por Noelia Reisner

En los últimos días se llevó adelante una reunión en la quinta de Olivos entre los ministerios de seguridad y de defensa con el objetivo de derogar un decreto que prohíbe a los militares accionar en el interior del país, relegándolos a la guerra contra otros estados.

Lo que se busca es derogar el decreto 727, firmado en el 2006, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional del ’88. Esta ley, que fue aprobada en el marco de la vuelta a la democracia, quita del ámbito de control del ejército a la gendarmería y a la prefectura, con una clara intención de quitarles poder. Como mencionamos anteriormente, la ley se reglamenta 18 años más tarde, en un contexto post 2001 y post Darío y Maxi en el cual el Kirchnerismo se abanderaba defensor de los derechos humanos y enemigo de la represión para lograr consolidar la salida de la gente de la calle y su vuelta a las urnas. Este decreto establecía que la única incumbencia de las FFAA son las amenazas externas, y que la seguridad interna queda en manos de los gendarmes y la policía.

Ahora bien, el país no es el mismo que en el 2006. Hoy día, tras el triunfo de los K de sacar a gran parte de la población de las calles (aunque no de manera definitiva), el gobierno de Macri y todos los empresarios que lo apoyan se sienten lo suficientemente fuertes para iniciar un proceso de ajuste brutal. Pero el problema es, justamente, que como Argentina sigue siendo un país movilizado, cuando el mismo ataca amplísimos sectores salen a la calle a reclamar. Ya se tiró abajo el 2×1, no pudieron pasar parte de la reforma previsional en diciembre y la laboral se pateó para cuando sea el mundial en un intento de agarrar a todo el mundo distraído y que pase. Con la devaluación brutal que hubo y con la vuelta al FMI el ajuste se vuelve aún más necesario para el gobierno (porque de que los empresarios ganen cientos de millones en vez de miles ni hablar, el ajuste lo tenemos que pagar nosotros); y para que esto pase el macrismo sabe que va a un enfrentamiento durísimo con los sectores populares.

Es por esto que el gobierno viene llevando adelante un giro en materia represiva. Endureció la represión contra las medidas de lucha de trabajadores y sectores populares (como lo fue la represión a los metrodelegados o a Cresta Roja), le dio rienda suelta a la policía (reapareciendo las razzias o entrando en los últimos días, por ejemplo, a la casa de dos fotógrafos opositores en la villa para llevárselos y torturarlos) y compró drones para reprimir que tiran gases y balas de goma (habría que sacar la cuenta de cuantas lamparitas cambio para poder comprarlos).

En esa línea viene está avanzada, que en un primer momento plantea relevar a los gendarmes de tareas como custodiar recursos naturales para poder liberarlos para otras tareas (no se necesita ser un genio para adivinar que tareas serán esas).

Ahora bien, esto hay que entenderlo en marco de un endurecimiento represivo de los gobiernos de derecha de la región. Funcionarios del gobierno declararon que hay que aprovechar nuestras FFAA y no tenerlas ociosas, como Brasil (que tiene militarizada Rio de Janeiro para reprimir disturbios contra Temer y su ajuste). Parecernos más al país vecino, en este caso, significa poner al ejército a reprimir a los laburantes que salen a pelear por sus puestos de trabajo, a los estudiantes que salen a defender la educación pública o a los sectores populares que salen a reclamar por vivienda digna o la posibilidad de poder alimentar a su familia.

El gobierno sabe, sin embargo, que este no es un sapo fácil de tragar. La Argentina tiene mucha experiencia hecha con los milicos. Macri viene haciendo enormes esfuerzos por “reconciliar a la población civil con las FFAA”. O sea, hacernos creer que los milicos no fueron tan malos y que los militantes y trabajadores que resistieron la dictadura tampoco fueron tan buenos. Por eso el 2×1, por eso el intento de domiciliaria a Etchecolatz y demás provocaciones que derrotamos en las calles. Argentina no olvida, no perdona y no se reconcilia, por mucho que le pese al gobierno, y eso puede ser un factor de repudio enorme ante esta medida. Por eso es que  el ministro de justicia Garavano salió a despegarse de la medida y el mismo gobierno dice que es algo que recién se está charlando y no hay nada decidido.

Lo cierto es que esta medida “recién la están charlando” desde enero, con las jornadas del 14 y el 18 de diciembre contra la reforma previsional bien frescas en la cabeza y según Infobae, si todo sale de acuerdo con los planes del gobierno, van a llevarla adelante a principios de junio.

Se trata sin dudas de un intento de avanzar en poder imponer el ajuste. En aplastar a todo el que quiera levantar la cabeza contra el gobierno para que el miedo paralice a los demás. Pero intentar algo no significa conseguirlo, el repudio a las FFAA es enorme, el ajuste todavía no paso y amplios sectores siguen en las calles. Ahí vamos a derrotar al ajuste, ahí vamos a derrotar ésta avanzada reaccionaria del gobierno, y en memoria de nuestros 30.000 compañeros lo haremos al grito de ¡Milicos en la calle Nunca Más!

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