El nuevo “consenso fiscal”

El gobierno nacional se anotó un poroto bien grande con la firma de un acuerdo fiscal de amplios alcances con la casi totalidad de los gobernadores provinciales (sólo quedó afuera San Luis). El macrismo, eufórico, habló de un pacto “histórico”, y si bien dicho así es una exageración, es cierto que representa un convenio que cierra conflictos de larga data y propone nuevos criterios en la relación entre la Nación y las provincias. Lo que falta agregar a eso es que se trata de uno de los pactos fiscales más regresivos, antipopulares e inequitativos de las últimas décadas, y que si algo pasará a la historia será el papel miserable de los gobernadores de todos los partidos del régimen, que traicionaron escandalosamente a sus gobernados por mucho menos que un plato de lentejas.

El acuerdo es ganancia pura, económica y política, para el gobierno nacional, que logra varias cosas a la vez. Primera, asegurarse un tránsito cómodo del paquete de reformas fiscales y previsionales por el Congreso. Segundo, no cargar solo con el eventual costo político de las medidas, que son compartidas y avaladas por 23 gobernadores. Tercero, avanzar en criterios de ajuste fiscal en varios planos –desde la coparticipación hasta los impuestos provinciales y municipales, pasando por las tarifas–, que además se espera que signifiquen un cambio duradero de las reglas de juego. Como advirtió Macri, “esto que estamos firmando es para cumplirlo”.

Veamos, punto por punto, las principales bombas que Macri piensa detonar sobre la población con el apoyo de los genuflexos mandatarios del interior.

Federales y unitarios, todos contra el pueblo

Vayamos por orden. Lo primero que buscó asegurar Macri, tema en el que no hubo la menor oposición, fue la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como ya nos hemos referido a ella oportunamente, sólo recordaremos su sentido principal, que es muy clarito: congelar durante años el gasto público provincial en términos reales, es decir, sólo podrá ajustarse por inflación. No hace señalar lo que esto implica en términos de empleo público (achique permanente) e inversión en obras (dependerán cada vez más del Estado nacional, cuya cabeza les pedirá a cambio más favorcitos como éste). Aunque el tema no se llegó a negociar en la reunión de Macri con los gobernadores, la responsabilidad fiscal abarcaría incluso a los municipios, que verían reducida su capacidad de generar ingresos propios, por lo que replicarán con los gobernadores la misma relación de vasallaje que éstos tendrán con la Nación.

También quedó resuelto que las provincias renunciarán a todos sus reclamos judiciales contra la Nación por fondos de coparticipación, por un total de 340.000 millones de pesos. Lo increíble es que los gobernadores (salvo el de San Luis) aceptan desistir de esos juicios a cambio de una compensación comparativamente miserable: un bono de 80.000 millones de pesos (menos de la cuarta parte de lo reclamado) que se repartirán, conforme a las mismas proporciones de la coparticipación ¡a lo largo de 11 años! con una tasa del 6%. Por supuesto, para recibir estos pesos flacos más los no tan flacos del Fondo Sojero, es condición ineludible firmar el acuerdo fiscal… y cumplirlo.(1)

Ya mencionamos en una nota anterior que la provincia de Buenos Aires es un caso aparte por el conflicto de décadas del Fondo del Conurbano, que ahora se salda con una mirada “estratégica”: 120.000 millones de pesos entre este año y 2019, para que Vidal viva tranquila y Macri disponga de plata para obras en su campaña por la reelección.

Habrán notado que Buenos Aires sola se lleva en tres años un 35% más que todas las demás provincias juntas en 11 años. Pero ni ese hecho, que basta por sí solo para demostrar el carácter brutalmente centralista y antifederal del acuerdo, ni varios otros, como la creciente injerencia del Estado nacional en decisiones y atribuciones provinciales de orden impositivo, hicieron la menor mella en la gruesa y entreguista piel de los gobetraidores. Todos salieron de la Casa Rosada lo más campantes y muy sonrientes. Posiblemente el colmo del escarnio haya sido la muy kirchnerista (al menos, hasta 2015) gobernadora de Tierra del Fuego, que declaró sin que se le moviera un músculo de la cara que “es la primera vez que las provincias firman un pacto fiscal en el que no se resigna federalismo”.

