A proposito de la ley antipiquete K –

 

En relación a la inminente votación en el “Honorable Congreso de la Nación” de una ley “antipiquete” que contaría con la aprobación de casi todo el bloque opositor, aunque los proyectos en danza superen la decena; reflexionábamos en la edición anterior de SoB: “Sin ley votada aún, la represión a los trabajadores de Lear y de EmFer hizo poner el pie en el acelerador al kirchnerismo sobre su ley antipiquetes. ¿Por qué, si sin ley igual nos corren de las calles y las rutas y nos sitian fábricas con policías y gendarmes? Porque para que la represión sea orgánica, parte medular de las instituciones del Estado y herramienta para su utilización cotidiana, es más eficaz y genera menos contradicciones en su aplicación si se convierte en ley. Es la diferencia entre un modus operandi y una ley o decreto. Porque le otorga legitimidad ante el conjunto de la población, incluidos los trabajadores. No son lo mismo los palos de Berni o de la Metropolitana que los que surgen dispuestos desde las sagradas instituciones ‘democráticas’ que, aunque haya bronca contra el gobierno, no son cuestionadas todavía como tales en su totalidad.”

Bueno, para muchas cosas (entre ellas ésta), la memoria histórica es imprescindible. No sólo para  no olvidar como generalmente se dice, sino además para comprobar semejanzas entre hechos pasados y sacar las debidas conclusiones de lo ocurrido. El armazón legal para criminalizar las protestas sociales tiene largos antecedentes en la democracia (burguesa) argentina e incluso del peronismo, que es el partido que más veces estuvo al frente de las instituciones del Estado capitalista. No es ocioso entonces repasar algunos de dichos antecedentes.

La legislación anti protesta social existe ya desde la época de la llamada “democracia restringida” (el período de los conservadores cuando existía un fraude escandaloso, entre 1880 y 1916) con leyes como la de Residencia y la de Defensa Social (1902 y 1910 respectivamente), utilizándose la primera de ellas incluso durante décadas, cuando el régimen ya había dejado de existir. Con la llegada al poder de los radicales (1916-1930) y lo que los historiadores profesionales llaman “en vías a la democracia de masas”, muy en especial Yrigoyen, no fue ajeno a la promulgación de decretos desde el Ejecutivo con la anuencia del Congreso, en ocasión de las huelgas agrarias y fundamentalmente durante la gran protesta obrera conocida como la Semana Trágica en enero de 1919 (el Congreso se reúne en forma extraordinaria para tratar ese tema e incluso se forman cuerpos parapoliciales que masacran trabajadores, avalados por el propio gobierno).

Las leyes de represión interna, conocidas popularmente como CONINTES, fueron herramientas del primer peronismo (1946-1955) y de la presidencia “constitucional” de Frondizi (1958-1962). Y lo que es más interesante aún, es observar la labor del tercer peronismo (1973-1976) que gana las elecciones con un barniz de izquierda importante, y también tendrá su arsenal represivo convalidado mediante las instituciones de la democracia. Ahondemos un poquito en esto.

Perón gobernaba la Argentina después de una proscripción de 18 años, luego de reemplazar a Cámpora y haber triunfado holgadamente en las elecciones presidenciales de setiembre de 1973. La mayoría de los analistas e historiadores coinciden en el carácter inédito que adquirió la conflictividad social a partir de los diversos “azos” que se fueron dando en distintas provincias a partir del año 1969 (siendo el más conocido el de Córdoba) en medio de la dictadura de la llamada “Revolución Argentina”.

Ante eso, Lanusse, el último de los militares de la dictadura, decide levantar la proscripción al peronismo (no así a Perón que no podía ser candidato) y lanzar el GAN (Gran Acuerdo Nacional) con la participación además del otro gran partido burgués de la Argentina, la UCR. Todos aceptan el convite aunque lo denominen, para no quedar “pegados” a la iniciativa militar, La Hora del Pueblo, que tiene su expresión más clara con el abrazo de Perón y el líder radical Ricardo Balbín en noviembre de 1972. Un alza importante de las luchas obreras o la prevención para que esto no ocurra, logra también que los partidos burgueses (los “populares”, los de centro y los de derecha) como instituciones primordiales del Estado que son, cierren filas en relación a determinadas acciones, entre ellas las legislativas (aunque no sólo éstas).

