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Corrupción empresarial y política

Por Fernando Dantés

El macrismo acaba de lograr darle un contundente golpe al kirchnerismo, que todavía se zarandea con el mareo del impacto, intentando mantenerse de pie. El desafuero de un ex ministro nacional fruto de una orden de detención es un acto político de alto impacto, no es algo que suceda todos los días. El gobierno intenta instalar así un auténtico “relato”: que “se acabó la joda”, que la justicia es “independiente” y, sobre todo, que su ajuste es culpa de la “corrupción”. Los notorios e innegables casos de corrupción durante el gobierno K se han convertido en el caballito de batalla del macrismo, en una de sus mayores “fortalezas”, con lo que han logrado confundir a buena parte de la población para convencerla de que el ajuste es inevitable.

Obra pública y corrupción

Julio De Vido es indefendible. Ricardo Jaime, Cristóbal López y tantos otros, también. En general, todas las dependencias estatales vinculadas a la obra pública son nidos de corrupción. Ni hablar del Ministerio de Planificación, la más importante de todas. Desde allí es que se ejecutan las principales obras de infraestructura que hacen la base de la economía de cualquier país capitalista: caminos, transportes, electricidad, gas, etc. Los emprendimientos de ese tipo son en general tan enormes que tienen una fuerte tendencia al monopolio; las más grandes empresas y el Estado (que tiende a funcionar como una empresa más), asociados, son las únicas en condiciones de llevarlos a cabo. Como las ganancias no compensan lo invertido sino a mediano o largo plazo, como los requerimientos de inversión son muy grandes, este es un terreno de la economía que muy difícilmente pueda ser dejado en manos del “libre mercado”; la asociación con el Estado es lo que lo hace “rentable”.

Hablemos del mecanismo más común de la corrupción: los “sobreprecios”. Técnicamente, las obras las emprende el Estado con su presupuesto. Las “licitaciones” implican que el Estado pide a varias empresas que expidan un presupuesto para su realización y aquel decide a quién se la adjudica. Es el mecanismo típico del “capitalismo de amigos”; casi siempre quien “gana” la licitación es “amigo” de quien está del otro lado del mostrador. No hay ni una sola comilla de más en la oración anterior. Supongamos que el Estado inicia la construcción de una ruta, cuyo presupuesto real sería de unos 17 millones de pesos. Entre amigos, el fraude es más que simple. En acuerdo con uno o más funcionarios, un empresario presenta un presupuesto inflado de 25 millones, el Estado lo acepta y adjudica a ese “emprendedor” el pago de la suma de 25 millones. Con la ayuda de un contador, se dibujan los números y todo resuelto. La construcción se hace por un monto de 17 millones mientras empresarios y funcionarios se quedan con el “vuelto” de los 8 millones restantes. “Cuentas claras conservan la amistad” es un refrán que sirve en todos los niveles sociales.

Nuestro ejemplo es más que modesto y simple. En general, se usan mecanismos de fraude muy refinados y las cifras son mucho más altas. La causa en la que más comprometido está De Vido, la de la minera de Río Turbio, es por un fraude de 280 millones de pesos. Nuestros hipotéticos apropiadores de 8 millones quedan así como simples amateurs.

En este terreno es en el que queda al descubierto uno de los más marcados rasgos del capitalismo parasitario. El ex ministro kirchnerista afronta también una causa por los muertos de Once. Todos sabemos que la mayoría de los (ex) transportes públicos, sobre todos los ferrocarriles, han sido adjudicados a diversas empresas desde el menemismo. En general, las empresas de transporte, luz, YPF, etc., se han caracterizado por la sistemática desinversión y el vaciamiento. Quedándose con los jugosos subsidios estatales, los empresarios han logrado que los servicios públicos vayan de mal en peor. El caso de Once es paradigmático: el “accidente” fue un crimen social. Al tren no le funcionaban los frenos, dejando decenas de muertos. Fue producto del enriquecimiento a costa de no invertir. Los K no cambiaron nada de este esquema heredado de los 90′. De hecho, en este terreno es que su gobierno mostró algunos de sus rasgos más reaccionarios. Para salvar a funcionarios y empresarios, buscaron (y siguen buscando) culpar al maquinista.

