Semanas atrás ocurrió una importante “huelga” de los integrantes de Gendarmería y Prefectura. Ese planteo se ha resuelto con una suerte de impase, aunque al parecer el conflicto dista de estar solucionado. Aquí nos referiremos más bien a algunos de los problemas políticos y programáticos generales que quedaron planteados.

No son trabajadores sino un cuerpo especial burocrático

La primera cuestión es establecer el carácter social de los integrantes de la policía y las fuerzas de seguridad, así como de las fuerzas armadas en las cuales no hay conscripción o “leva de masas”.
Muchos sectores de la izquierda consideran que como obtienen un salario por su actividad (a la que llaman erróneamente “trabajo”), se los debe considerar “trabajadores”. A partir de aquí se ponen en marcha toda una serie de falsas analogías respecto de la verdadera clase obrera que hay que despejar.
Lo primero y fundamental es que cuando hablamos de la policía y las fuerzas de seguridad no hablamos de trabajadores. Trabajador es aquél que directa o indirectamente sirve a la acumulación capitalista, a la producción de valor o plusvalor, a la producción de riqueza para los capitalistas, y que solidariamente integran las filas de la propia clase trabajadora. También existen, obviamente, trabajadores improductivos (cumplen una serie de servicios para los capitalistas que no implican acumulación de valor sino gastos), que sin embargo mantienen sus relaciones de solidaridad con el conjunto y están caracterizados, ellos sí, por todo tipo de analogías con los demás trabajadores.
Pero cuando hablamos de las fuerzas de seguridad hablamos de otra cosa. Asimismo, existen otras capas sociales que no integran la clase trabajadora y reciben sin embargo un ingreso también considerado “salario”. Por ejemplo, amplias capas de la gerencia de las empresas modernas obtienen un “salario” sin ser patrones o accionistas.
Sin embargo, aquí lo que ocurre es que bajo la forma de un “salario”, los ingresos de gerentes o funcionarios jerárquicos son tan elevados que no pueden estar reflejando sólo su trabajo (por más calificado que sea), sino una cuota parte de la plusvalía extraída a los trabajadores. Si viven de la explotación de la clase obrera, por más “salario” que reciban, no son trabajadores, sino que, por el contrario, son parte de la clase capitalista.
Veamos con este criterio el caso de gendarmes y prefectos. En nuestra declaración sobre su planteo señalábamos que era un error considerarlos como trabajadores: se trata de un cuerpo o capa burocrática, de un conjunto de “funcionarios” cuya actividad (no trabajo) es actuar como perros guardianes de la propiedad y de la autoridad del Estado capitalista.
Es decir, entran en otra categoría social que tampoco es la de trabajadores sino la de burocracia. En la sociedad capitalista hay un conjunto de estratificaciones entre las dos clases sociales fundamentales: capitalistas y obreros. Estas capas intermedias incluyen a los comerciantes o distintas actividades profesionales como abogados y demás, que son llamadas clases medias o “modernas clases medias”.
Con estas clases medias lo que ocurrió históricamente bajo el capitalismo, es que han tendido a confluir en la clase trabajadora vía la proletarización de los profesionales (el caso de muchos médicos, por ejemplo) o a desaparecer (los comerciantes frente a los grandes shoppings).
Pero las que no han desaparecido y no tienen que ver con la economía, sino con la administración de las relaciones de poder, son las burocracias. Aclaremos: en su generalidad cuando hablamos de los empleados del Estado sí hablamos de trabajadores. En el caso de los docentes, aunque sea el Estado el que les pague su salario, cumplen una función productiva (la formación de la fuerza de trabajo), aunque esto ocurra indirectamente. En el caso de los empleados estatales, obviamente depende de en qué ministerio trabajen; si lo hacen en “Economía” podrían ser caracterizados también como directa o indirectamente productivos. Pero si trabajan en “Acción Social” o ministerios por el estilo, aun cuando su función no fuera directa ni indirectamente productiva, por su salario, por su función, por sus relaciones de solidaridad social, etcétera, son trabajadores y no burocracia.
Algo muy distinto ocurre con las fuerzas de seguridad: Policía, Gendarmería, Prefectura y Fuerzas Armadas. En este caso está clarísimo, por función y por historia, que se trata de una capa o casta burocrática que está puesta en función de mantener el orden de la explotación patronal y la autoridad del Estado capitalista. En este caso, entonces, no se puede hablar de “trabajadores” o de un sector que pueda tener algún vínculo de solidaridad con ellos, sino de una capa social cuya especialidad es la represión y el control social de los explotados y oprimidos.
En nada menoscaba esto el origen social de los mismos integrantes de estas fuerzas. Es evidente que la base de éstas y hasta muchos de sus mandos medios provienen de sectores humildes o, incluso, familias trabajadoras u obreras. Sin embargo, cuando entran en servicio, este origen social es “borrado”. Se trata de instituciones que “lavan la cabeza”, que forman a sus integrantes en otro tipo de relaciones sociales, instituciones de “clausura” que suprimen las relaciones solidarias anteriores y estableces una nueva: ser perros guardianes del capital. De ahí provienen sus identificaciones, cantos, valores, relaciones de solidaridad, etcétera.

