Un banquero al Ministerio de Economía

 

El 25 de agosto, el primer ministro Manuel Valls anunció la “renuncia” de su gobierno, para formar uno nuevo, anunciado al día siguiente. Esto fue el resultado de los ataques públicos del –en ese momento– ministro de Economía Arnaud Montebourg, que criticó en un reportaje al diario Le Monde la política económica del gobierno, señalando que “la austeridad estaba hundiendo a Europa” y que no era posible que los franceses “votaran a los socialistas para que éstos aplicaran la política de la derecha alemana”. El gobierno rápidamente reaccionó anunciando que “se había cruzado una línea roja”, y dos días después se anunciaba la formación del nuevo gabinete.

Más allá del rápido desencadenamiento de la crisis (que reabrió todo el debate sobre la impopularidad del gobierno, su falta de base política) la misma fue el reflejo de algo más profundo. Es que la situación económica está cada vez peor, y son cada vez más los cuestionamientos al gobierno, incluso en el PS, del cual Montebourg era una especie de “ala izquierda”.

Hollande aprovechó la ocasión para “limpiar” sus propias filas y reafirmar su curso pro-patronal. Sin embargo, un elemento podría cambiar la ecuación: la entrada en escena de la clase obrera, que ya empezó a calentar los motores con la huelga de los ferroviarios y los trabajadores precarizados a fin del año pasado.

El trasfondo de la crisis: una situación económica cada vez más deteriorada

Un día después del anuncio del nuevo gobierno, los datos de julio del Insee (Instituto Nacional de Estadística) retrataban la base material de la crisis política: el desempleo aumentó por noveno mes consecutivo (+27.400 personas), el aumento más grande desde febrero; si se suman los desempleados que realizan alguna actividad reducida, el aumento de julio es de 43.500, el peor del año. El desempleo “total”  incluye 3,4 millones de personas; si se suman los desempleados de actividad reducida, la cifra alcanza los 5,4 millones.

Frente a la crisis, la posición del gobierno ha sido de aumentar la “competitividad” de las empresas: menos impuestos, despidos más baratos, más flexibilización del mercado laboral, etc.; lo que se ha dado en llamar una “política de la oferta”. Además de una patronal que exige siempre más, y de una derecha política que critica al gobierno por no ir lo suficientemente lejos [[1]], se viene desarrollando una contestación interna en el PS, con un grupo de unos 50 diputados que se han negado a votar las últimas leyes. Se trata de los “frondeurs” de los cuales Montebourg se declaraba cercano.

Parte de la explicación es el cálculo electoralista de Montebourg y de la izquierda del PS: Manuel Valls, primer ministro y uno de los dirigentes socialistas más populares hace algunos meses, cayó 20 puntos en popularidad en menos de seis meses. Pero la cuestión de fondo es la que explicamos: la situación económica adversa de la cual Montebourg no se responsabiliza, echando el fardo a la política del gobierno.

“Es Cuba pero sin el sol”

A pesar de la crisis que le supuso, el gobierno aprovechó la ocasión para depurarse y reafirmar su curso: el de las reformas económicas empresarias y la sumisión a la UE, cueste lo que cueste. Como anunciaba Hollande hace unas semanas en una entrevista a Le Monde, no tienen previsto cambiar el rumbo, que para dar resultado debe ser llevado “hasta el final”.

En este sentido, nombró nuevo ministro de Economía a Emmanuel Macron, un social-liberal confeso. Repasemos su prontuario. Macron fue consejero general del gobierno los últimos dos años, y uno de los principales inspiradores del Pacto de Responsabilidad [[2]]; se hizo millonario trabajando como banquero para los Rothschild; cuando Hollande propuso un impuesto de 75% sobre los salarios mayores a un millón de euros –lo cual en el fondo no era verdaderamente así–, Macron comentó que eso era “Cuba pero sin el sol”.

Es decir, que frente a las críticas por “izquierda”, el gobierno reafirma su curso, poniendo como ministro de Economía a un representante directo de la burguesía, nada más y nada menos que un ex banquero de los Rothschild. Es un mensaje claro dirigido a la izquierda del PS: “si se quieren bajar del barco, nosotros seguiremos nuestro rumbo”; a la clase trabajadora, que va a sufrir los embates de este nuevo ministro y, finalmente, a la patronal, que aplaude rabiosamente la designación.

En resumen, contradictoriamente y pese a la crisis vivida, el “gobierno de combate” que Hollande encargó a Valls hace algunos meses, sigue su curso, con un equipo gubernamental más coherente que defiende una política clara: el relanzamiento de la economía se hará de la mano de las empresas, haciéndoles concesión tras concesión, aunque eso le cueste la cabeza al PS.

