Finalmente, el lunes pasado volvió Cristina. Lo hizo intentando retomar la iniciativa política con un importante cambio de gabinete, el más profundo desde cprimera asunción a finales de 2007. Si los cambios de nombres han sido importantes para los usos y costumbres K, incluyendo una renuncia de alto impacto como la de Guillermo Moreno, en lo que hace a las medidas que tomará el oficialismo la línea luce más bien continuistacon lo que se viene ensayando en las últimas semanas y meses: el ajuste por inflación. Esto es, intentar administrar el deterioro económico en curso cuidando las ganancias empresarias, pero sin tomar medidas de shock.

Comenzando por los cambios en el gabinete, la danza de los nombres arranca de la combinación de Capitanich y Kicillof. La entronización de este dúo parecer ser una típica jugada del kirchnerismo. Dos figuras en cierto modo polares que, sin embargo, tienen en su haber una colaboración de larga data, comenzada cuando Kicillof trabajó para Capitanich en un instituto de asesoramiento que dirigía este último a finales de los años 90. Si el hasta hoy gobernador del Chaco tiene un perfil de figura peronista clásica (aunque K), formado como economista más bien pragmático y liberal, con importante experiencia de gestión, el ex viceministro de Economía es más bien un “ideólogo” con formación “heterodoxa”, poca experiencia en el manejo real de los asuntos y caracterizado por la defensa altisonante de ciertos “principios” progresistas.

Con esta medida el oficialismo –antiguamente caracterizado por sus “alas anchas”– expresa su pretensión de recuperar espacio por derecha e izquierda, los dos flancos por los cuales perdió caudal político y electoral. Para agradar a los empresarios y los votantes más conservadores que piden más “normalidad” en la gestión de los asuntos, eleva a jefe de gabinete una figura que puede competir perfectamente con el perfil de un Massa, un Scioli o cualquier otra figura peronista con capacidades de administrador. Un posible presidenciable (o vice) para el 2015. Al mismo tiempo, para no perder espacio por la izquierda en el terreno del “relato” progresista, erige como ministro de Economía a un “joven idealista” espadachín contra las políticas neoliberales; una suerte de garantía de que la continuidad del “modelo” no está en entredicho.
Tras los anuncios del lunes hubo una caída de los mercados, pero inmediatamente vino la salida de Moreno. Con esto las cosas tendieron a enderezarse un poco más: la señal es que el “modelo” permanece, pero que los elementos de mayor intervencionismo, arbitrariedad y apriete a los empresarios serán archivados. Es decir, dentro del continuismo se trata de la apuesta a una mayor normalidad en la gestión de la economía y en general.  En el mismo sentido va otra designación de importancia como la de Fábrega al frente del Banco Central, un técnico de larga carrera del cual no se puede esperar ninguna medida revulsiva.
Se trata, en suma, de un recambio en el sentido de una administración más “normal” de los asuntos, aunque la figura de Kicillof está como para marcar los límites: la negativa del gobierno, en la medida de lo posible, a tomar medidas de abierto ajuste económico y la apuesta a seguir administrando el deterioro por la vía del ajuste inflacionario.

Más allá de las figuras, queda la incógnita de qué se puede esperar en las políticas a partir del recambio del gabinete. Apresurémonos a dar una definición clara: por las figuras entronizadas y por las medidas que ya están trascendiendo, la orientación de Cristina apunta a evitar giros drásticos: el gobierno parece evaluar que cuenta con márgenes de maniobra para seguir administrando el ajuste inflacionario que viene llevando adelante y que, en todo caso, sufrirá retoques aquí y allá. Este ajuste inflacionario tiene por objetivo garantizar a los empresarios altas tasas de ganancia, pero evitando medidas de shock económico que enfrenten al gobierno con un amplio repudio social o, incluso, un estallido descontrolado de las luchas.
No se trata solamente de  no “quemarse” tomando medidas abiertamente impopulares; se trata de una lectura de la situación del país, de un trabajo de normalización que si bien ha avanzado bajo los Kirchner, sigue todavía a mitad de camino. De allí los riesgos de ir a un enfrentamiento abierto con el movimiento de masas, con una clase trabajadora que recuperó importantes niveles de inserción fabril, con unas clases medias y sectores populares que si en parte compraron el discurso conservador de la oposición patronal, por otra parte también acaban de arrojar votaciones en los centros urbanos de importancia para la izquierda.
Con el recambio en el gabinete, el gobierno pretende mantener su rol de arbitraje sobre los grandes asuntos nacionales en los dos años que le quedan de mandato; el gran interrogante es qué margen tiene para hacer esto. Ahí ya se pasa de los límites que coloca la “política” (la lucha de clases, que luego del larguísimo año electoral, recién parece estar comenzando a despertar) a los que plantea, de manera creciente, la economía.
Los límites de la gestión gubernamental se colocan, entonces, entre esos dos grandes parámetros de la dinámica de las sociedades. Si en el terreno de la política, el gobierno prefiere seguir por dónde viene, el gran tema es si el deterioro económico se lo va a permitir.

