Por Fernando Dantés

“Nadie piensa ahora en las figuras pálidas y tristes que suspiran tras los barrotes de la prisión por haber violado las leyes ordinarias. Sin embargo, también ellos son víctimas desgraciadas del orden social infame contra el cual se dirige la revolución…

La justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas. Los especuladores que ganaron millones durante la guerra han sido absueltos o han recibido penas ridículas. Los ladronzuelos, hombres y mujeres, han sido sancionados con severidad draconiana.”

Rosa Luxemburgo

El caso Chocobar ha tomado mucha relevancia por motivos que trascienden al caso puntual. El macrismo tomó una posición de defensa cerrada del policía que le disparó por la espalda a un ladrón común. Por la espalda. Mientras corría. “Esto es ratificar una mirada que tiene nuestro Gobierno de que las fuerzas de seguridad no son las principales culpables a partir de un enfrentamiento” dijo Patricia Bullrich. ¿Enfrentamiento? ¿A qué se enfrentaba Chocobar? ¿A la peligrosa visión de la columna vertebral de Juan Kukok alejándose velozmente a diez metros de distancia? ¿O a los irritantes gemidos del ladrón después de recibir el primer disparo, caer al piso y ser rematado por el policía?

En Argentina no existe la pena de muerte. Para resolverlo, el macrismo no tuvo que pasar por el Congreso, ni siquiera apelaron a un DNU. Recibiendo a Chocobar, apoyándolo públicamente, reconociendo que sabían desde el principio que le disparó a Kukok por la espalda, instalaron automáticamente un clima de absoluta impunidad para la policía. Tratan de darle luz verde a las fuerzas represivas para matar. Es claramente una política muy peligrosa: tratan de instalar la pena capital de hecho. No está de más señalar que semejante impunidad a los asesinos de uniforme es una peligrosa espada de Damocles para las luchas de los trabajadores.

“Juicio justo”

Los marxistas hemos denunciado siempre que “la igualdad ante la ley”, bajo el capitalismo, es prácticamente una ficción. Están quienes pueden pagar su propio buffet de abogados y quienes no, están los que son de la misma condición de clase que los jueces y quienes no, los que pueden esperar el resultado de un juicio por años y archivarlo y los que no. Sin embargo, hay ciertas “garantías” legales que son una conquista democrática de los oprimidos. El derecho al debido proceso y la presunción de inocencia lo son. Históricamente, la ley ha sido siempre una expresión de cruel y arbitrario despotismo de las clases dominantes. Las instituciones “republicanas”, que incluyen las formas democráticas en lo político y las garantías legales para los de abajo en lo penal, fueron necesarias para crear una forma de dominación disfrazada, parte de la búsqueda de ganarse a las masas populares para los objetivos de la nueva clase dominante, la burguesía. Más allá de toda consideración histórica, la realidad es que las “garantías” legales que hunden sus raíces en las primeras revoluciones burguesas siguen siendo una conquista de los de abajo, una herramienta para defenderse, por más trucada que esté por la democracia capitalista. La política macrista tiene por objetivo cercenar esos derechos lo más que puedan.

Tal vez el documento más conocido, uno de los grandes hitos históricos en este asunto, sea la “Declaración de los derechos del hombre” de la Revolución francesa. En cuanto a los aspectos “penales” era una medida defensiva por parte del “Tercer Estado” frente a la completa parcialidad de casta de los tribunales de la monarquía absoluta.

Por supuesto que la clase capitalista ha pasado por encima sistemáticamente de estos “principios” cuando lo consideró necesario. La historia de las muy “republicanas” dictaduras militares en nuestro país lo atestigua. Parte necesaria de su política represiva era hacer desaparecer de un plumazo lo poco que hay en las leyes que puede ser usado por los trabajadores a su favor.

Salvando las enormes distancias (Macri está muy lejos de parecerse a la monarquía francesa y a las dictaduras militares), este Gobierno está mostrando una cara represiva poco disimulada. Su posición es que la policía (su policía) puede matar a discreción. Chocobar debe sentirse como todo un James Bond.

