Como venimos viendo los últimos diez años, pero sobre todo desde que empezó el ajuste con su ingrediente de despidos, suspensiones y ataques a los luchadores de la clase trabajadora, el gobierno K intenta salvar su imagen con discursos y golpes de efecto “de izquierda”, mientras desarrolla sin parar su política ferozmente antiobrera al servicio de la patronal local e imperialista.

El discurso de Cristina anunciando que le aplicaría a la patronal de Donnelley la Ley Antiterrorista, fue también una muestra de otra de las maniobras favoritas del gobierno: aparecer como víctima de una situación que se desarrolla por fuera de su voluntad.

En esta ocasión, además, Cristina aprovechó el tono aparentemente antipatronal y antiimperialista de su discurso para inocular a sus seguidores otra dosis de ese veneno antiobrero que le brota por todos los poros.

¿Cuál fue el “relato” esta vez? Capítulo 1: Mark Brodsky, titular del fondo buitre Aurelius, en medio de sus líos con el gobierno por la cuestión de la deuda, dijo que advertía a los argentinos que “lo peor está por venir”. Capítulo 2: cierra Donnelley. Capítulo 3: investigadores del gobierno descubren que los fondos buitre tienen el 7% de Donnelley. El gran final queda patente en las palabras de Cristina: “Coincidentemente, aunque en realidad nunca hay coincidencias, ustedes saben que yo no creo en las coincidencias, en estos días nos despertamos con un titular muy importante, acerca de una imprenta: Donnelley, que había presentado quiebra y había cerrado y entonces quedaban en la calle 400 trabajadores, queriendo crear un clima de temor entre –obviamente– los trabajadores de pérdida de trabajo, de que se cerraba el empleo. Y esto no tiene nada que ver con el tema de Lear, este es otro problema, vinculado estrictamente al plano gremial. Estoy hablando del caso Donnelley, que fueron titulares, en varios diarios, así para sembrar pánico y terror en la población acerca de que se estaban cerrando fábricas”.

El cierre de Donnelley es una oscura maniobra de los fondos buitre para castigar a los argentinos y desestabilizar al gobierno. El cierre de Lear es “un problema gremial”, o sea, una pelea de la izquierda con el sindicato. Y las acciones de estos dos actores, de derecha y de izquierda, se combinan para “sembrar pánico y terror”, infundados, porque en este país de ninguna manera se están cerrando fábricas.

Para hacer pasar esta burda mentira, el gobierno cuenta con que la burocracia sindical y los medios hagan bien su trabajo y “el gran público” no se entere de la magnitud de la ola de despidos, que son muchos miles y no solo en la industria automotriz. Lamentablemente no aportó a dar mayor claridad a la situación el hecho de que el centro de la campaña contra los despidos en Lear no se haya hecho eje en denunciar este ataque como parte del ajuste general que impone el gobierno, y esta lucha como parte de las paleas de todos los trabajadores contra la ola de despidos, sino que se haya preferido denunciar a la patronal de Lear como “buitre”, quedando prácticamente en sintonía con el discurso de Cristina.

Pero victimizarse y combatir a la izquierda no son los principales objetivos de este relato. El principal es convencer a los trabajadores de que los despidos se producen, no por la necesidad de las patronales de elevar la tasa de explotación para hacerles pagar la crisis a los trabajadores, sino porque alguien (de derecha o de izquierda) quiere joder al gobierno. Entonces, lo que hay que hacer para no perder el trabajo no es luchar, sino obedecer al gobierno y a los “sindicalistas responsables”, Pignanelli, Caló y Cía.

 

¡Cómo sufrimos las madres!

 

De paso, Cristina aprovechó para “probar” que las acusaciones que le hicieron por haber impulsado la Ley Antiterrorista eran infundadas: “Inclusive, alguna persona muy ligada a mí me dijo ‘pero por qué aprobamos esto’. Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores, no. Este es el primer caso que vamos a tener de aplicación de Ley Antiterrorista (…) Como verán, se trata de un gobierno que jamás ha sancionado ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Siempre que hemos sancionado leyes o que hemos enviado proyectos de ley, lo hemos hecho con la sana y auténtica intención de proteger a los argentinos…”

La bandera de “Donnelley terrorista” quedó flameando en la televisión, y en realidad sólo demandaron a esa patronal por “quiebra fraudulenta”. Pero seguramente el gobierno seguirá utilizando esta demanda para maquillar un poco la catástrofe que la represión a las luchas obreras, más el papel siniestro y vergonzoso que está jugando en ellas el ministerio de trabajo, están provocando en su imagen de “gobierno que no reprime la protesta social” y que “hace valer las instituciones frente a las corporaciones”.

Igualmente, una vez más, el principal objetivo de estos cuentos chinos no es solo la cuestión de imagen en pos de las elecciones de 2015, sino sobre todo evitar que los trabajadores se saquen del cuello la piedra de la “legalidad”. Después de que el ministerio de trabajo se pasó por las nalgas la conciliación obligatoria de Gestamp y se borró de Lear, después de que las famosas seis cautelares a favor de los delegados de Lear fueron prolijamente pisoteadas por las botas de la policía y los matones del Smata sin que ningún juez haga nada, parece difícil, con solo una demanda de fraude a una patronal para poner en el otro platillo de la balanza, sostener la bandera de que “los conflictos se dirimen en las instituciones y no en las rutas”, como vocifera todos los días el matón Berni. Pero aunque al gobierno le sea cada vez más difícil, no dejará de sacar relatos de la galera para tapar la crisis y el miedo que les tiene a las luchas obreras. Decirles la verdad a los trabajadores sobre la crisis, el ajuste y el papel antiobrero del gobierno y todas sus instituciones es un trabajo para todos los días de los revolucionarios.

 

Patricia López

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