En la jornada de hoy, 24 de agosto, nos encontramos en Tribunales II acompañando un nuevo caso de violencia machista, amparada por la Justicia y el Estado. Es el caso de Valeria Díaz, que desde hace más de dos años, viene denunciando a su ex marido Javier Gallardo por un sinnúmero de agresiones físicas y verbales, que pusieron en peligro su vida y la de sus hijas.

Las denuncias son 12, y abarcan hechos gravísimos, tales como ahorcamiento, amenazas con arma de fuego, privación ilegítima de la libertad, secuestro de las hijas de la pareja, e inclusive, un intento de incendiar la casa en la que ella vivía con las menores. Frente a esta situación, la respuesta del Estado fue el abandono. El Secretario de Seguridad de la Provincia, al cual ella acudió en busca de alguna contestación, le indicó: “señora, tengo 80 casos iguales”, y no le brindó ninguna solución. Sólo 4 de las denuncias alcanzaron instancia penal, por lo cual el agresor está cumpliendo prisión preventiva desde noviembre pasado (desde donde continúa realizando amenazas contra la víctima y su familia).

Valeria grita que no quiere ser “una crónica más de un femicidio en este país”, pero el Estado  parece no ver cuál es su rol.  Luego de un juicio abreviado en la Cámara 11, en el cual se juzgó a Javier Gallardo por cinco cargos, entre ellos amenazas, lesiones y privación ilegítima de la libertad, la Juez Susana Frascaroli –la misma que en sus declaraciones negó la figura de femicidio en el juicio por Paola Acosta- dictaminó no dar lugar al cambio de carátula como “Tentativa de homicidio” y  condenarlo a sólo 3 años de prisión y un año de acompañamiento psicológico. Por cuestiones de ejecución penal, el agresor podría estar libre en algunos meses.

En diálogo con Valeria, pudimos conocer además que, en el marco de un proceso en el cual se tiene por probada la responsabilidad del agresor, que se ha declarado culpable, ella debió volver a declarar, y a revivir los diferentes hechos violentos a los que fue sometida, situación que caracteriza como revictimizante. Sin contar que tuvo que soportar las amenazas disfrazadas de legalidad por parte del fiscal, que explícitamente le dijo “a usted debería imputarla”, refiriéndose a una situación en la que Valeria tuvo que desobedecer una orden de restricción, porque nadie le aseguraba la seguridad y el alimento de sus hijas. Por último, dijo: “Esta situación es muy triste. Nadie nos cuida. La Justicia nos está diciendo que golpear e intentar matar a una mujer está bien. El Estado avala la violencia machista.”

El año pasado, esta misma justicia en el juicio de Karina Centeno, otorgó una condena mínima de 1 año beneficiando al violento de José Cerqueti por un terrible ataque que perpetró sobre Karina en plena vía pública dejándola mal herida, cambiando la carátula de «lesiones calificadas agravadas» por  «lesiones leves». Previa a esta escandalosa sentencia, lo vergonzoso fue el rol del Estado, quien debía proteger a Karina, le brinda un botón antipánico a su golpeador –acción que efectuaron en días, cuando a las mujeres tardan 10 meses aproximadamente y si consideran que no está en riesgo se lo niegan-  luego que éste la denunciara por violencia. Tanto a Karina, como a Valeria y las miles de mujeres que asisten a las instituciones del Estado para pedir ayuda son revictimizadas y doblemente violentadas. No sólo que el botón antipánico no protege a las mujeres, sino que con total impunidad  la Justicia se lo  otorga a los violentos, que continúan agrediendo y amenazando a las mujeres, y cientos de casos terminan en femicidios. En Córdoba no hay políticas reales de asistencia hacia las mujeres que den respuestas a las miles de consultas que ingresan en el Polo Integral de la Mujer, de ello dan cuenta sus trabajadoras y trabajadores, quienes viven cotidianamente el desmantelamiento y desfinanciamiento constante, la falta de personal y de respuesta ante los reclamos que levantan por la condiciones en las que se encuentran trabajando. El gobierno de Schiaretti se lava la cara empapelando la ciudad con falsas propagandas, su amigo Macri ni siquiera pierde tiempo en ello. El gobierno de Cambiemos como el de Unión Por Córdoba no han hecho mas que vaciar las áreas de asistencia hacia las mujeres, Macri está destinando más presupuesto a reprimir la protesta social que en dar respuesta a los reclamos del #NiUnaMenos y al presupuesto real que necesitamos las mujeres para frenar  la ola de femicidios que se acrecienta en Argentina.

Desde Las Rojas denunciamos la complicidad del Estado en el caso de Valeria Díaz, por no dar respuestas concretas ante la situación de la víctima, por garantizar que se siguieran repitiendo los hechos de violencia, poniendo así en peligro su integridad y la de sus hijas. Denunciamos también a la Juez Frascaroli, que ampara violentos y femicidas, la hacemos responsable por la integridad de Valeria y a la Justicia patriarcal, que se preocupa más por la salud mental del violento que por solucionar el problema de la real víctima, por no protegerla de Javier Gallardo que, incluso, continúa intimidando a ella y a su familia desde la cárcel. Y hacemos directamente responsables al gobierno de Macri y Schiaretti, quienes miran para otro lado mientras una mujer muere cada 18 hs en nuestro país. #NiUnaMenos!!

Destitución de jueces, fiscales y funcionarios que amparan la violencia machista!

El Estado y el gobierno  son responsables!

Basta de desmantelar y desfinanciar los Programas de Asistencia hacia las mujeres!

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