El fallo de la Corte de EE.UU. deja al país al borde de la cesación de pagos –

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es un cimbronazo para el país. De un plumazo tiró abajo toda la “estrategia” del gobierno que apostaba a la dilación para no verse obligado a afrontar mayores pagos de la deuda externa, en este caso con los fondos buitres. Pero el fallo vino a reafirmar que “las deudas hay que pagarlas”. Y ahora el gobierno afronta obligaciones por 1.330 millones de dólares que deberían ser abonados de inmediato y la posibilidad que el resto de tenedores de bonos que no entraron en los canjes reclamen cobrar un monto que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares.

Estas negras perspectivas financieras hicieron derrumbar los “mercados” el lunes: la Bolsa cayó el 10%, los demás bonos se desplomaron y el dólar paralelo reanudó su escalada. La realidad es que el gobierno, con escasos 28.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, sencillamente no tiene los fondos para afrontar pagos de esta magnitud. De ahí el renovado temor a la cesación de pagos del país.

Esto colocó la situación económica en la negra perspectiva de una crisis incluso más grave que la corrida cambiaria de enero pasado, que de desencadenarse pondría nuevamente en riesgo la continuidad de la propia Cristina.

Dura lex, sed lex” (la ley es dura, pero es la ley)

Lo primero es explicar las razones de fondo del fallo de la Corte estadounidense. En el fondo, es muy sencillo: el sistema judicial norteamericano (coronado por su máximo tribunal) se muestra mediante este fallo como garante de los contratos capitalistas, que marcan que cuando un deudor toma una obligación con un acreedor, lo que tiene que hacer, sin importar las demás consecuencias sociales o económicas, es honrar su compromiso y pagar: “La justicia de los Estados Unidos (…) sostuvo que la deuda de la Argentina es un contrato, y, como tal, sus términos debían ser honrados. Que ellos eran independientes de quién fuera el tenedor de la deuda: una viuda o un fondo buitre. Y que si se contemplaran excepciones, se estaría alentando futuros comportamientos excéntricos de otros países” (Bernardo Saravia Frías, especialista en derecho financiero, La Nación, 17-6-14).

Así funciona este sistema y el derecho que le es correspondiente: el acreedor tiene jerarquía sobre el deudor, el propietario sobre el inquilino, el capitalista sobre el trabajador, al que puede contratar o despedir según las leyes del mercado, el país imperialista sobre el dependiente, etc. “Dura lex sed lex” (la ley es dura, pero es la ley). Su aplicación es inevitable, así sus consecuencias sean desfavorables. Guste o no, estas son las inflexibles leyes del capitalismo.

Para colmo, EE.UU. se caracteriza por tener una serie de representaciones o ideologías que hacen parte de su “ser nacional”, por el cual las leyes que lo rigen son las que más fielmente representan las reglas de juego de la oferta y la demanda. Liberal por antonomasia, sus leyes santifican el mercado limitando todo lo posible la “intromisión” del Estado, visto invariablemente como una suerte de “poder totalitario” que limita los derechos del individuo.

Equivocadamente, el gobierno argentino, sectores de la patronal y de la oposición, e, incluso, sectores empresarios y de las finanzas a nivel internacional, esperaban que la Corte yanqui respondiera de manera acaso más política, atendiendo al hecho de que muchas deudas no pueden ser pagadas de manera completa en medio de la actual crisis económica mundial, que hay en curso una serie de reestructuraciones de deuda como la de Grecia, con quitas, y circunstancias por el estilo. Esperaban, en fin, que el derecho no se pusiera por encima de las cambiantes circunstancias económicas y sociales, que no fuera “apolítico”, que las tuviera en cuenta en sus decisiones.

Pero el fallo es muy lógico desde su punto de vista. Primero, porque la Corte norteamericana se dedica a tutelar las reglas de juego clásicas del sistema capitalista, que, en definitiva, consagran siempre el poder de los fuertes sobre los débiles: en este caso, el de los inversionistas financieros con sede en la principal potencia imperialista sobre un deudor de un país dependiente. Segundo, porque defiende a su manera leguleya la “credibilidad” de Nueva York, la principal plaza financiera del mundo, donde está el tribunal del juez Griesa, y que para conservar ese lugar de privilegio debe dar garantías a todos los inversionistas de ser implacable frente a cualquier intento de ruptura de un compromiso (aunque esta inflexibilidad puede terminar siendo contraproducente; de allí la oposición de Wall Street al fallo).

La siniestra sombra que se cierne sobre la economía nacional

En definitiva, la justicia norteamericana dice algo así: si se quiere acordar una quita de deuda de común acuerdo, adelante. Pero si el acreedor no quiere y desea hacer valer los términos del contrato firmado, en nuestros tribunales se va a hacer respetar eso.

El fallo sintoniza, además, no sólo con la “ideología nacional” yanqui1, sino con los tiempos que corren internacionalmente, de continuidad de imperio del neoliberalismo a pesar de la crisis, de globalización de los mercados, que está haciendo valer de manera dramática las duras leyes del capitalismo (ver el caso del salvataje de los bancos a costa del erario público) por oposición relativa a cuando décadas atrás el llamado “Estado benefactor” cumplía un rol más “mediador” de los asuntos.

Así, la primera fuente de la crisis abierta por el fallo de la corte a favor de los buitres es la consagración del fracaso completo de la estrategia K de resolver el problema siendo “pagadores seriales” como ellos mismos se autodefinieron, sólo que buscando algún tipo de “renegociación” con los acreedores (de ahí los canjes de deuda de 2005 y 2010, ver nota aparte).

