntura de probable redoblamiento de la crisis que tiene que responder la izquierda. En nota aparte comentamos el verdadero bochorno del FIT que votó de manera alineada con el resto de la oposición patronal la ley de cambio de sede de pago de la deuda impulsada por los K. Es evidente que se trata de una ley, de todas maneras, para pagar. Pero también es evidente que votar de manera alineada con la oposición patronal que se caracteriza por la posición cipaya de pagar ha como de lugar, parece ser un error de magnitud: la más grave votación que haya llevado a cabo el FIT en el recinto parlamentario en el año.

A nuestro modo de ver había otra manera de oponerse tanto al gobierno como a la oposición patronal: por ejemplo, absteniéndose en la votación, o yéndose del recinto. Hubieron, por lo demás, otros bloques que se abstuvieron (el centroizquierdista Lozano). Pero al no hacer lo propio (aunque los fundamentos del FIT evidentemente hayan sido distintos a los de la oposición patronal), quedaron en un mismo “bloque” con el PJ disidente, la UCR, el PRO, el PS y demás partidos opositores, cuando había otras opciones tácticas para afirmar una mayor independencia de todos los bandos patronales.

Así las cosas, y en conjunto con la lucha contra el ajuste (que sigue siendo el centro de las peleas cotidianas), hay que estar alertas también alrededor del tema de la deuda y levantar bien alto las banderas del no pago de la misma, superando derivaciones oportunistas como la votación señalada del FIT, o planteos como plebiscito que no sólo son completamente equivocados sino que no tienen ningún espacio cuando los hechos marcan las opciones en tiempo real: pagar a como de (posición de la oposición patronal), pagar pero negociando (los K), o no pagar (la posición que debería ser la de la izquierda independiente).

Por último, a estas horas se sigue procesando qué iniciativa tomará la izquierda frente al agravamiento de la crisis. Nuestro partido acaba de participar de una movilización en defensa de los delegados del Sarmiento a los cuales el gobierno les abrió una causa durante el paro nacional. Mas en general, la persecución a los delegados y activistas independientes (como es el caso ahora en Lear), así como la lucha por la reinstalación de los compañeros despedidos (Gestamp, Lear y otras plantas), sigue estando al tope de la agenda de la izquierda, esto como parte de un programa de lucha contra el ajuste, contras las suspensiones y despidos, por rodear de apoyo cada pelea. Vayamos entonces a un gran encuentro unificado del sindicalismo combativo que ayude a preparar a la vanguardia obrera, estudiantil y militante para los nuevos giros en la crisis que parecen estar en el horizonte. La reunión que acaba de realizar de la Mesa Provisoria del encuentro de Atlanta con la participación de los compañeros de Lear parece ir en ese sentido.

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