Ahora bien, podríamos preguntarle al macrismo: ¿y por casa cómo andamos? Son muchos los funcionarios de Cambiemos que están vinculados a estos fraudes. El caso de Niembro salpicó de forma directa al macrismo. Pero para no extendernos demasiado en los muchos y variados vínculos de diversos funcionarios a todo esto, podemos centrarnos en el caso más importante, el más representativo: el de la propia familia Macri. El grupo Macri, SocMa, es uno de los más fuertemente vinculadas a la obra pública desde la dictadura. El enriquecimiento familiar del que el propio presidente es hijo está salpicado de escándalos hace décadas.

Es difícil enumerar la cantidad de logros que ha tenido la familia Macri, verdadero ejemplo de triunfo empresarial producto del esmero. La cantidad de fraudes de los que son autores deben realmente haberse hecho con mucho esfuerzo. Si en 1973 el grupo SocMa contaba con 7 empresas, hacia el final de la última dictadura militar eran ya dueños de 47. En 1982, la dictadura estatizó la deuda privada de varios personajes archi-ricos. El conjunto del pueblo argentino tuvo que hacerse cargo de una deuda de 124 millones de dólares de los Macri. En 1995, la DGI los denunció por una evasión impositiva de 55 millones. Sus denuncias de fraudes en la obra pública son casi incontables.

Con la privatización del Correo Argentino, Menem adjudicó la empresa a (adivinen) los Macri. El contrato estipulaba que la empresa debía pagar un canon de más de 100 millones de pesos anuales al Estado. SocMa, con esa honestidad que lo caracteriza, simplemente dejó de pagar, acumulando una deuda de cientos de millones de pesos (iguales a dólares por esos años). Entre el 2003 y el 2017, esa deuda siguió ahí, sin que nadie insista mucho para que SocMa se haga cargo de sus pasivos con el Estado. Como es sabido, Macri intentó que la deuda de algo más de 250 millones de pesos/dólares fuera pagado, 15 años después, por lo que numéricamente se debía. El problema es que pasamos de un dólar igual a un peso, a un dólar igual a más de 17 pesos. Eso significa que el presidente hizo un humilde intento de que el emprendimiento familiar pagara una décimoséptima parte de lo que debe. Las espurias cuentas en Panamá son otro escándalo demasiado conocido para extendernos en él.

 

El caso más reciente es el del “blanqueo” de capitales por parte de gente muy cercana al presidente. Digamos sin vueltas de qué se trata el “blanqueo”: los empresarios pueden “legalizar” plata que tenían escondida a las miradas del Estado, sin castigo ni multa de ningún tipo. Gianfranco Macri, hermano de “Mauricio”, “blanqueó” 622 millones de pesos. Calcaterra y Caputo, ambos vinculados a la obra pública y muy cercanos a la familia Macri, blanquearon 44 millones y 26,5 millones respectivamente. En su primera conferencia de prensa después de las pasadas elecciones, el presidente reconoció abiertamente el ingreso de su hermano al blanqueo. Con el triunfo electoral, se sintió completamente impune de reconocerlo. Si la historia es justa, esas declaraciones serán recordadas como el día en que un presidente reconoció su propia corrupción con una impunidad insólita y una gran sonrisa en la cara.

Como vemos, con el triunfo del PRO en 2015, SocMa está ahora “de los dos lados del mostrador”. Quienes reciben coimas y quienes las pagan son exactamente las mismas personas. Entonces ¡¿Quién diablos puede creerse que el macrismo está “luchando contra la corrupción”?!

Los usos políticos de los escándalos judiciales

El uso y abuso de las denuncias de la corrupción kirchnerista por parte del gobierno tienen dos objetivos. Uno más estratégico: instalar la “ideología” de que la intervención estatal en la economía es, por su propia naturaleza, corrupta e ineficiente, en contraposición al “libre mercado”, fuente de honestidad y esfuerzo. El segundo, más bien táctico: dejar lo más debilitado posible a su adversario.

