POR MARCELO BUITRAGO

Se cumplió este martes 17 el décimo aniversario de la votación en el Senado que rechazó el intento kirchnerista de lograr la aprobación parlamentaria de la famosa Resolución 125, la que establecía un sistema de retención móviles a la soja, maíz, trigo y girasol, con el voto “no positivo” del vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, el radical Cobos.

Culmino así, después de cuatro meses, con una sonora derrota para el gobierno, la más grave crisis político–social en la Argentina desde 2001: “Una verdadera rebelión de todas las fracciones capitalistas vinculadas a la producción de soja, en especial, se puso de pie alrededor del reparto y apropiación de la renta agraria extraordinaria que generó la disparada de los comodities en el mercado mundial.”[1] 

Digamos que las retenciones no son un invento K “contra el campo”, fueron un mecanismo habitual y conocido en la historia argentina, gobiernos tan reaccionarios como el de Onganía ya las habían aplicado.  Producto de la crisis de 2001 y del espectacular ascenso de los precios de las materias primas (la soja, en particular, casi triplica su precio de U$S 150 a U$S 400 la tonelada de 2002 a 2004) Duhalde aplicó una fuerte suba al sistema de retenciones fijas a cereales y oleaginosas llevándolas a entre el 20% y el 30%. En el caso argentino, las retenciones tienen un doble efecto: por un lado, son una fuente de recursos impositivos para el estado nacional y, por el otro, desconectan los precios de los alimentos de los precios internacionales de sus materias primas, en el caso de un ciclo alcista.

Así las cosas, luego de una caída pronunciada del precio de la soja a fines de 2007, comenzó una nueva carrera alcista que culminó en septiembre de 2008 en U$S 543: serían necesarios cuatro años para que volviese a alcanzar ese nivel en 2012.

En marzo de 2008 el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, pretendió crear mediante una simple resolución un sistema de retenciones móviles que, en el caso de la soja, por ejemplo, establecía alícuotas del 30% a un precio de U$S 320, del 35% a un precio de U$S 395, con una escala creciente a medida que subiera el precio. Con la evolución posterior del mismo, y sus fluctuaciones, se puede establecer que hasta 2011 el promedio efectivo cobrado hubiera sido de alrededor del 40%.

Esto provocó un verdadero levantamiento de la burguesía rural, que salió a disputar la calle, movilizar, hacer piquetes en las rutas y también a dar un debate político alrededor de “su” proyecto de país, arrastrando tras de sí un amplio sector de las clases medias urbanas. “Se instaló así una durísima polémica acerca de un tópico que desde hacía varias décadas no estaba en auge. Se trata de la cuestión agraria: es decir, de las relaciones de propiedad, las clases sociales y las tareas estratégicas planteadas para el campo argentino desde la óptica de la transformación socialista del país”.

Fue tal la conmoción, que apareció una nueva palabra en el diccionario K: “destituyente”. Los K sintieron amenazado no solo el cobro de un impuesto, sino su propio gobierno. Y es que los campestres salieron a jugar con todo: su discurso se adueñó de los medios masivos, desabastecieron al país de alimentos, cortaron rutas (y no por un rato), presentando “su” interés como el interés de todo el país.

El gobierno no pasó de confrontar verbalmente, Cristina los acusó de hacer los “piquetes de la abundancia”, pero en lugar de redoblar la apuesta, comenzaron una serie de “correcciones”. Las Resoluciones 141, 284 y 285 establecían un “sistema de compensaciones a los pequeños productores” tratando de quebrar lo que, suponían, era una amalgama con diversos intereses, cuando en realidad la burguesía rural a esa altura ya había logrado conformar y dirigir, un movimiento social y político que lo cuestionaba globalmente.

Incapaces de subir la apuesta, por sus propios límites de clase, el “reformismo K” se chocó de frente con un sector burgués que se atribuye ser, por circunstancias históricas y económicas, “la nación” misma. Pero no fue sólo un choque de “relatos”, sino la constatación práctica de que las profundas transformaciones que requiere el país no pueden ser llevadas adelante sin afectar intereses materiales muy concretos, y que para imponerlas hacen falta no sólo decretos y resoluciones, sino la movilización revolucionaria de los trabajadores.

