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Cuando la economía está en recesión o estancada, lo primero que sufre es el salario real, y lo segundo, la ocupación. En los últimos años de la gestión de Cristina (algunos con crecimiento muy bajo y otros con recesión), la situación del empleo podía caracterizarse como un goteo de despidos. La baja de la actividad económica, en un país cuya estructura de empleo depende esencialmente del mercado interno, conducía inevitablemente a achiques de personal. Sin embargo, esta baja (o estancamiento, en el mejor de los casos) del empleo no se manifestaba en olas de cierres o despidos masivos. En esto había una decisión del gobierno kirchnerista de administrar políticamente, también en este plano, la situación, con una estrategia que podríamos resumir como “si aumenta el desempleo, que no se note”. En este contexto, por ejemplo, el gobierno K, de manera directa o a través del Ministerio de Trabajo, negociaba con las empresas que planteaban reducciones de personal para atenuarlas, postergarlas o disimularlas. O mutar esos despidos en suspensiones. Se trataba, claro está, de una cuestión política: el kirchnerismo necesitaba presentarse como “defensor del empleo”.

Con la llegada del macrismo se acabaron tantos remilgos. El gobierno de Cambiemos se mostró tan comprensivo con los empresarios y sus necesidades como insensible políticamente al impacto económico y social que representan los cierres de empresa y los despidos. No sorprende, claro: es parte del recetario clásico neoliberal que para, supuestamente, reanudar la rueda de la inversión capitalista se deba pasar por encima de los trabajadores (y empresas) “ineficientes” o “no competitivas”. La recomposición de la tasa de ganancia, la “normalización” y “reinserción” de la economía argentina en el “mundo” y, sobre todo, la modificación de las relaciones de fuerza entre las clases en beneficio de los capitalistas , más que recomendar, exigen una suba brusca del índice de desempleo como disciplinador económico y social de la clase trabajadora. Fue lo que hizo la dictadura en los 70 y el menemismo en los 90; Macri aspira (falta ver con qué armas) a reeditarlo.

Parte inseparable de este esquema es la apertura de las importaciones (otra herramienta de los milicos y de Menem), que, sin ser un aluvión gigantesco, alcanzó para dos cosas. Primera, para liquidar el superávit comercial que había protegido el kirchnerismo; limitado, en descenso y artificial, pero superávit al fin. Y segundo, para reventar algunos sectores, especialmente industriales, que habían podido levantar cabeza tímidamente bajo el ala de la “economía cerrada” de la era K. Así, en materia de despidos pasamos del goteo K de despidos a la lluvia macrista… que si del PRO depende, será diluvio a partir de 2018.

Los primeros perjudicados…

Fue así que el ajuste económico de Macri, con todo su “gradualismo” en términos de, por ejemplo, el retiro de subsidios a las tarifas, empezó, como señal política, desde la primera semana de asumido con los despidos en el Estado y planes de achique que se mantienen, con diversos vaivenes hasta hoy. Sin que puedan compararse con la inundación de despidos en las empresas estatales que luego serían privatizadas, en los 90, el macrismo sí se dedicó a recortar, de la manera políticamente menos indigesta posible, las plantillas de empleados estatales (salvo, claro está, las designaciones en cargos de altísima remuneración para amigotes ñoquis).

Otro sector golpeado que se nota poco en las estadísticas pero mucho en la vida social es el de los trabajadores que hacen changas o laburitos por su cuenta, que no son comerciantes porque no llegan a ser dueños de locales o a tener una estructura formal, sino que sobreviven de trabajar por su cuenta y en la informalidad laboral total. Este sector laboral, con mucha presencia en los barrios del conurbano, es el que pasó a engrosar la lista de desocupados, o que directamente salieron de la población económicamente activa y están en peligro de caer, o ya cayeron, en la indigencia.

En el curso del año pasado, hubo además otra fuente de pérdida de empleos: el cierre de comercios. Si bien casi siempre se trata de muy pocos empleados (y a veces sólo del dueño), que por lo general, además, estaban en negro, el deterioro de la actividad económica, la caída del poder de compra del salario, la recesión, impactaron de lleno en éste, uno de los sectores más vulnerables de los que tienen empleo no asalariado, porque es el que opera con márgenes más estrechos. Tan estrechos que, en muchos casos, a la menor caída sostenida de las ventas el comercio se funde. No hay ni que dar ejemplos: todos conocemos de nuestro barrio una tienda de ropa, un quiosco, una heladería, una zapatería que cerró. Los índices de ocupación en avenidas comerciales emblemáticas de Buenos Aires como Corrientes, Santa Fe, Avellaneda o Córdoba están por el suelo, y en descenso. En el Gran Buenos Aires se vive lo mismo, corregido y aumentado.