Sí, leyeron bien: ¡“No se resigna federalismo”, dijo la misma encargada de extorsionar, junto con Macri y la UOM, a los trabajadores metalúrgicos de su provincia para que acepten dos años sin paritarias, como resultado de una medida impositiva de la Nación que afectará el empleo provincial! Uno ya está curtido de ver traidores, entreguistas y caraduras, pero esto es como demasiado.

La frutilla del postre es el regalito “federal” que los gobernadores le hacen a los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, esto es, Capital y Gran Buenos Aires). Es sabido que, en buena medida por las relaciones de fuerza establecidas desde diciembre de 2001 respecto de las empresas de servicios privatizados, las tarifas de luz, gas y transporte son sensiblemente menores en el AMBA que en el interior. Pues bien, varios gobernadores (encabezados por el cordobés Juan Schiaretti, por qué no vamos a botonearlo) insistieron, para beneplácito del gobierno nacional, en que la Nación se comprometa a “eliminar subsidios diferenciales en energía para 2019, y en el transporte para 2021”.

Se entendió, ¿no? Lo que estos miserables pretenden es nivelar para el lado del ajuste: que todos los trabajadores paguen las tarifas tan caras como en el interior, sin hacer excepciones como tributo a la lucha de clases. El “federalismo” lo pagan los trabajadores con tarifas mucho más caras, mientras que corre el unitarismo y centralismo más furiosos para darle plata a Vidal para obras electorales.

 

La burla del “plus por crecimiento del PBI”

 

Pero no seamos tan injustos con los gobernadores, que al menos en un punto se mantuvieron firmes: querían modificaciones al proyecto de ley que modifica el cálculo de las jubilaciones, porque les parecía un poquito confiscatorio y, después de todo, ellos tienen que votarlo en el Congreso a través de los senadores y diputados que les responden.

Fue así que le “arrancaron” al macrismo, en ese terreno, dos “concesiones”. Agárrense. Ahí va la primera: más allá del cambio de fórmula, las jubilaciones deben ser como mínimo el 82% del salario… ¡pero del mínimo, vital y móvil! Hagamos cuentas rápido. Hoy la jubilación mínima, después del aumento de septiembre, es de 7.246 pesos. El salario mínimo vital y móvil actual, y hasta enero de 2018, es de 8.860 pesos. Pregunta fácil con calculadora a mano: ¿cuánto es el 82% del actual SMVM? Respuesta fácil: 7.265 pesos. Sí, exactamente 19 pesos más. ¡Menos mal que están los gobernadores para defender a los jubilados!

Ah, y ese 82% será sólo para los que tengan acreditados 30 años de aportes efectivos. Los que se jubilaron con alguna de las moratorias porque trabajaron en negro y no llegaban a 30 años de aportes se quedan fuera del aumento, con lo que de hecho tendremos no uno sino por lo menos dos valores distintos de haberes mínimos, que además se irán diferenciando más con el correr del tiempo.

Pero esto es suficiente para nuestros valientes, que además le piden al gobierno que “garantice aumentos de las jubilaciones por encima de la inflación”, como para que parezca que no joden tanto a los jubilados con la nueva fórmula. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues accedió, haciendo gala de su generosidad habitual. Así, al 5,2% que corresponderá de aumento en marzo –como ya señalamos, el cálculo se basa en la inflación vencida de seis meses atrás– Macri sugiere agregar… un 5% de lo que haya crecido el PBI.

Parece una cuenta rara, pero es muy simple. Si el PBI de 2017 aumenta, digamos, un 3%, los jubilados recibirán un 5% de ese 3%. Es decir, el 0,15%. Y el 0,15% de la jubilación mínima son $ 10,87. A ver: 10 pesos con 87 centavos. Entre Macri y los gobernadores, el “aumento de las jubilaciones por encima de la inflación” le va a ganar al INDEC por algo menos de 30 pesos. Un litro de leche.

