Por Santiago Follet

En la noche del martes 3 de julio, un joven de 22 años del barrio de Breil, en Nantes, fue asesinado a manos de la policía francesa, en un nuevo caso de gatillo fácil. Se trata de Aboubakar Fofana, quien fuera víctima del disparo de un CSR (Compañías Republicanas de Seguridad), en el marco de un control policial a su vehículo. En un primer momento, la declaración oficial de la seguridad pública, por parte del director departamental, Jean-Christophe Bertrand, señalaba que se trataba de una acción de autodefensa del policía implicado quien supuestamente había salido en la defensa de un colega atacado por el joven que se disponía a huir en su camioneta para evitar el control.

Sin embargo, diversos testimonios de los testigos del hecho desmintieron fuertemente la primera versión oficial, que llevó a cambiar el relato de los acontecimientos. En efecto, los testigos señalaron que no hubo ninguna situación de autodefensa, sino que por el contrario, el disparo del CSR fue efectuado a corta distancia y de forma fulminante en el cuello de Aboubakar. A causa de estos testimonios, la versión oficial pasó a ser la de un lamentable “accidente sin intención”, como si pudiera quedar alguna duda de la intencionalidad en un tiro a quemarropa de estas características.

En el marco de una campaña mediática reaccionaria de estigmatización y culpabilización de la víctima por tratarse de un joven negro de un barrio popular, las autoridades locales hicieron foco en la necesidad de calmar la situación y lograr una paz social, como expresó Johanna Rolland, alcaldesa de Nantes por el Partido Socialista. Por su parte, el ministro del interior del gobierno nacional, Gérard Collomb, salió a “condenar con la mayor firmeza posible” las expresiones de bronca surgidas en las protestas espontáneas de los barrios populares de Nantes, para lo cual prometió utilizar “todos los medios necesarios para apaciguar el malestar de la población y evitar nuevos incidentes”, asegurando aun mayor presencia policial y represión en los barrios.

Es que la bronca popular ha generado marchas de protesta en repudio al asesinato durante varios días consecutivos, en donde se ha expresado el hartazgo de una población maltratada y humillada, que se ha cansado de soportar el abuso policial al que son sometidos de manera permanente. Este caso se suma al de una larga lista que en los últimos años incluye a Adama Traoré, Amine Bentounsi, Abdoulaye Camara, Lamine Dieng, Zyed y Bouna, entre tantos otros jóvenes de barrios populares asesinados por la policía.

Es por eso que no puede pensarse en un caso aislado que sucede de forma accidental sino que se trata de una violencia racista sistemática por parte de las fuerzas de seguridad. El aparato represivo del Estado pareciera tener vía libre para matar en el marco de un gobierno nacional que se la pasa reprimiendo permanentemente a las clases populares, a los zadistas, a los sectores de trabajadores y estudiantes en lucha, hostigando con especial énfasis a la población negra y árabe y persiguiendo a los inmigrantes con violencia y leyes antimigratorias. Por ese motivo, es necesario continuar desarrollando las movilizaciones en las calles, para exigirle al gobierno de Macron y Collomb el esclarecimiento de toda la verdad del caso, para que se castigue y se condene a los culpables.

Justicia por Aboubakar. El Estado es responsable.

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