Abajo la impugnación del TC y la campaña de amedrentamiento y persecución del Gobierno

Participación masiva y movilización en las calles para que el referéndum se realice

Bajo la formulación “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?, el viernes 9 de junio, el president de la Generalitat Carles Puigdemont (Junts pel Sí/PDECat) notificaba la pregunta del referéndum de autodeterminación de Catalunya y fijaba la fecha de su realización para el próximo 1° de octubre.

Dos meses después, el pasado miércoles 6 se septiembre, el Parlament catalán aprobaba la ley del referéndum y firmaba el decreto de convocatoria del mismo. Acto seguido, el Tribunal Constitucional suspendía la ley y la Fiscalía anunciaba las primeras querellas contra la Mesa del Parlament y contra todos los miembros del Govern.

Al día siguiente, el jueves 7, con los votos de Junts pel Sí y la CUP (y el voto en contra del resto), el Parlament aprobaba la ley de Desconexión Jurídica, que entraría en vigencia en caso de ganar el Sí en el referéndum. (1)

Ante esta situación, en nombre de la unidad de España y la democracia, la reacción de un Rajoy firme y de una derecha envalentonada viene siendo lapidaria. El PSOE y Ciudadanos, sin apartarse ni un milímetro de la postura del Gobierno, cierran filas en torno a Rajoy y en la defensa de la Constitución. La indisoluble y sacrosanta unidad del Estado, la monarquía y la política económica, une a los dos grandes partidos artífices, garantes y defensores del Régimen del 78. Recordemos que el actual Estado español es descendiente directo del franquismo, más precisamente, es producto de la infame capitulación del PSOE, el Partido Comunista Español y los partidos “nacionalistas” (catalanes, vascos, gallegos, etc.) a la monarquía designada por Franco para sucederlo y al personal político que se recicló en el PP.

La respuesta del Estado monárquico contra el legítimo derecho a decidir de Catalunya viene siendo furibunda, dejando en claro que no se permitirá de ninguna manera la celebración del referéndum. A partir de entonces se viene desplegando toda una batería de medidas “legales” dirigidas a desactivar y frenar la consulta. El TC ha sentenciado que el referéndum es ilegal, por lo tanto, es “ilegal” o constituye delito toda actividad relacionada a los preparativos y organización del mismo.

De esta manera, el Tribunal Constitucional no sólo suspendió las leyes del referéndum sino que además, envió aviso a todos los Alcaldes, funcionarios y algunos ciudadanos advirtiendo de que no podían colaborar en el referéndum. Al mismo tiempo, la Fiscalía anunciaba nuevas querellas y ya existe la citación a declarar a 700 Alcaldes y autoridades que se han pronunciado a favor del referéndum y de poner todo a disposición para que se pueda votar el 1-O. No obedecer la prohibición significa, de entrada, enfrentarse a inhabilitaciones, cárcel y multas exorbitantes. Los Mossos d’Esquadra (Policía Autonómica) recibieron la orden y el instructivo para impedir todo lo que tenga que ver con el referéndum y la Guardia Civil está requisando varias imprentas e incautando carteles y papeletas. Paralelamente se prohibía y suspendía un acto en Madrid a favor del derecho a decidir. También se ordenaba a la empresa estatal de Correos que no enviara ninguna información relacionada al referéndum y por orden de un juez se ha bloqueado la página web oficial. Como se puede ver, todo un operativo destinado a efectivizar la prohibición.

 

(1) En caso de que resultara ganador el Sí, se daría paso a la constitución provisional de la República catalana por un año, durante el cual se deberá llevar a cabo el proceso constituyente popular, elegirse una Assemblea Constituent que redacte un proyecto de Constitución definitivo y convocar un referéndum para aprobarla.