Claro, es una burla. Parece que hasta en el gobierno se dieron cuenta, y es por eso que como parte de la “negociación” en el Congreso, el bloque de Cambiemos ya dio señales de que está dispuesto a ceder en aras del diálogo. Por ejemplo, parece que “hay margen para negociar el plus sobre el PBI. Se reconoce puertas adentro que el primer clima cosechado entre la oposición legislativa es de rechazo absoluto, y que la idea del 5% sobre el crecimiento del PBI no fue tomada muy en serio. (…) Si la Argentina creciera un 4% el próximo año, el aumento por el plus sería de 20 pesos; contra los casi 300 pesos que perderán los jubilados si se aplicara [la nueva fórmula], se hace imposible la comparación. Lo que hará el gobierno es mejorar la oferta porcentual del plus. Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% sobre el crecimiento del PBI aproximadamente), lo que aún no garantizaría el indispensable aval opositor” (C. Burgueño, Ámbito Financiero, 22-11-17).

 

El primer paso de una estrategia

 

Pero dejemos ya el tema de la insólita generosidad de Macri y sus amiguitos gobetraidores, que sumando todos sus esfuerzos van a “aumentar” las jubilaciones 60 o 70 pesos “como máximo”.(2) Lo relevante, en el fondo, es que, tal como se sospechaba desde las elecciones, todos los partidos del régimen están de acuerdo en que a Macri hay que darle carta blanca para ajustar.

Y en el caso de la reforma tributaria-previsional, la principal variable de ajuste será el salario social: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares. De allí saldrá el 70 u 80% del monto total de ahorro fiscal.(3) Lo demás es chico y negociable con tal de que salga lo otro. Por dos razones: una, porque es el monto mayor involucrado, y la otra, porque lo que está en juego es una modificación futura de todo el esquema previsional argentino.

No se trata sólo de medidas ya irritantes como el aumento “voluntario” de la edad jubilatoria a los 70 años. Digamos, de paso, que con el deterioro brutal que sufrirán las jubilaciones actuales y futuros, está por verse cuán “voluntaria” será esa decisión de seguir trabajando. Incluso más grave que eso es el plan de fondo: ir volviendo, de a poco, de un sistema que es hoy puramente de reparto y estatal a uno cada vez más mixto, menos estatal y con menos reparto y más capitalización individual.

Parte de ese operativo ideológico, político y económico es un reciente y “oportuno” estudio del Centro de Investigación de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Sus conclusiones apuntan, con el púdico nombre de “Sistema Mixto Sustentable”, a la idea de modificar el valor de la jubilación considerando dos cosas: “el aumento de la esperanza de vida” y la “sustentabilidad” de la fórmula de ajuste de haberes. En resumen: le da letra al macrismo para sus planes actuales y futuros de reventar el salario social de la clase trabajadora, con la complicidad criminal de los gobernadores, legisladores y burócratas sindicales.

Marcelo Yunes

 

Notas

  1. Entre lo poquísimo que consiguieron las provincias en la “negociación” (no hay tal entre chantajistas de un lado y gente dispuesta a ser chantajeada del otro) fue un poco de gradualismo en las metas de rebaja de impuestos a Ingresos Brutos y sellos, al igual que en la convergencia de valuaciones fiscales inmobiliarias con los valores de mercado. Pero incluso estas migajas van todas en el sentido de darle a los gobernadores un poco más de tiempo y recursos para el ajuste fiscal.
  2. Este “máximo” irrisorio es tanto más indignante cuanto que el proyecto prevé, a la par de liquidar los regímenes especiales de jubilación más temprana como los de docentes y científicos, la eliminación del tope para jubilaciones máximas, que hoy es de 53.000 pesos. ¡A los jubilados comunes “no se puede” darles más de 50 pesos por aumento, pero a los jubilados de privilegio no hay problema en pagarles 70.000, 80.000 o 100.000 pesos! La lengua castellana no tiene calificativo que alcance a describir tanta infamia.
  3. Tal como nos imaginábamos en la columna de la semana pasada, finalmente el impuesto a las bebidas azucaradas parece que no va a pasar. Por ahora, lobby de Coca-Cola Company mata chantaje de ministro del Interior, incluso en el caso de gobernadores tan PRO-genuflexos como el correntino Colombi.

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