Detengámonos en el primer objetivo macrista, puesto en función del ajuste y de la política reaccionaria de Cambiemos en general. En primer lugar, la “no intervención del Estado” postulada por todos los liberales no existe en estado puro. Jamás ha existido. El asunto es que el Estado, como representante general de toda la clase capitalista, puede intervenir de formas diversas. Puede hacerlo como hicieron los K, impulsando algunas concesiones a las masas para apaciguar la lucha de clases. Puede hacerlo como el menemismo o la dictadura, aplastando las luchas obreras y populares con el objetivo de avasallar conquistas. Todo depende del contexto y no de que un gobierno sea más popular que otro. El actual ataque macrista fue tímidamente comenzado por el kirchnerismo en su época de decadencia. Hoy, el Estado interviene muy activamente en empobrecer a las masas. Los empresarios serían sólo una víctima más de la “mafia kirchnerista”.

Por otro lado, un mínimo análisis macroeconómico desmiente automáticamente la idea (fuertemente instalada) de que el actual estancamiento económico de Argentina se debe a que “se robaron todo”. Con superávit comercial y fiscal, se pueden “robar todo” y que la economía no sea lo que es. No queremos detenernos en esto, pero este operativo ideológico tiende a oscurecer la realidad: los empresarios quieren y necesitan más ganancias a costa de la mayoría de la población.

 

Finalmente, apoyándose en el desgaste del gobierno anterior, usan las denuncias de corrupción de un modo en extremo reaccionario: todo lo que no sea “trabajo” de nuestros magnánimos, esforzados y sacrificados empresarios, es una “mafia”, algo inventado por el kirchnerismo y “los zurdos” para “seguir robando”. Las luchas obreras no son en defensa de los puestos de trabajo, son un invento “para seguir robando”. Las movilizaciones contra la impunidad a los genocidas no son para que personajes como Astiz no estén libres, son para que las Madres y las Abuelas “sigan robando”. La lucha por Santiago Maldonado es… “para seguir robando”. La idea es muy vieja pero no por eso menos efectiva y nefasta. Dejar hacer lo que quieran a los empresarios es el mejor de los mundos, que sus víctimas se quieran defender es corrupción.

El problema es el capitalismo

Como vemos, la “lucha contra la corrupción” del macrismo está al servicio de intereses muy espurios. Como dijera nuestro compañero, Héctor Chino Heberling en recientes declaraciones: “En tercer lugar, esta ‘cruzada contra la corrupción’ que aparentemente encarna hoy el Poder Judicial y el gobierno de Cambiemos, no tiene nada que ver con otros procesos desatados en otros países como son los casos del ‘Mani Pulite’ en Italia en los años 1990 y el más cercano en el tiempo ‘Lava Jato’ en Brasil, donde hay elementos de cierta ‘autonomía’ de los jueces, que contrastan con el proceso en la Argentina, donde la justicia actúa directamente como una ‘escribanía’ del gobierno recibiendo órdenes que se acomodan a los tiempos políticos que impone el ejecutivo.”

Los jueces no son “autónomos”: actúan, como los gobiernos, bajo la presión de los sectores populares. La verdadera lucha contra la corrupción solamente puede venir de los de abajo, de sus verdaderas víctimas. En una sociedad basada en el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo y la vida de las amplias mayorías, como es el capitalismo, la corrupción es inevitable. Los funcionarios estatales son los defensores y representantes de esa sociedad ¿Quién puede creer que podrían no querer su parte de la torta?

Los socialistas no podemos defender a los corruptos funcionarios capitalistas, es cosa de principios. Son verdugos de los trabajadores y debemos tratarlos como tales. Sin embargo, es un crimen dejar en manos de otros corruptos capitalistas la “lucha contra la corrupción”. Es necesario dejar al desnudo las maniobras macristas como lo que son con las herramientas que tenemos a mano. Como estuvimos de acuerdo con la posición táctica del FIT cuando votó en el Congreso en contra de la expulsión de De Vido, hoy queremos remarcar que su voto a favor nos parece un error. La abstención, como señal de desconfianza a macristas y jueces pero denunciando a su vez a De Vido como lo que es, es la posición que hubiéramos defendido en caso de contar con Diputados. Esta no deja de ser una diferencia sólo táctica.

El problema de fondo solamente lo pueden resolver los trabajadores y el pueblo luchando contra el ajuste y la represión estatal, contra los capitalistas privados y estatales, contra esta sociedad podrida hasta los huesos. Será nuestra tarea saldar cuentas con los Macri, los De Vido y todos los empresarios que se enriquecen a costa de la mayoría trabajadora, lo hayan hecho legal o ilegalmente.

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