Pese a todo, la desobediencia al Estado ya ha comenzado y el Govern de la Generalitat ha contestado que no acatará la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) y que sólo obedecerá al Parlament de Cataluña. El President Carles Puigdemont (PDECat) declaró que si es suspendido o inhabilitado no lo aceptará porque él sólo responde al Parlament. El Vicepresident Uriol Junquera (ERC) se manifestaba en el mismo sentido: “La posible decisión del TC o de cualquier otro organismo que quiera silenciar el referéndum, ya no nos vinculan. Nuestra Ley es la Ley de nuestro Parlamento y nuestra obediencia es a nuestro gobierno. El 1° de octubre votaremos.”

Estos anuncios ya de por sí suponen un choque de trenes político-institucional entre el Estado y Catalunya. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Rajoy en su asedio represivo para detener el referéndum y hasta dónde está dispuesto el Govern a desobedecer y asumir las consecuencias. Es decir, no sabemos aún cómo se materializará y efectivizará el 1-O el referéndum. El desenlace de esta prueba de fuerzas es aún un escenario abierto.

¿Una desobediencia que irá hasta el final?

Desde el independentismo se dice que en esta oportunidad se irá hasta el final, a diferencia del 9N del 2014, cuando Artur Mas (Ex CIU, ahora PDECat) evitó el choque de trenes cediendo a la presión del TC que suspendía la convocatoria.

Por supuesto, que a juzgar por los antecedentes y por lo que son, no depositamos la menor confianza en el gobierno actual de Junts pel Sí. Porque los partidos burgueses que lo sustentan (PDECat y ERC) y las organizaciones, para nada de izquierdas, que se levantan (como la ANC y Ómnium), son todos defensores de una política igual o similar a la del gobierno central y hasta no hace mucho socios incondicionales de Madrid. Son los ejecutores de los recortes en Catalunya y defensores también de la legalidad constitucional, silenciosos con la corrupción ejemplificada en el ex padre de la patria catalana Jordi Pujol y por supuesto, todos defensores del orden burgués, del pago de la deuda y de la supeditación a la UE, incluso en el país independiente que pregonan.

Por la defensa incondicional del derecho a decidir del pueblo catalán

En estas condiciones y de cara al 1-O, lo que se impone es llamar a la más amplia participación y movilización en las calles para ejercer y garantizar, en los hechos, el derecho legítimo a decidir frente a la actitud autoritaria del Gobierno del PP y el aparato del Estado.

Porque si todavía es impredecible el desenlace de la prueba de fuerzas el día 1-O, lo que sí queda absolutamente claro es que se impone una primera tarea inmediata: conseguir el derecho a decidir de los catalanes y a poder votar para esto.

Por eso mismo en esta pelea nos colocamos del lado del pueblo catalán y su derecho a decidir, por la realización del referéndum y contra la persecución y el atropello del Estado, de la monarquía y los partidos del régimen, en contra de la derecha y de su campaña del miedo que intenta amedrentar a un pueblo y cercenar su derecho.

El sentido del voto (por sí o por no), no es todavía lo más importante, hoy por hoy resulta aún abstracto, pues en última instancia dependerá, eventualmente, de cuán radicalizado o no se vaya dando el proceso, si se cuenta o no con una alternativa y un programa independiente y de clase y hasta qué punto la burguesía pierde el control de la situación o está dispuesta a perderlo. Pero en la situación actual resultan todas abstracciones, ya que lo que manda y ordena la cuestión al momento es el irrefutable hecho de que existe una convocatoria y un absoluto derecho democrático, expresado y sentido, por el derecho a decidir de un pueblo que está siendo negado e impedido por el gobierno de España, la monarquía y los partidos tradicionales del Régimen del 78.

Esto va de la mano de ir construyendo desde la unidad una alternativa independiente de los trabajadores para poder irrumpir con voz propia y colocar en el centro de la escena sus reivindicaciones, sus métodos y sus luchas. Para poder decir bien alto: ni el podrido Estado monárquico actual ni una República catalana sometida al capital.

