El pasado viernes se cumplió medio año del asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche fusilado por la prefectura en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, Bariloche. La ejecución sucedió el mismo día en que estaban siendo velados los restos de Santiago Maldonado, y hasta el día de hoy no sólo aún no han sido imputados o detenidos ninguno de los responsables de ambos crímenes, sino que además la justicia sigue arremetiendo contra la comunidad mapuche y desecha las evidencias que involucran a las fuerzas de seguridad.

Dos días antes del asesinato de Rafael, el juez Villanueva había ordenado el desalojo de las cincuenta familias de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Bariloche. La excusa esgrimida para tal operación fue que el territorio que habitaban era propiedad de Parques Nacionales, órgano que no casualmente es administrado por Eugenio Breard, propietario del lujoso Country Club Cumelén de Villa La Angostura.

Así fue que el 23 de noviembre del año pasado se desplegó un brutal operativo en el que participaron conjuntamente el grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y Gendarmería con más de 450 efectivos que detuvieron decenas de personas, entre ellos niños de menos de 10 años. Dos días después ocurrió la cacería que terminaría con la muerte de un tiro por la espalda de Rafael Nahuel, cuyos ejecutores y responsables políticos siguen impunes.

Patricia Bullrich, al igual que con el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, defendió acérrimamente desde un primer momento a las fuerzas de seguridad, intentando justificar la brutal represión y consecuente fusilamiento, alegando que Rafael habría muerto en el marco de un enfrentamiento de la comunidad mapuche con la Prefectura. Sin embargo, se comprobó que esta versión es una mentira absoluta. En primer lugar, la bala que recibió el compañero era de un arma calibre 9 correspondiente con las que usa la Prefectura. En segundo lugar, se verificó en las pericias que los efectivos del grupo Albatros dispararon más de cien tiros en dirección a Rafael y los dos compañeros que estaban con él, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González. Por último, ningún rastro de pólvora fue hallado en las manos de Rafael.

Una vez más, el gobierno criminaliza al pueblo mapuche y encubre a las fuerzas de seguridad que son las verdaderas responsables del asesinato de Rafael. Aun habiendo sobradas pruebas del accionar de la Prefectura, ningún efectivo ha sido imputado mientras que no tardaron en detener a Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, quienes acompañaban a Rafael cuando fue asesinado y fueron testigos del hecho, que actualmente se encuentran en libertad, pero procesados por “usurpación”. Recientemente, la excarcelación de ambos jóvenes fue revocada por la Cámara Nacional de Casación Penal y aunque hasta el momento el juez Villanueva no emitió órdenes de detención, no depositamos ninguna confianza en la justicia que actúa bajo los designios del gobierno, por lo que consideramos que ambos corren peligro de volver a ser encarcelados.

Desde el Nuevo MAS, exigimos justicia por Rafael Nahuel, castigo a los responsables de su asesinato, desprocesamiento inmediato de Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González. ¡Basta de perseguir al pueblo mapuche!

Verónica R.

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