por Fernando Dantés

“A determinada edad o con enfermedades terminales, mantener a una persona en prisión deja de ser una condena por un crimen y pasa a ser casi una venganza. Por mí, deberían mandarlo a su domicilio.”

Graciela Fernández Meijide sobre Astiz

 

La semana pasada terminaba con una gran noticia: el repugnante genocida Etchecolatz volvía a cárcel común después de pasar unas “vacaciones” en una casa en Mar del Plata. No obstante, la política de impunidad para los genocidas sigue latente esperando su momento. En las páginas de este periódico reflejábamos la semana pasada (La lista del Nunca más en libertad por Ana Vázquez, periódico SoB nº 460) que, a pesar de este triunfo, hay diversos organismos estatales que buscan todavía empujar hacia la orientación de darles cárcel “domiciliaria” a los genocidas con el argumento de que serían unos pobres viejitos enfermos.

Retomemos los hechos. El pasado 8 de marzo salió a la luz un informe actualizado (el primero fue presentado el 31 de Enero) del Servicio Penitenciario Federal dirigido al Poder Judicial que planteaba que, debido a la sobrepoblación de las cárceles y la necesidad de descongestionarlas, ponía a consideración de los jueces una lista de casi mil quinientos presos que, por diversos motivos, estarían en condiciones de ser puestos en prisión domiciliaria o libertad condicional. Los argumentos serían, para variar, su estado de salud y su avanzada edad. A pesar de los antecedentes recientes de “retroceso en chancletas”, como el 2×1, desde la asunción de Macri no han parado de ensayar un avance sobre las conquistas en materia de Derechos Humanos. Este es un nuevo caso, la lista de reclusos a poner en libertad incluye a personajes tan terribles que generan escalofríos: Alfredo Astiz (entregador de uno de los grupos fundadores de Madres de Plaza de Mayo), el Tigre Acosta (que comandó el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada), Von Wernich (capellán del ejército, responsable directo de varias torturas y asesinatos), etc.

El macrismo piensa lo que aún no se anima a decir en público: los genocidas son héroes a los que habría que condecorar. Para opinar así tienen sobrados motivos. Para ellos, la dictadura militar fue un régimen que vino a salvar sus bolsillos, sus cuellos y ante todo el sistema de explotación capitalista. Los 70’ vieron surgir a una generación de luchadores obreros y populares que pusieron en cuestión al régimen político y social en el que un puñado de ricos viven del sudor y la sangre de las amplias mayorías.

El de Macri es un gobierno directo de ese puñado de “dueños de la Argentina”, sin mayores intermediarios políticos o militares. Liberar a los genocidas es para ellos una cosa de principios, una deuda histórica con sus perros de caza. Sin embargo, no les ha resultado nada fácil ponerlos en práctica. Hace ya dos años que vemos un permanente zigzagueo de avances y retrocesos en este punto. El 2×1 fue el intento más categórico de darles impunidad a estos personajes, intento que fue derrotado por la movilización en las calles. Lo concreto es que el macrismo quiere pero no puede. Al ser un gobierno de base electoral, que sufre la presión de la calle (aunque menos que otros), no puede simplemente tomar una medida tan antipática sin correr el riesgo de liquidar una enorme parte de su caudal político.

Macri quiere aparecer como sí no tuviera una opinión al respecto. Obviamente la tiene: los militares se hicieron cargo de que la deuda privada de los Macri (170 millones de dólares) pasase a ser parte de la ya grande deuda del Estado. ¿Quién no estaría agradecido? El problema es que no puede decir lo que piensa. El repudio generalizado a los genocidas es tan grande, la fuerza de la movilización ha conquistado tanto, que las fuerzas represivas argentinas han perdido el enorme peso que supieron tener. Para los parámetros internacionales, las FFAA argentinas son particularmente débiles. Esa es de por sí una gran conquista. La otra es haber alcanzado a juzgar y condenar a muchos de los responsables del genocidio. Recordemos que, mientras Pinochet murió en prisión domiciliaria habiendo gozado de una impunidad casi total, Videla murió en el solitario baño de su celda.

Entonces, para no quemarse los dedos, el gobierno deja pasar algunos gestos ideológicos y prácticos para avanzar en la política de impunidad cuidándose de poner en riesgo la imagen de sus principales figuras. Hace poco se habilitó al Ejército a homenajear a sus “caídos” en “la lucha contra la guerrilla”. Una parte del Poder Judicial trata de forzar las cosas pero rápidamente retroceden. Funcionarios de menor rango se arriesgan a emitir opinión, a veces para “tantear el terreno”, a veces por falta de cintura política. Elementos de la “sociedad civil” afines al macrismo, como los diarios La Nación y Clarín, hacen apología ideológica de los genocidas como parte de este clima reaccionario. Figuras cada vez más nefastas como Fernández Meijide (que se para en la “legitimidad” de ser madre de un desaparecido) hacen lo propio. Quieren instalar que “no fueron 30 mil”. Recordemos que este número es una aproximación construida frente al indiscutible hecho de que la represión fue clandestina, de que no hay listas oficiales de sus víctimas. En lugar de cuestionar a quienes luchan por Justicia, podríamos discutir por qué los responsables siguen muriendo sin decir una palabra sobre quiénes fueron sus víctimas y cuál fue su número total. Quieren convencernos de que la cárcel común a los “viejitos” es “venganza”. Venganza es “ojo por ojo”, pero a esta inmundicia humana nadie los torturó, ni los violó, ni los volvió a torturar, ni los fusiló, ni los arrojó a un río desde un avión, ni les robo la identidad. La cárcel común a los genocidas no es venganza, apenas si es Justicia.

En suma, algunas instituciones estatales y no directamente estatales intentan ser consecuentes con la política de impunidad oficial mientras el gobierno no se atreve a ir hasta el final… aunque quiera hacerlo. Ese es el “por qué” de sus constantes avances y retrocesos. La conclusión es clara: para garantizar que haya Justicia hay que aprender de los luchadores de las últimas cuatro décadas, hay que seguir movilizados, no hay que dejar pasar ni una sola provocación sin responder. Debemos convertir cada intentona en una crisis para el macrismo. Por eso, este 24 de Marzo es una nueva cita de honor. Hay que seguir llenando las calles contra la política de impunidad de Macri.

Te invitamos a marchar con el Nuevo MAS este sábado a las 14hs. desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, y en todos los puntos del país.

 

 

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