Un planteo y no una “huelga”

Una segunda cuestión se planteó a propósito de la medida de fuerza tomada por gendarmes y prefectos, presentada como una “huelga” más. La misma caracterización provino de la mayoría de las fuerzas de la izquierda, e incluso los gendarmes han dicho que “apoyarían” una huelga general llamada por Moyano y Micheli si no se les satisface sus reclamos.
Pero considerar su planteo como “huelga” es un grave error. Una huelga es una medida de fuerza de un sector de trabajadores en virtud de un reclamo contra la explotación. Pero un “planteo” como el de semanas atrás constituye una circunstancia objetiva, más allá de la supuesta “voluntad” de sus autores. El “hecho económico” (que tampoco es un reclamo salarial tradicional, sino que fortalece su accionar represivo) queda subordinado a una acción de fuerza (no olvidar que se trata de personal armado) que quiérase o no, lo manifiesten o no, se coloca desde la derecha cuestionando las libertades democráticas.
Es cierto que el planteo de gendarmes y prefectos no llegó a escalar cimas como, por ejemplo, el levantamiento de Rico y los militares en 1988. Pero cualquier planteo de las fuerzas de seguridad tiene inscripta en su propia lógica esa posibilidad. ¿Qué hubiera pasado si las manifestaciones de solidaridad que incipientemente se expresaron en la Policía Federa o en la Armada se hubieran generalizado? Incluso más: ¿qué hubiera pasado si la solidaridad pasiva que se expresó incluso en las filas del ejército hubiera pasado a los hechos?
Es obvio que en ese caso ya se estaría más cerca de un verdadero planteo “golpista” o “destituyente” que cuestione las libertades democráticas desde la derecha, cosa que en este caso no llegó a ocurrir. Pero incluso sin ser así, si las fuerzas de seguridad ganaran en su planteo, no sólo se las fortalecería, sino que alentarían al resto de las fuerzas represivas a hacer lo propio, poniendo en cuestión su “subordinación” al poder político.
La lógica que venimos describiendo es de hierro, evidente por sí misma e incuestionable, por más manifestación de “vocación democrática” y de planteo “puramente salarial” que hayan hecho sus integrantes. De ahí que suene tan repugnante el apoyo que desde sectores de la izquierda se les dio a prefectos y gendarmes. Incluso al precio de sufrir, como le ocurrió a Vilma Ripoll, el desprecio de esas fuerzas que la echaron al grito de “andate, zurda de mierda, nosotros no somos piqueteros”, algo que debería haber llamado a la reflexión a quienes los apoyaron sin condiciones.