Un gobierno debilitado pero que dará batalla

Hay dos puntos que nos parece importante marcar. En primer lugar, lo que está claro para todo el mundo, es que los sucesos de los últimos días supusieron una crisis política para el gobierno. Efectivamente, mostraron un ejecutivo dividido, con fracciones internas, que son una réplica de las que el PS sufre en la Asamblea Nacional (el parlamento), y que podrían amenazar la gobernabilidad más seriamente en el futuro.

Como señalan todos los analistas, el gobierno ha reducido aún más su base política. Por un lado, mediante la lisa y llana “expulsión” de tres ministros: a Montebourg, se sumaron Benoit Hamon, de Educación, y Aurélie Filippetti, de Cultura. Esto sólo puede echar leña al fuego a la disputa con los “frondeurs” del ala izquierda del PS, que han criticado vivamente la composición del nuevo gobierno. Se trata de un sector no menor del PS: entre unos 40 y 50 diputados de los 291 que detenta ese partido; además, Montebourg obtuvo el 17% de los votos y el tercer lugar en las primarias del PS para las presidenciales.

Además de los “frondeurs”, el gobierno ha sido incapaz de seducir a otras fuerzas políticas cercanas: los Ecologistas se negaron a participar en el nuevo gobierno, como ya lo habían hecho en el primer gabinete de Valls (habían sido parte del gabinete del anterior primer ministro del PS, Jean Marc Ayrault). También ha rechazado la oferta Robert Hue, antiguo secretario general del Partido Comunista y dirigente de un pequeño partido cercano al PS.

El segundo punto que nos parece importante marcar es que, a pesar de estas debilidades, el gobierno ha dado contradictoriamente, sino un signo de “fortaleza”, al menos de “convicción”. No de convicción en el sentido ético de la palabra, sino de que tiene una política y un rumbo claro que va a pretender sostener: el de las reformas pro-patronales.

En este sentido, tiene un apoyo no menor que puede ayudarle a contrapesar su impopularidad y su falta de base política: el del MEDEF, corporación de la patronal que ha saludado tanto el llamado Pacto de Responsabilidad como la designación del nuevo gabinete. No es casualidad si el día posterior a la designación del nuevo gobierno, el propio Manuel Valls abrió la “universidad de verano” del MEDEF (una especie de evento para preparar el año), con un discurso que fue aplaudido a rabiar. En el mismo, Valls declaró que “Francia necesita las empresas, que son las que crean riquezas”, que “hay que acabar con la oposición entre empresarios y trabajadores” y otras barrabasadas por el estilo.

 

 

 

 

Organizar la resistencia a los nuevos ataques del gobierno

 

Por todo esto, todavía es temprano dar por muerto al gobierno, que se ha puesto un objetivo claro: seguir con los ataques a la clase trabajadora. Con el MEDEF como aliado, y ante una actitud de apoyo o de pasividad de la burocracia sindical, ya ha logrado infligir algunas derrotas a los trabajadores. Por eso, la clave de la situación es que la clase obrera intervenga con sus propios métodos y reivindicaciones en la escena nacional.

Como ya señalamos, la crisis internacional del capitalismo empuja cada vez franjas más amplias de la clase trabajadora a la miseria, la precariedad, el desempleo, o a condiciones de trabajo cada vez más duras. Este constante “atizador” de luchas no dejará de abrir la ocasión para peleas de importancia en Francia, país con una enorme tradición de resistencia obrera.

Las peleas de los ferroviarios y de los trabajadores precarizados del espectáculo, que sacudieron al país en la primavera pasada, antes del fin del año, podrían tener un cierto carácter “anticipatorio” de peleas más duras por venir. La política antiobrera del gobierno, reafirmada en ocasión de la crisis desatada, va a continuar abriendo oportunidades para la resistencia obrera.

La enorme impopularidad del gobierno, los cuestionamientos crecientes que sufre a derecha e izquierda, podrían funcionar también como catalizador de procesos de movilización. A pesar del rol traidor de las burocracias sindicales de todo tipo y color, no nos caben dudas de que hay enormes reservas de combatividad en el proletariado francés. Para aprovechar las brechas que se abren, y para poner un freno a la política antiobrera del gobierno Hollande-Valls, construir la resistencia y las luchas de los trabajadores es una de las tareas principales de la izquierda en el próximo periodo.

 

 

[1].- Frente a la pregunta sobre qué hubieran hecho de haber ganado las elecciones en 2012, Valérie Pécresse, dirigente de la UMP, respondía: “aumentar aún más la edad jubilatoria, terminar con la jornada laboral de 35 horas, bajarle más los impuestos a las empresas”.

[2].- Una de las medidas principales del gobierno en el último periodo, el Pacto de Responsabilidad, prevé una reducción de impuestos para las empresas del orden de los 50 mil millones de euros; claro que la patronal se cuidó de precisar que “es difícil prever las consecuencias de esto sobre la creación de empleo”, con lo cual no aseguran ninguna contrapartida a tamaño “regalito”.

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