Para el oficialismo, los problemas del momento (en primer lugar, la caída en picada de las reservas) no serían de “solvencia” sino de “liquidez”. La pérdida de divisas del BCRA o el aumento del déficit fiscal no se deberían a problemas estructurales del “modelo”, sino la falta de un adecuado manejo de los flujos de fondos (dólares y pesos).
Claro que algunos problemas estructurales –aun tardíamente– se han reconocido: la estatización parcial de YPF y los acuerdos con Chevron por Vaca Muerta apuestan estratégicamente a la reversión del déficit energético; la gestión de Randazzo al frente de los ferrocarriles y el plan de compra de nuevas unidades (o más bien recauchutadas en los países de origen) busca resolver otro factor de repudio popular al oficialismo. Encarados estos y otros problemas, el gobierno no reconoce más problemas de fondo ni razones para un ajuste económico en regla: la tarea sería administrar lo que hay, el modelo.
Esto no significa que no se estén adelantando algunas medidas. Primero, como indica el hecho de que el ex ministro Lorenzino seguirá al frente de la renegociación de la deuda externa del país, la idea es arreglar lo más rápidamente con los fondos buitres y con el Club de París, así como mantener las negociaciones y los pagos de los fallos del CIADI, con el objetivo de retornar a los mercados internacionales de capitales. Es decir, dejar de lado el discurso del “desendeudamiento”, hacerse de una fuente de ingresos desde el exterior que fortalezca las reservas del BCRA, y que pague el que venga en 2015.
Segundo, se abordará el problema del desdoblamiento cambiario que existe en los hechos, todavía sin avanzar en una medida formal sino introduciendo más restricciones, por ejemplo, a la adquisición de divisas para el turismo o para compra de productos desde el exterior. Si esto lo seguirá malquistando con franjas crecientes de las clases medias, en todo caso es menos problemático que legalizar un desdoblamiento cambiario que presionaría al alza a todos los productos e incentivaría la conflictividad laboral.
Tercero, se avanzaría en el acuerdo con el FMI para poner en marcha, a partir de 2014, un nuevo índice de precios, lo que supondría préstamos. Inclusive se podría aceptar algo a lo que el kirchnerismo se viene negando desde 2007: las visitas anuales del Fondo para controlar las cuentas del país.
Queda por esperar, en todo caso, la llegada de las primeras medidas para tener una verdadera dimensión de lo que se viene.

Subsiste, sin embargo, un gran interrogante: la viabilidad del ensayo de administración inflacionaria de la crisis. Es ahí donde retornan los problemas de diagnóstico. En nuestra edición anterior hicimos un análisis de cómo está realmente la economía nacional. Muchas veces hemos señalado que el kirchnerismo aprovechó una coyuntura nacional e internacional favorable para llevar adelante una administración más “progresista” de los asuntos. Pero hizo esto sin operar ninguna modificación de fondo en la inserción internacional de la economía argentina, ni, menos que menos, algún cambio estructural en las relaciones de propiedad extranjerizadas de las grandes ramas de la economía: ni industrial, ni agraria, ni minera. Todo lo cual ha redundado en la multiplicación del déficit histórico que como país dependiente tiene la Argentina. En suma: le faltan inversiones y trama industrial suficiente para una acumulación capitalista autosuficiente, para lo cual –como decía Trotsky– las burguesías semicoloniales como la de nuestro país no tienen perspectiva histórica alguna.
La crisis del 2001 le había resuelto a los K el problema de la tasa de ganancias empresaria por la mega depreciación de salarios y costos, y la dinámica del  mercado mundial de la última década le permitió gozar a su favor de un súper ciclo de las materias primas (con precios muy por encima de la media histórica). Pero ahora, con el retorno relativo de ambas variables a patrones más normales y el fin de las vacas gordas, recomienza la recurrente historia que siempre ha terminado en un estallido y ajuste brutal hiperinflacionario o hiperrecesivo. Esto es, una devaluación en regla, o un ajuste económico abierto seguido de despidos masivos. La pregunta es si la economía le estallará al gobierno de Cristina obligándola a tomar medidas drásticas, o esto ocurrirá el día después de las presidenciales del 2015, permitiéndole a los K continuar administrando –con correcciones aquí y allá– el ajuste inflacionario que parece ser su medicina preferida.

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