Es por ello que en muchas oportunidades en ese entonces, la apelación a la lucha contra la “izquierda peronista” en referencia a Montoneros, era también el llamado a liquidar el proceso antiburocrático en las fábricas y la influencia de las fracciones de la izquierda revolucionaria en el mismo y abortar la incipiente ruptura política con el peronismo que estaban llevando a cabo sectores de dicha vanguardia. Perón es harto consciente de ello y una vez instalado en el país, obra en consecuencia e inicia una enconada lucha contra la “infiltración marxista” en su Movimiento como así también en los gremios que están conducidos por los “viejos y leales dirigentes de la ortodoxia peronista”. La apelación a las instituciones del Estado no se hace esperar: para beneficiar a la burocracia, Perón impulsa la sanción de una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que los atornilla en sus cargos, junto al apoyo represivo cuando hiciese falta.

Meses después, en una reunión del Partido Justicialista y de los gobernadores provinciales, se lanzan una serie de directivas en un documento reservado, que entre otros puntos señalaba: En todos los distritos se organiza un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado a un organismo central que se creará (Consejo Superior Peronista, Documento Reservado, 2/10/73). Había nacido la Triple A. Organismo parapolicial y paramilitar que cuenta con todo el apoyo del Estado y que de alguna manera centraliza (como lo pedía el Documento Reservado) la acción ya incipiente de otros aparatos semiclandestinos como el Comando Rucci de Mendoza, el Comando Peronista Lealtad, la Concentración Nacionalista Universitaria, el Comando de Organización, la Juventud Peronista de la República Argentina, la Juventud Sindical Peronista, entre varios otros, a quienes Perón recibía regularmente. Todavía todo por fuera de la “ley”. No hay aún intervención parlamentaria que avale la represión abierta y desembozada.

El asalto a una guarnición militar en Azul, realizada por el ERP en enero de  1974, motoriza un pretexto perfecto para que el gobierno convalide, ahora sí “legalmente” con la venia del Parlamento, la reforma del Código Penal, criminalizando la protesta social (la ocupación de fábricas con toma de rehenes era moneda corriente). Ya muerto Perón, en setiembre de dicho año, el Congreso de la Nación con el apoyo de la mayoría de las bancadas, promulga la Ley 20.840 de Seguridad Nacional que, entre otras cosas, establece: “…reprimir los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”.

1975 presentaría otro salto en calidad en la represión paraestatal y estatal con fuertes rasgos de fascismo: luego del Villazo, triunfo de una lista plural opositora en Villa Constitución, Santa Fe, sobre la conducción burocrática de la UOM que es ferocísimamente atacada por la patronal, los matones de la burocracia y las fuerzas policiales. Los decretos del  Poder Ejecutivo de febrero y octubre de 1975 del gobierno peronista con el aval de todo el arco opositor burgués, llamando a las FFAA a aniquilar la subversión en Tucumán  completan el cuadro. Balbín (principal dirigente radical), se preguntará a todo quien lo quiera oír:

“¿Dónde están los dirigentes gremiales? Yo creo que no interpretan al trabajador en este momento que quiere trabajar y no detener la fábrica; que quiere ganar su salario real y verdadero; que quiere estar frente al torno mirando al otro que le indica, de soslayo: los hacés más lentamente o morirás… ¿Quién los protege?¿Dónde se encuentran lo denunciadores de las guerrilas en las fábricas?” (Negritas nuestras, Clarín 15/12/75)

Surge allí la caracterización de guerrilla fabril para graficar y estigmatizar el ascenso obrero. El comienzo de la militarización de las fábricas marcha a paso redoblado. Todo integrante de cualquier comisión interna que no acate una conciliación obligatoria emanada del Ministerio de Trabajo será considerado casi como un criminal y todo el peso de la “ley” puede caer sobre sus espaldas (nuestro querido compañero Oscar Alba tenía más de una anécdota, entre trágica y cómica, de cuando era delegado de Grafa a comienzos de los setenta, en relación a lo que estamos señalando).

Naturalmente no estamos diciendo, ni mucho menos, que la situación actual es idéntica a la que acabamos muy sucintamente de reseñar; sólo señalamos que las coyunturas políticas están mediadas y expresan determinadas relaciones de fuerza entre las clases y que esto tiene una expresión jurídica en leyes, decretos y disposiciones (con la iniciativa y el consentimiento, entre otros, de los partidos “populares” para su sanción y puesta en vigencia) que el Estado capitalista y sus poderes emanan, ubicándose siempre como  garantes de la “paz social”  y la “armonía de los argentinos”. Alertar sobre esto, nos obliga a reiterar lo dicho en el número anterior:

“Desde los socialistas del Nuevo MAS redoblamos su rechazo (a la ley anti piquete), incluida su amnistía, que es la trampa por la que quieren hacer pasar su ofensiva antiobrera. Llamamos a repudiarla en su totalidad y luchar por una verdadera y total amnistía y la libertad de todos los luchadores procesados sin ningún condicionamiento ni como prenda de negociación para imponernos una nueva legislación represiva.”

Luis Mankid

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