Gustavo Arribas, jefe de la AFI designado por el gobierno, está siendo investigado por la justicia por recibir más de medio millón de dólares en coimas de parte de Leonardo Meirelles, un operador financiero brasileño, quien confesó haber pagado esas coimas en el marco de la famosa causa del Lava Jato en Brasil. El 31 de marzo el titular de la AFI fue sobreseído en tiempo récord por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en un muy inconsistente fallo que planteaba la falta de acusaciones contundentes y que las presuntas acciones habían sucedido en Brasil, “por lo que el tribunal carece de jurisdicción”.

Aunque este intento de garantizar la impunidad del funcionario no pudo terminar de tapar la olla. El escándalo generó tensión incluso en las propias filas de Cambiemos, con Carrió exigiendo explicaciones a Macri y una investigación que sigue hasta hoy y que amenaza con tirar abajo el discurso anticorrupción del gobierno.

El caso Arribas es la primera ocasión en que un alto funcionario del macrismo es denunciado en la investigación por corrupción realizada por autoridades brasileñas conocida como Lava Jato, que ya había involucrado a varios altos funcionarios de varios países de Latinoamérica.

Víctor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, un oficial de la Policía Federal, declaró que Arribas había recibido 850.000 dólares del esquema en una cuenta bancaria argentina a través de una transferencia vía Hong Kong.

Milton Fornazari, el oficial que lidera la Operación Descarte (tramo del caso Lava Jato), declaró que las autoridades brasileñas esperaban obtener más información sobre los negocios de Arribas después de que se realizaran una serie de allanamiento el jueves.

Funcionarios de la oficina anticorrupción de Argentina se negaron a hablar públicamente sobre Arribas, en un claro intento de proteger corporativamente la impunidad entre las filas del oficialismo.

Estos escándalos que involucran a personas muy cercanas a Macri no podrían no salpicar al presidente, menos en momentos donde la popularidad de Macri está en caída libre en las encuestas, problema que preocupa de sobremanera a Cambiemos.

La supuesta lucha contra la corrupción K ha servido como coartada fenomenal al macrismo en el primer tramo de su mandato. Ante el agotamiento del modelo anterior, un nuevo relato impulsado por las usinas adictas a Cambiemos (léase Clarín, La Nación, TN, etc…) fue explotado hasta el hartazgo para justificar la difícil situación económica argentina, quitándole la responsabilidad a Macri y tapando de esta manera las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno.

El guión podría resumirse más o menos de la siguiente manera: “El gobierno anterior impulsaba un modelo ‘populista’ donde los vínculos del Estado y la empresa privada generaron un gigantesco entramado de corrupción sindical, estatal y política. Eso generó un increíble déficit fiscal y el derroche de los recursos de la nación. El país está quebrado y lo que se necesita es un gobierno que reduzca el déficit achicando el Estado, que combata la corrupción y que permita el impulso del emprendedorismo privado sin mediaciones, al tiempo que se normaliza el país, volviendo al mundo (terminando con las políticas proteccionistas) y se abre la llegada de la aclamada lluvia de inversiones externas.”

Por supuesto que los graves hechos que salieron a la luz y desnudaron la corrupción del kirchnerismo son bien reales (casos como el de López o De Vido por poner algún ejemplo), pero Cambiemos está lejos de tener las manos limpias. El escándalo de los Panama Papers y las cuentas offshore de Macri fueron un rayo en el cielo sereno en su momento, pero que el gobierno pudo sortear gracias al apoyo de todos los medios de comunicación y de la moderación de la oposición K que, temerosa de un avance aún más duro contra ellos, se contuvieron de llevar la campaña contra la corrupción M hasta las últimas consecuencias.

El caso del “blanqueo” de capitales por parte de gente muy cercana al presidente también  muestra lo involucrado que está el macrismo en negocios turbios. Los empresarios pudieron “legalizar” plata que tenían escondida a las miradas del Estado, sin castigo ni multa de ningún tipo. Gente muy cercana al gobierno e incluso el propio hermano de Macri se beneficiaron blanqueando millones. Con una impunidad insólita, el gobierno impulsó de esta manera una ley para blanquear sus propios casos de corrupción.

La corrupción tiene dos lados del mostrador, quienes reciben las coimas (el Estado) y quienes las pagan (los empresarios involucrados), a este segundo lado del mostrador están más acostumbrados los CEO, gerentes y empresarios que hoy son parte del gobierno de Cambiemos. Ahora, con las palancas del poder político, se las rebuscan para garantizar su impunidad. Poco se puede esperar de la justicia que, siendo parte del Estado capitalista, también tiene intereses en defender este sistema de explotación y opresión donde unos pocos viven a costa de la mayoría.

Sólo desde abajo, por parte de los explotados y oprimidos, puede surgir una respuesta efectiva para acabar con la corrupción. Un gobierno de la clase trabajadora que defienda los intereses de las mayorías populares, que acabe con la clase capitalista que nos gobierna, explota y utiliza todas las ventajas del poder político para su propio beneficio.

Facundo M.

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