Por una Federación de Repúblicas Ibéricas, Obrera y Socialista

Defendemos incondicionalmente el derecho a la autodeterminación de catalanes, vascos, gallegos y demás nacionalidades, incluyendo su derecho a separarse del actual Estado español si así lo deciden democráticamente. Pero la salida no es establecer mini-estados burgueses en el marco opresor de la Unión Europea. No queremos un Estado catalán sin rey pero bajo el poder político de la burguesía catalana y esto casa mal con un nuevo Estado capitalista catalán, que es lo que defiende la propuesta de independencia que se promueve desde el gobierno o el Parlament. Además, un mini-estado catalán en el marco de la Unión Europea, estaría sometido a los diktats de Berlín y Bruselas, tanto como ahora a los de Madrid.

Las clases explotadoras españolas –aristocrática y luego burguesa– y sus instituciones –monárquicas, republicanas o fascistas– fueron históricamente incapaces de resolver la cuestión nacional y la dictadura fascista de Franco, con su consigna “España una”; reprimiendo brutalmente a quien se atrevía a hablar en catalán o euskera, sólo consiguió atizar las divisiones. Y esta no es la “unidad” que queremos: no queremos la unidad de la España actual. ¡Estamos por una República Federal, Obrera y Socialista, donde se unan libremente los trabajadores y pueblos de la región!

Como dijimos, apoyamos incondicionalmente el derecho a la autodeterminación. Queremos romper con el Estado actual y con su monarquía. ¡Pero con la misma claridad debemos decir que no hay que hacerse ilusiones! Frente a la catástrofe de España y en el marco de la crisis de la Unión Europea, la única salida realista es la unidad de los trabajadores de toda la región para combatir contra los distintos gobiernos y el sometimiento a la UE. En esa perspectiva revolucionaria, sostenemos como salida de fondo la libre federación de nuestros pueblos en una República Obrera y Socialista.

El 1-O con la movilización en las calles exijamos el derecho a decidir

El pueblo catalán ha demostrado repetidas veces que quiere decidir sobre su futuro y tiene derecho a ello. Tiene derecho a un auténtico referéndum vinculante de autodeterminación y la única garantía para que no se vea frustrada la voluntad del pueblo catalán de ejercer su derecho a decidir es con la movilización independiente en las calles. Esto implica enfrentar en serio al gobierno central de Madrid que le niega al pueblo catalán su derecho a la autodeterminación.

Esto significa defender e imponer con la movilización la realización el 1-O de un referéndum “decisorio”, sin exclusiones, en el que puedan votar en pie de igualdad todas las personas que viven y trabajan en Catalunya y pelear para que se convoque a una Asamblea Constituyente Revolucionaria donde sea el pueblo soberano verdaderamente el que decida sobre su futuro y sobre cómo ha de ser el nuevo Estado.

Decidir sobre nuestro futuro es decidir si queremos o no independizarnos del Estado español. Pero sobre todo cómo queremos que sea la nueva Catalunya. Si queremos o no mantenernos en la UE bajo la disciplina de la Troika, si queremos o no pagar la deuda, si queremos acabar con la política de recortes en la enseñanza, si queremos o no una sanidad digna y gratuita para todos. Si queremos un Estado que persiga a los inmigrantes y los encierre en cárceles hasta su deportación.

Decidir nuestro futuro en libertad es iniciar un proceso constituyente y eso sólo es posible con un referéndum de autodeterminación libre, con garantías democráticas, donde la opción de la independencia o la del mantenimiento dentro del Estado español se puedan debatir por igual y donde no olvidemos que los trabajadores y el pueblo español son los únicos y verdaderos aliados del pueblo catalán y de sus ansias de libertad.

A las calles el 1-O por el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán
Por la libre asociación de los pueblos en una República Federal, Obrera y Socialista
Abajo la monarquía y la España de la transición
Asamblea Constituyente Revolucionaria para discutir y decidir

 

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