Impotente, Cristina intentó obtener un triunfo por la vía institucional, elevando la Resolución 125 a proyecto de ley. En lugar de apoyarse en primer lugar en uno de los sectores más explotados y precarizados de los trabajadores argentinos, los trabajadores rurales, y a partir de allí en el conjunto de los trabajadores, fue a la “cueva de ladrones” del Congreso, confiando en su amplia mayoría parlamentaria. El ajustado triunfo en Diputados debió encender todas las alarmas, pero a esa altura el gobierno ya no tenía más tiempo. Así, este camino los llevo a la derrota y a la ruptura con su propio vicepresidente y, además, según el portal Parlamentario, 8 senadores K y 2 aliados también votaron en contra, posibilitando el empate en 36 votos que terminó definiendo Cobos. Uno de ellos fue Roberto Urquia, dueño de AGD, uno de los grandes jugadores del procesamiento de soja.[2]

El enfrentamiento fracturó la CTA, entre el sector K (Yasky) y los que brindaron un apoyo vergonzante a los “campestres” con la excusa de apoyar a los “pequeños productores”, el sector de Micheli y Godoy.

Tambien la izquierda argentina se dividió. A un movimiento social conservador, como el que dirigió la burguesía agraria, sectores “socialistas revolucionarios” llegaron a calificarlo de “rebelión popular” (PO).

La pérdida de la brújula de clase no pudo ser mayor para partidos que se reivindicaban trotskistas como MST e IS, comparable a la de otras fracturas históricas de la izquierda ocurridas en el siglo pasado: mientras el Nuevo MAS montó la Carpa Roja en Plaza Congreso, para contraponerlo a las carpas “rurales”, levantando una política de clase, estos partidos movilizaban con los campestres, ambos con el argumento de “apoyar a los pequeños productores”.

Tanto el MST como IS intentaron darle un “marco teórico” a su claudicación, fallando en todos los aspectos. El primero, fue fantasear con un sector social prácticamente desaparecido hace décadas en la pampa húmeda: el “chacarero”, el pequeño productor no propietario que trabajaba personalmente con sus propias herramientas, vivía en el campo, se quemaba las orejas arriba del tractor, y producía para el mercado interno. Producto de la evolución capitalista en el campo argentino, este sector se extinguió, transformándose en pequeños rentistas o en medianos productores, totalmente integrados al modelo de siembra directa, transgénicos y agroquímicos. Su representación histórica, la Federación Agraria Argentina, hoy representa a estos nuevos actores. De ahí se explica la unidad incondicional que exhibió en todo el conflicto con sus socios mayores de la Mesa de Enlace.

El apoyo del MST e IS a los supuestos “pequeños productores” nunca los hizo reflexionar acerca de la curiosa unidad política con la gran patronal agraria y sus instituciones, ya sea la SRA, CRA o CARBAP. La exigencia al gobierno de una “reforma agraria” la hacían apoyando un paro dirigido de punta a punta por los supuestos “reformadores”. Tampoco exigieron la ruptura de la Federación Agraria con la Mesa de Enlace; en los hechos hicieron seguidismo a la gran patronal agraria. Finalmente, nunca plantearon la expropiación de la gran propiedad rural y su socialización, sino que quedaron por detrás del programa del nacionalismo burgués de transferencia de renta agraria a través de los impuestos a las exportaciones agrarias.

Peor aún, la eliminación de las retenciones, bandera campestre, en un ciclo de alza de las materias primas como había en ese momento, hubiera disparado el precio de los alimentos a las nubes, una devaluación indirecta, atacando al salario de los trabajadores.

Como afirmamos en su momento, “queremos concluir reafirmando que el eje de un programa agrario socialista revolucionario para nuestro país pasa por la expropiación de la gran propiedad, pero no para crear una clase de pequeños burgueses del campo, sino para ir hacia la socialización de la producción. Y esta medida debe ir acompañada de la estatización bajo control de los trabajadores de las grandes unidades de producción capitalista, pools de siembra, grandes contratistas, proveedores de insumos, acopiadores, exportadores, agroindustrias e industrias de maquinaria agrícola, poniendo la producción agraria bajo los principios de la planificación socialista de la economía[3] .

 

[1] Sáenz, Roberto; “La rebelión de las 4×4”. Buenos Aires, Editorial Antídoto, 2008.

[2] http://www.parlamentario.com/noticia-22860.html

[3] Sáenz, Roberto; “La rebelión de las 4×4”. Buenos Aires, Editorial Antídoto, 2008.

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