Por medio del fallo del juez Griesa, y de la ratificación de la corte norteamericana, lo que se hace valer es el derecho de aquellos acreedores que no quisieron entrar en el canje por la razón que sea, que quieren que se respete íntegramente su acreencia. Y se trata no solamente de 1.330 millones de dólares, sino de hasta 20.000 millones.

Pero si las anteriores son las razones “conceptuales” del fallo de la corte norteamericana, veamos ahora las dramáticas consecuencias que amenaza tener y ya está teniendo sobre la economía nacional.

No es difícil darse cuenta. Es que el fallo mete presión, justamente, sobre el factor que le viene haciendo crisis a la economía argentina: la creciente escasez de dólares. Es esta carencia la que desató en enero pasado la corrida cambiaria y la devaluación de la moneda argentina, que en un santiamén redujo los salarios reales y metió presión al aumento generalizado de los precios, llevó a la suba de de las tasas de interés e indujo a la recesión económica, cuya consecuencia inmediata es la ola de suspensiones y despidos frente a la que se plantó la heroica lucha de los compañeros de Gestamp.

En fin, índices todos que en términos generales muestran que el país perdió competitividad, que los márgenes de ingresos del Estado y ganancias empresarias se han reducido. Y, además, que la manera de recuperar esos márgenes por parte del gobierno con el apoyo de la Santa Alianza de la burguesía, la oposición patronal y el imperialismo (más la burocracia sindical) es reducir de manera generalizada el nivel de vida de los trabajadores, para recuperar rentabilidad, ingresos estatales, balanza comercial e ingreso de divisas.

Todos los caminos conducen a Griesa

La mala noticia es que cuando los voceros del oficialismo anunciaban –exagerando, claro– que el segundo semestre del año iba a ser “más aliviado” y que la sangría de dólares estaba “contenida” con las reservas del Banco Central más o menos estabilizadas, el fallo de la Corte yanqui es un mazazo que pone las cosas en su lugar: lo único que se puede augurar, incluso si se logra algún tipo de acuerdo de pago con los buitres, es que las restricciones y la crisis de la economía argentina, la escasez de dólares, las tendencias recesivas, y, paralelamente, el aumento de la inflación (inducida, nuevamente, por la devaluación del peso), se van a profundizar, poniendo nuevamente al país al borde de una crisis económica generalizada.

Esta situación limita las alternativas reales del gobierno. Nadie espera, realmente, un gesto de “soberanía”. Kicilloff habló de “llevar adelante un nuevo canje de la deuda con jurisdicción argentina”, pero nadie cree que ese vaya a ser el camino del gobierno. Por lo pronto, implicaría un nuevo default de la deuda, ya que difícilmente el conjunto de acreedores se sumaría a una medida así.

Pero, además, una medida de este tipo iría en sentido absolutamente contrario a todo lo que viene haciendo el gobierno en el último período, con el apoyo cerrado de toda la patronal: el arreglo por las cuentas del INDEC con el FMI, el acuerdo de pago por la estatización parcial con Repsol, el acuerdo con los demandantes en el CIADI, el reciente acuerdo con el Club de París. Son todas muestras de que el “relato” se acabó y que los K sólo aspiran prolijar las cosas para llegar con los deberes hechos al traspaso del mando en 2015.

El gobierno está ya despachando negociadores para entrevistarse con el juez Griesa en la búsqueda de algún acuerdo con los buitres bajo la fórmula de pagar una parte al contado y otra, seguramente, con la expectativa de que sea la mayor, en bonos a una serie de años (algo parecido a como se le pagó a Repsol). De lograrse un acuerdo así, y si más buitres se subieran al reclamo, se podría negociar algo parecido, al costo de dejar hipotecado al país por largos años. Además, cualquier camino de este tipo significará, de todas formas, pagar más que lo que se venía pactando pagar (la idea siempre fue que a los buitres que no entraron en el canje “no se les pagaría nada”).

Por lo tanto, los dólares serán más escasos que lo que lo eran hasta este momento, lo que tendrá como consecuencia directa e inmediata (dado el curso del gobierno), que Cristina redoblará las medidas de ajuste antipopulares que viene aplicando.

Esto pone al descubierto, a la vez, la falsedad de los cantos de sirena como los de Pignanelli, jefe del SMATA, que había anunciado en el apogeo de la lucha en Gestamp que “en agosto se terminan las suspensiones y se recupera la producción”… Una escandalosa mentira que se manifiesta ahora, también, en la ofensiva empresarial, gubernamental y de la Verde sobre los compañeros de Lear, alianza siniestra que dejó pasar la lucha de Gestamp sólo para descargar ahora 60 suspensiones sin goce de sueldo (despidos menos que encubiertos), buscando golpear, centralmente, al activismo.

1 Esa ideología de EE.UU. remite al extremo liberalismo de sus fundadores, consagrado en su constitución, la exaltación de “un país de colonos”, de “individuos”, una “democracia de propietarios privados” caracterizada por un “Estado mínimo”, ya que el Estado es siempre visto como una entidad ajena, “total”, opuesta a ese extremo individualismo que no es, desde ya, una afirmación de la emancipación de cada ser humano como condición de la emancipación de todos (como defendía Marx), sino la exaltación del individuo propietario privado que hace valer sus derechos de explotación contra el resto.

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