Luis Chocobar asesinó cobardamente por la espalda. Los videos son un testimonio indiscutible. Sin embargo, la política oficial del Gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, es instalar un clima de completa arbitrariedad e impunidad al accionar represivo, “una nueva doctrina” penal: la policía ya no es responsable de un “enfrentamiento”. El uso de esa palabra es una completa estafa. No hubo enfrentamiento. Juan Kukok fue asesinado por la espalda, primero con un tiro que lo dejó en el piso, después con dos disparos más con los que Chocobar lo remató. Las palabras de Patricia Bullrich en una entrevista en la radio (Radio con Vos, con Ernesto Tenembaum) son una brutal declaración de intenciones poco comunes en una “democracia”.

Toda la legislación penal vigente, que puede ser usada por los de abajo como forma de defenderse frente a la brutalidad estatal, tiene por principio el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Aún más, en teoría la pena de muerte no es legal. La nueva “doctrina” no tiene necesidad de pasar por el Congreso, ni siquiera por un decreto. El Gobierno nacional está haciendo campaña para que la policía pueda matar sin consecuencias. La política macrista es legalizar la pena capital de hecho, sin molestos debates parlamentarios de por medio. Más aún, el derecho a un juicio justo es virtualmente eliminado. La policía ya no es más un “brazo de la Justicia” (ni siquiera en teoría), se erige en tribunal, juez y verdugo sin la mediación de ley alguna.

“En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su Policía. No al revés” nos dice Bullrich. En realidad, el sólo concepto de “presunción de inocencia” implica que el Estado no puede ejecutar ninguna pena hasta que se haya pasado por un juicio. Esto es así en la doctrina penal desde las primeras repúblicas burguesas. Si la presunción de inocencia es para la policía, retrocedemos al siglo XVIII en cuanto a derechos adquiridos.

“Está mal encuadrado el caso. Es una acción de cumplimiento de deber de funcionario público”. Para Bullrich, matar a alguien por la espalda es el deber del funcionario público.

“Nos enfrentamos contra delincuentes que no tienen ningún problema en matar policías. A partir de esto, consideramos que el Presidente de la Nación lo que hace es avalar esta idea en la figura de Chocobar. Así lo hicimos también en otros casos donde se demostró que la verdad estaba del lado de lo que habíamos dicho, como en el caso Maldonado.” La mención referente a Santiago es lisa y llanamente siniestra. La mentira oficial, lamentablemente instalada, de que el compañero habría muerto ahogado, como si de un accidente común se hubiera tratado, es usada aquí para defender no solamente el asesinato discrecional, sino también la desaparición de personas. No puede ser casual que la Ministra tenga por Jefe de Gabinete a un abogado de genocidas. Es un mensaje peligroso para todos los que salgan a luchar por sus derechos: la “nueva doctrina” es que pueden ser desaparecidos y muertos impunemente.

 

“En la Argentina se discute a la pistola taser. Este es un buen momento para decidir que la policía tenga un arma letal y un arma que en el 97% de los casos no es letal, como la taser.” Ningún funcionario público de ningún Gobierno se ha atrevido a decir algo así desde 1983. La pistola Taser ha sido denunciada por varios organismos internacionales y de DD HH como un instrumento de tortura. Nadie había legitimado la tortura desde la dictadura militar. La pistola Taser funciona a través de descargas eléctricas a la víctima, una especie de “picana” de la democracia. Estas palabras no son más que una justificación de la tortura, que pretenden legalizar más temprano que tarde.

“No voy a dejar que se construya la doctrina de que el delincuente es la víctima. Es una política pública y punto. Es así.” Nadie puede discutir tampoco si se trata en efecto de un delincuente porque no hay juicio, Patricia Bullrich nos da la garantía de que no existe la brutalidad policial. “Y punto”.

La eliminación del derecho a un juicio justo, la legalización de hecho de la pena de muerte, la pasada por alto de la presunción de inocencia, la completa impunidad para las fuerzas represivas, la justificación de la tortura, la propaganda para justificar una desaparición seguida de muerte. Nada de esto suena a una Ministra de Seguridad de la “democracia”. Patricia Bullrich hubiera sido una digna funcionaria del Gobierno de Videla.

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