La policía

Cuando decimos que las fuerzas represivas están formadas con un marcado carácter de clase, no lanzamos nuestras afirmaciones al viento. Por más que muchos de sus miembros provengan de los sectores populares, su formación y disciplinamiento pasan por el enfrentamiento y el odio a los sectores populares en general. Todo lo que no convenga a las clases dominantes es para ellos básicamente lo mismo, sea el robo, las huelgas o las manifestaciones. Porque ese es en definitiva su rol.  Es más que la represión y más que el crimen. Es sostener, contener, todos los resultados de este sistema. La lucha de clases es uno de ellos. La criminalidad también: la existencia de generaciones enteras que vegetan en una existencia completamente inestable, sin garantía de sostener la propia existencia, no es algo natural que caiga del cielo, como la lluvia. La mentalidad creada por esa realidad, su dinámica social interna, son a su vez un reproductor del crimen común. Y las víctimas de éste son, por supuesto, los propios trabajadores.

La policía debe así ser formada en el odio irracional a todo lo que salga de lo “socialmente aceptable” para los ricos, siendo ellos los únicos responsables de las violentas relaciones sociales que son cotidianas en cualquier ciudad moderna. Recordemos los casos de los policías que reprimieron las jornadas de diciembre. El que pasó por arriba con su moto (¡dos veces!) a un manifestante decía en su Facebook: “mato terroristas villeros”. El que roció con gas pimienta a un jubilado en plena cara compartía himnos nazis. Toda una postal de la mentalidad de las fuerzas de seguridad.

Pero hay más. La policía se alimenta del crimen, no puede existir sin él, depende de él. Está inmersa hasta la frente del contexto social que le da vida, el de la delincuencia, la violencia, la pobreza. No puede ser inmune a ese clima. Toda su vida pasa por él. No tiene contrapeso. En una sociedad basada en el enriquecimiento a costa de otros, cuyos principales ladrones son a la vez los dueños de la sociedad… ¿Quién puede dudar de que la policía hará sus propios negocios? El actual presidente tiene múltiples causas por corrupción, por llenarse los bolsillos a costa del Estado ¿Por qué un policía, sin esa visibilidad, no haría lo mismo? La realidad es que las fuerzas policiales son uña y carne del crimen organizado. La trata y el narcotráfico no podrían existir sin su amparo. No se trata de debatir la honestidad de los policías individuales: aunque el 90% de ellos estuviera “limpio”, la institución como tal está podrida hasta los huesos.

La pena de muerte

En 2016, el Estado de Carolina del Sur decidió revisar el caso de George Stinney Jr. Parece que era inocente. En 1944 fue preso acusado de asesinar a dos niñas blancas. Él era negro y tenía 14 años. Su juicio duró dos horas y el dictado de la sentencia, diez minutos. La familia estaba escondida por miedo. En la silla eléctrica pusieron varios libros gruesos para que su cabeza llegue a los electrodos. El tribunal que lo declaró culpable estaba compuesto exclusivamente por blancos, el juez que lo sentenció era blanco…

Dejar en manos del Estado capitalista el derecho a asesinar tiene ejemplos de ese tipo. El Estado, la justicia y la policía defienden el orden de la clase dominante. Estados Unidos tiene la particularidad de que el racismo es parte de su orden desde los inicios mismos de ese país. Pero el ejemplo cuenta: dejar en manos de semejante gente el derecho a matar es realmente muy peligroso.

Patricia Bullrich fue clara: “Este caso ratifica una mirada que tiene nuestro gobierno: las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento. Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la Policía. Y estamos construyendo una nueva doctrina…”. Se trata de una “doctrina” que es peor incluso que la de los países donde existe la pena de muerte. Al menos allí, antes de impartirla, es necesario un juicio. La política de Macri y Bullrich es que la policía puede matar sin juicio, sin derecho a la defensa. Los fascistas uniformados celebran.

“Liberar tiburones, atrapar sardinas”

Mientras el macrismo felicita a Chocobar por “estar al servicio de los ciudadanos” por asesinar a un pibe por la espalda, el genocida Etchecolatz está prácticamente libre. Mientras un organizador sistemático de secuestros, violaciones, desapariciones y asesinatos es liberado, instalan un clima de linchamiento para quienes son incómodos para los empresarios que dirigen el Estado. Esa es la “doctrina” de Bullrich.

Y esto no termina con los “ladronzuelos”. Para ellos, un obrero que ocupa una planta, un docente que corta una calle, cualquier víctima de esta sociedad, es un “criminal”. No así los responsables de 30 mil desapariciones y asesinatos. Para Massot, que es parte de una familia cómplice de genocidas y diputado de Cambiemos, es necesaria una “reconciliación”. Palabra elegante para la impunidad. Ahí está el mayor peligro de la política macrista. Dejar pasar la “doctrina” de Bullrich es un mensaje claro: la policía puede hacer lo que quiera impunemente con quienes se organicen para enfrentar los ataques del Gobierno a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.

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