“Al sistema hay que sacudirlo…. Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo…..el gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzás con las que no habías avanzado”, Esteban Bullrich, en una conferencia en la Academia Nacional de Educación  

Finalmente,  después de casi tres semanas desde su  presentación y discusión secreta con la CGT, el gobierno envió al Senado el proyecto de Reforma  Laboral.

El borrador original, de 145 artículos, se transformó ahora en uno de 130. Daer  afirma que luego del acuerdo, “la reforma laboral no toca los derechos del trabajador” y que “la integridad del derecho laboral está a salvo”. ¿Tanto con tan poco?  Con la poda de esos 15 artículos, la CGT, después de sus negociaciones a espaldas de los trabajadores, ¿logró neutralizar la brutal ofensiva  contra nuestros derechos?

El ámbito donde según el mismo Daer “el gobierno accedió a nuestros reclamos” da un poco de mala espina: nada más y nada menos que los salones de la Sociedad Rural.

La disminución más numerosa obedece al simple recurso de pasar los 10 artículos correspondientes a la baja de las Contribuciones Patronales, y la baja de 10 a 5 años de plazo por la cual el Estado puede exigir el cobro de las obligaciones de la Seguridad Social, al paquete de la Reforma Impositiva: la burocracia se desentiende así  del  desfinanciamiento premeditado del ANSeS, como si el futuro del sistema jubilatorio no afectase a los trabajadores.

¿Que tenemos entonces? Por un lado, un proyecto muy similar al original; así, no se toca una coma del Blanqueo laboral  y la baja de multas futuras por incumplimientos previsionales  patronales, la creación de los Fondos de Cese Laboral para el pago de indemnizaciones, el nuevo sistema de Pasantías destinado a precarizar a la juventud, la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud como filtro y limitación  a las prestaciones que deban brindar las Obras Sociales y el mismo Estado.

Por otro lado, en  cuanto a la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, hay algunos cambios cosméticos sobre el borrador original: la posibilidad de renunciar a derechos  consagrados en los contratos individuales, que se legalizaban en el borrador, ahora se incorpora la exigencia de homologarlos, ante el mismo gobierno que antes  los quería borrar.

En cuanto a la limitación de responsabilidad solidaria de la patronal laboral y previsional con las empresas contratadas o tercerizadas, hay un solo cambio: la limitación ahora no se aplica al transporte de carga.

En cuanto a la variación de las condiciones de trabajo, el borrador eliminaba la alternativa del juicio sumarísimo de restablecimiento; ahora se puede recurrir a la justicia ordinaria (y esperar un par de años para obtener sentencia).

En cuanto a las indemnizaciones por despido, se incorporan para su cálculo las horas extras, pero siguen excluidos el aguinaldo, los premios y bonificaciones, las compensaciones y reconocimiento de gastos.

En cuanto a la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente” que se excluye de la LCT, ahora se le agrega además del límite del 80% de sus ingresos en relación con su patronal, otro límite máximo de 22 horas semanales y pasa a llamarse “trabajador profesional autónomo económicamente vinculado”.

Los  “triunfos” de la burocracia

Ahora entramos en lo que la burocracia muestra como las “concesiones” del gobierno.

Se reformula uno de los objetivos de la ley que pasa de  “promover la liberación de las fuerzas de producción de los mecanismos regulatorios” a “promover un diálogo social tripartito con el fin de alcanzar acuerdos institucionales sostenibles”.

Se eliminaron los artículos sobre: la reducción que preveía el borrador de reducir de 2 a 1 año el plazo del trabajador para hacer reclamos judiciales, la figura del “trabajador colaborador” que quedaba excluido de la LCT cuando el empleador tuviese hasta cuatro empleados, y la potestad del Ministerio de Trabajo de quitar personerías o dar de baja del registro de Asociaciones sindicales por motivos administrativos.

Desaparece también el Banco de Horas, que permitía extender la jornada laboral hasta las 10 horas.

Pero, al final de la ley se agrega un nuevo artículo, creándose una Comisión Técnica tripartita (gobierno, patronal y CGT)  para que elabore en 90 días: 1) un proyecto de ley de diálogo social, que contemple “mecanismos e instancias institucionalizadas de diálogo” entre el gobierno, los sindicatos y la patronal; 2) un anteproyecto de ley de un régimen especial para los “trabajadores colaboradores”  (que vuelven a entrar por la ventana);  3) un anteproyecto de ley que establezca el régimen para los trabajadores económicamente vinculados.

Fiel a su estrategia, Macri resigna por ahora, el Banco de Horas. Con el resto de las iniciativas de la contrarreforma avanza a todo vapor: Blanqueo, Pasantías, Bajas de Contribuciones patronales, Limitación de solidaridad patronal con las tercerizadas, Indemnizaciones, Irrenunciabilidad,  Variación de las condiciones de trabajo, la  exclusión de centenares de miles de trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo, a la vez que crea una instancia institucional, o sea permanente, de negociación con la CGT.

Visto el resultado de las actuales “negociaciones”, nada bueno puede augurar que la CGT siga “dialogando” con el gobierno. La burocracia sindical entrega derechos históricos a cambio de sillones en distintos organismos y la ampliación de su campo de negociación con la patronal a través de los Convenios Colectivos. Queda cada vez más claro, que será la lucha en la calle, la manera de defender esos derechos, impulsando todas las medidas que permitan la más amplia unidad de acción obrera con todas las organizaciones que se han pronunciado contra esta reforma.

MARCELO BUITRAGO

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