Reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, el “reformismo permanente” avanza a toda prisa. Y es en el Senado, donde el bloque oficialista tiene 18 sobre 72 miembros hasta el 10 de diciembre, la Cámara donde se espera aprobar la próxima semana, en primera instancia, el paquetazo.

¿Es magia que con el 25% del cuerpo se puedan aprobar semejantes ataques a los trabajadores? No, es la famosa gobernabilidad, altar en el que se arrodilla todo el peronismo, que luego de la indiscutible victoria electoral del macrismo, la ha colocado como dueño de la agenda política.

La reforma laboral fue acordada con la CGT. La reforma impositiva y laboral con casi todos los gobernadores (menos San Luis) a través del pacto firmado el 16 de noviembre, llamado “Consenso Fiscal”.

Allí se le aplica un golpe demoledor al ANSeS, al acordar derogar el artículo que dispone que un 20% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias sea destinado a la Seguridad Social, compensado sólo muy parcialmente con la asignación del 100% del Impuesto al Cheque (hoy recibe el 70%), lo que se suma a la baja de las Contribuciones Patronales. El Presupuesto macrista de 2018 estima en 642.000 millones la recaudación de ganancias y en 201.000 millones de Impuesto al Cheque: la Seguridad social dejará de percibir 128.000 millones por Ganancias y pasará a cobrar 60.000 millones más por Impuesto al Cheque: un neto negativo de 68.000 millones, sólo en este renglón.

Además, se establece la “adecuación del Impuesto a los combustibles” que, según el proyecto de presupuesto 2018, aportan más de 30.000 millones a la Seguridad Social, lo que supone otro golpe más, ya que no hay previsión de cómo se reemplazarán esos fondos.

Además, en referencia a las Cajas Previsionales provinciales no transferidas, se dispone eliminar las penalizaciones establecidas en el Decreto 284/2016 a las provincias que no hubiesen avanzado en la “armonización” con ANSeS (suba de edad jubilatoria y baja del haber previsional) y seguir financiando sus déficits en 2018. Dicho Decreto había establecido un régimen de asistencia  financiera a dichas Cajas Previsionales, condicionado al grado de avance de la famosa “armonización”, dándoles a las provincias un plazo de cuatro años  para igualar (a la baja) los régimen jubilatorios de las provincias con el ANSeS, eliminándose toda asistencia a partir de 2021, no importando siquiera que las condiciones jubilatorias de cada provincia tuvieran rango constitucional.

Pasado un año de ese Decreto, sin avances concretos con ninguna  provincia, el Consenso Fiscal dispone seguir financiando dichas Cajas durante 2018 (con aumentos proporcionales a las prestaciones del ANSeS) pero incorporando un artículo sobre el régimen previsional, que dispone “impulsar la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de privilegio”, que Macri ya identificó con todas las letras: cualquiera que disponga una edad jubilatoria menor (por ahora) a los 65 años. Con respecto al haber jubilatorio, no hay precisiones de cuál sería el monto “privilegiado”.

El texto de la Reforma Previsional se limita a 10 artículos. ¡Pero cuánto daño se puede hacer con poco texto! El primer artículo modifica la movilidad de las prestaciones (jubilaciones, AUH,  asignación escolar) reduciéndola, de un índice combinado de la recaudación/salarios, a un índice que sólo refleje la inflación (del trimestre cerrado seis meses antes), más un 5% del aumento del PBI. Sólo un gobierno de CEOs puede otorgar semejante burla: el PBI debería aumentar un 20% para que los jubilados reciban un 1% adicional de aumento.

El nuevo índice ajustará la jubilación en marzo de 2018 un 5,2%, mientras que el anterior lo hubiera hecho un 12%.

Continuando con su impronta, se dispone otorgar el 82% móvil… del Salario Mínimo Vital y Móvil (hoy $ 8.860*82% = $ 7.265), contra los $ 7.246 de la jubilación mínima de hoy: ¡19 pesos de aumento! En marzo de 2018, con el nuevo índice de ajuste (un 5%) la jubilación mínima se elevará a $ 7.623 y el SMVM a $ 9.500, con lo que el 82% de piso se elevará a $ 7.790: una “recomposición” de $ 167.

Los globófilos esgrimirán que en julio de 2018 el SMVM será de $ 10.000, lo que garantizará $ 8.200 de jubilación mínima, casi $ 1.000 más que ahora, como si esa jubilación futura se arrimara a algún valor que garantizara la supervivencia. Pero atención: sólo con el ajuste actual (12%) en marzo de 2018 la jubilación mínima sería de $ 8.135. ¿Tanta vuelta para llegar al mismo resultado? No, porque  semejante magnificencia alcanza sólo a quienes hayan aportado 30 años: no es para pensionados, los que se jubilaron por moratoria, tampoco para las jubilaciones de regímenes con menos de 30 años de aportes, ni para los que se jubilaron con “exceso de edad”, ni para las pensiones por invalidez o fallecimiento.

Como broche de oro, se modifica la Ley de Contrato de Trabajo al elevar a 70 años la edad en la cual el empleador puede intimar al trabajador/a a jubilarse (hoy 65 años), eximiendo al empleador y al trabajador de aportes previsionales, manteniendo sólo los aportes a Obras Sociales y ART: un chantaje para el que pueda tirar algún año más, cobrando un poco más antes de caer en jubilaciones de miseria. Aparte del componente simbólico, no menor, de empezar a establecer la jubilación en 70 años.

En definitiva, la contrarreforma previsional es un ataque directo al haber de los jubilados, dando además pasos acelerados en la quiebra del sistema público jubilatorio a través de su desfinanciamiento y sentando las bases del aumento de la edad jubilatoria.

SERGIO GURRIERI

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