La sindicalización: un planteo reformista

Veamos ahora el planteo de “sindicalización” que hacen sectores de la CTA como Lozano y la misma izquierda (MST, IS y PO). Nos parece un planteo equivocado por reformista.
Que se nos entienda bien. Respecto de la CTA -que es reformista hecha y derecha, y confía en la posibilidad de “atenuar” las contradicciones del sistema-, es coherente que considere que se pueda “democratizar” las instituciones represivas de esta manera. Pero que corrientes de la “izquierda revolucionaria” crean que se puede tener una política de “mejoras” y cambio gradual en el carácter antiobrero de las instituciones represivas (y del Estado mismo, que es producto de las irreconciliables contradicciones de clase como decía Lenin) por intermedio de estas u otras medidas, es ya un escándalo.
No hay sindicalización ni compromiso de “no reprimir” que valga de estas fuerzas en condiciones normales; esto sólo podría ocurrir bajo condiciones revolucionarias, como veremos más abajo. No hay forma de “democratizar” las fuerzas de seguridad mediante expedientes reformistas de este tipo.
Esto conecta con otro problema: el confundir sindicato con corporación y creer que cualquier organización de “solidaridad” entre pares es un sindicato u algo progresivo.
Por ejemplo, en la Edad Media los que tenían igual oficio se organizaban en corporaciones rígidas que llegaban a prohibir incluso con la muerte que cualquiera que estuviera por fuera de esas corporaciones pudiera ejercer ese oficio. Bajo el capitalismo, los empresarios de igual rama o, incluso, los empresarios de conjunto, se organizan en carteles o instituciones empresarias como la UIA o la Asociación de Empresarios Católicos, bajo relaciones de solidaridad frente al conjunto de las otras clases, pero a nadie se le ocurriría decir que son “sindicatos” como los de los trabajadores.
Lo propio ocurre con la Policía y demás fuerzas de seguridad: promover o admitir su sindicalización en épocas “normales” sólo les daría herramientas para llevar adelante frente al resto de la sociedad sus reclamos corporativos, que nada tienen que ver con los de los explotados y oprimidos.

Las situaciones revolucionarias

Se nos dirá: pero entonces desde el nuevo MAS no se defiende una política de división de las fuerzas armadas en caso de situaciones radicalizadas, algo clásico del marxismo.
Al respecto, es sabido que a partir de la Revolución Francesa se puso en marcha las “leva de masas” y los ejércitos de conscriptos, que por definición tenían base popular, y eso facilitaba –en los momentos críticos– trabajar por su división. Muchos “hijos del pueblo” estaban en sus filas, y en esos momentos críticos daban vuelta los fusiles. La clásica película de Eisenstein Acorazado Potemkin retrataba la sublevación de la flota del Báltico en la Revolución de 1905 (algo que, de paso, no sólo ocurrió en la Rusia revolucionaria, sino incluso en el Brasil por esos mismos años y nuevamente en 1964 en la pelea frente al golpe contra Joao Goulart). Digamos que a partir de la derrota yanqui en Vietnam -entre otros hechos-, los ejércitos dejaron de ser de base popular, se profesionalizaron e hicieron mucho más complejas estas relaciones.
Sin embargo, sigue siendo absolutamente válido algo establecido clásicamente por León Trotsky. Si los elementos ideológicos -el trabajo de los socialistas- tuvieron su peso en la crisis del ejército zarista, el gran revolucionario ruso señalaba que el factor objetivo más importante que conllevaba a la división del ejército -y lo mismo vale para las fuerzas de seguridad- no era ninguna “sindicalización”, sino el temor y las relaciones de fuerza. Es decir, el hecho de que esas mismas fuerzas de seguridad entraran en pánico ante la falta de garantías acerca de su futuro bajo la presión de los acontecimientos revolucionarios.
En esas condiciones, y siempre tratándose de condiciones revolucionarias, lo que procede es un trabajo de zapa material e ideológico para dividir esas fuerzas armadas (y de seguridad) en las condiciones donde ello puede ocurrir. Pero la orientación estratégica en ese trabajo es y ha sido siempre para el marxismo revolucionaria y no reformista: la destrucción de las fuerzas armadas y de seguridad del estado capitalista, no su reforma.

José Luis Rojo

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