Comenzó marzo y parece que el reloj político, que después de diciembre estaba en cámara lenta, está empezando a acelerarse.

La mayoría de los actuales conflictos no son tan nuevos como parece, en gran medida por el aislamiento al que nos tienen sometidos los medios de comunicación oficialistas, pero con marzo llegan las paritarias docentes y se abre el juego a todos esos sectores del ámbito público que tanto se esfuerzan por ocultar.

Llegamos al tramo final del tercer trimestre con una ola masiva de ajuste de la mano de Macri y Vidal. A nivel provincial arrancamos en el Hospital Posadas con el despido arbitrario de 122 trabajadores y trabajadoras (en su mayoría personal técnico y de enfermería) por el simple hecho de haberse negado a cambiar su contrato por uno más precario o, en el caso particular de los enfermeros, por defender su derecho a no trabajar jornadas de 12 horas. Luego, acompañado de la oferta irrisoria del 15% de aumento salarial, la noticia del cierre de escuelas rurales e insulares que no sólo deja a los docentes sin trabajo sino también, en muchos casos, a los chicos y sus familias prácticamente aislados.

A nivel nacional estamos asistiendo al desguace de organismos estatales de Ciencia y Tecnología encargados de asuntos regulatorios como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Respecto del INTI, suman 258 las y los trabajadores despedidos, en su mayoría jóvenes. La perversidad de estos despidos incluye, por ejemplo, la expulsión de parejas enteras, hecho que deja sin sostén económico alguno a sus respectivas familias. Y por supuesto -no podían faltar- los despidos en el CONICET, este año con una nueva perlita: el incumplimiento de la ley que impide la discriminación etaria en los otorgamientos de becas y cargos en el organismo[1]. En suma, habría por lo menos[2] 822 despedidos: 411 investigadores “doblemente recomendados”, es decir, personas que fueron evaluadas positivamente por ambas instancias de evaluación para su ingreso a carrera pero que, por el ajuste, quedaron afuera. Y por otro lado, 411 “pendientes” -o investigadores que, pese a la mencionada ley, no fueron contemplados en las evaluaciones por tener más de 35 años, quedando por lo tanto excluidos, en una situación de lisa y llana incertidumbre-.

En reuniones con funcionarios del Ministerio de Ciencia y Técnica y de CONICET, que sostuvimos desde distintas organizaciones como Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), de la cual algunos compañeros del Nuevo MAS formamos parte desde el conflicto del año pasado, las autoridades nos admitieron complacientemente que esperan acciones legales por el incumplimiento de la ley contra la discriminación etaria. También nos dijeron que sólo habría 60 ingresos disponibles para repartir entre los 411 pendientes y aquellos otros tantos con pedidos de reconsideración; algo así como una curita para un paciente con hemorragia.

La respuesta de las autoridades al reclamo de los pendientes fue: que se postulen nuevamente este año y allí serán evaluados como corresponde. Eso sí, como este año no los evaluaron no tienen el recurso que tienen los que sí lo fueron, no poseen el dictamen de ninguna comisión, no saben si su trabajo debe ser mejorado o presentado en una comisión distinta; en síntesis, corren “en desventaja”. A esto se suma la posibilidad de que se aplique un nuevo criterio de discriminación, ya no por edad biológica sino por “edad académica”: es decir, una nueva arbitrariedad en la definición de los criterios de ingreso a planta.

Pese a que el año pasado anunciaron el PRIDIUN[3] como el medio de articulación por excelencia entre ciencia y universidad, las autoridades ahora aclaran que fue “una excepción” y que no está previsto generar nuevos cargos en las universidades para absorber a los compañeros despedidos.

La situación se vuelve aún más acuciante para los 90 compañeros y compañeras cuyas becas finalizaron en marzo y a partir de abril se quedan sin ingresos. Algunas de estas compañeras son madres y la patronal se niega a extenderles la beca por los 100 días de licencia, como deberían. Perpetuando la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres dentro del sistema[4].

Por esta y otras razones, el próximo viernes 9 de marzo convocamos a una nueva concentración en el Polo Científico frente al CONICET. Para que prorroguen las becas a los 90 compañeros despedidos, y se solucione la situación de los pendientes y de los dobles recomendados. ¡Es necesaria una masiva concentración frente a las puertas del organismo contra el ajuste del gobierno nacional en el sector científico!

Sin embargo, como el ajuste no se da en un sector sino en todos, la única salida posible es luchando en las calles, en unidad con los trabajadores y trabajadoras de todos los conflictos en curso, y arrebatándole el control a las burocracias traidoras como la de UPCN en INTI, o ATE Morón en el Hospital Posadas, y a aquellas otras que no acompañan las medidas de fuerza de los trabajadores.

 

¡No a los despidos en el CONICET!

¡En el INTI no sobra nadie!

¡Todos con la lucha del Posadas!

El 9 de marzo, todos al CONICET

 

Naty F.

Becaria Agencia

Científicos del Nuevo MAS

[1] Ley 27.385 sancionada en Septiembre del 2017. Publicada en el Boletín Oficial del 3 de Octubre de 2017.

[2] Decimos “por lo menos” dado que existen también otros compañeros mal evaluados, siendo en otros casos “simplemente” recomendados por las instancias de evaluación.

[3] PRIDIUN es el programa que se creó el año pasado en el cual los despedidos del CONICET obtuvieron un cargo de JTP en distintas universidades nacionales, pese a que solucionaba el punto del desempleo las condiciones eran de absoluta desventaja en cuanto a salario, estabilidad laboral y continuación de la investigación de los afectados.

[4] En CONICET (pero no en Agencia) está contemplada la licencia de 100 días por maternidad y se puede pedir prórroga de la beca para compensar esos meses. Pero, a las mujeres que fueron madres no se les contemplan instancias de evaluación separadas y si pretenden acceder a concurso deben presentarse en la misma convocatoria que el resto por lo cual son evaluadas con 100 días menos de trabajo. Además, una vez que se adjudica el cargo o la beca, la prórroga se anula. Estas circunstancias han empujado a más de una mujer a no tomarse toda la licencia que le correspondía.

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