… y le sigue una lista interminable

La “tercera ola” de perjudicados por la política económica de Macri llega cuando al deterioro económico y la caída del mercado interno se le suman los efectos, ya visibles, de la apertura de importaciones. Como vemos, esos efectos empiezan a afectar a sectores de “espalda” cada vez más grande: de los estatales y trabajadores informales pasamos a los comercios, y de allí a las pequeñas y medianas empresas. Ojo: también a algunas grandes, pero en esos casos no es que cierren, sino de que aprovechan la situación para efectuar grandes reducciones de personal o reformular la estrategia de operaciones en el país, cuando se trata de multinacionales.

No queremos aburrir, sino simplemente ilustrar cómo esta realidad se ha instalado fuerte en lo que va del año, e incluso más en el segundo trimestre que en el primero. Sin orden cronológico o de peso económico, sino simplemente como pueden aparecer en cualquier búsqueda no muy sistemática, nos encontramos, sólo en lo que va de 2017, y sin que la lista sea para nada exhaustiva (cualquier compañero puede ampliarla), con esto:

– Autopartista Hutchinson: 350 despidos en junio.

– Pepsico Vicente López: cierre, 600 trabajadores en la calle.

– Banghó (computadoras): más de  250 despidos; quedaron menos de 30 empleados.

– AGR-Clarín: 380 empleados despedidos.

Cuatro Cabezas, productora de TV: cierre con 65 empleados.

– San Antonio, petrolera: 330 despidos en Santa Cruz, 60 en Chubut, donde hubo además 100 suspensiones.

– Carboclor (de la uruguaya ANCAP, química): cierra dos plantas en Zárate con 150 despidos.

– GGM, textil de Las Flores: vaciamiento y 300 empleados sin cobrar.

– Walmart: despido de 55 trabajadores de la sucursal Avellaneda.

– La Fiesta del Maíz 2017 en Chacabuco fue suspendida por 200 despidos de la multinacional Ingredion en esa ciudad y en Baradero (mayo).

– Atanor: cierre de plantas en Baradero y Munro, 180 despidos.

– Atucha: se vienen 637 despidos este mes.

– Servicios Integrados (limpieza, Bahía Blanca): cierre y 90 despidos.

– Textil VF (La Rioja): cierre y 105 despidos.

– Cosechadoras Vassalli: 150 retiros “voluntarios”.

– OPS servicios petroleros: 1.300 despidos en 10 meses en el área de Vaca Muerta.

– CEFAS (Canteras Quilpo, Córdoba, cerca de Cruz del Eje): cierre y 70 despidos. Los obreros viven en casas de la empresa; el pueblo entero dependía de ella. Ya a fin de año había habido 80 despidos.

– Acindar Navarro (cerca de Rosario): suspensiones, despidos y adelanto de vacaciones.

– Unisol (Puma): cierre de tres plantas en La Rioja con 160 despidos. Herzo SA, que producía para Puma, cerró en Concarán, San Luis, con 200 despidos.

Las razones son siempre las mismas. Damos sólo un ejemplo de cada una. En el caso de Carboclor-ANCAP, se elimina la producción pero se mantiene la logística porque va a importar los solventes que antes fabricaba en el país. Los casos de Pepsico y AGR-Clarín son conocidos: no es cierre por caída de la actividad, sino para “optimizar la productividad”. En las fábricas de las zapatillas Puma, la explicación fue muy simple: “No se puede competir con la importación”. La cosechadora Vassalli (¡en el mejor momento del “campo”!) aduce “falta de competitividad”. Y cuentan los obreros de Canteras Quilpo que “nos dijeron que como estaba la situación del país, con la planta que CEFAS tiene en San Juan ya daban abasto, porque no se está vendiendo mucho”.

Desempleo, subempleo y pobreza

No importa nada lo que digan los figurones PRO y su estúpido mantra de “estamos creciendo”, “estamos creando empleo” y otras frases que no sabemos si son esquizofrenia, una burla cínica o las dos cosas. Las segundas líneas de funcionarios, menos comprometidas con la campaña electoral, no pueden tapar el sol con la mano. Así, el secretario de Empleo de la Nación, Miguel Ponte (ya célebre por su “contratar y despedir gente debería ser tan natural como comer y descomer”), reconoció que los índices de desempleo “no son buenos; todo lo que es desempleo y empleo está en una franja lamentablemente estable”.

Puesto en números, tenemos un 9,2% de desocupados, un 9,9% de subocupados (los que por razones ajenas a su voluntad trabajan menos de 35 horas semanales) y más del 30% de trabajo en negro. Esto es, más de la mitad de la población tiene serios problemas laborales; en el GBA, esa cifra supera el 60%.

El propio Ministerio de Trabajo, que por boca de Triaca intenta mostrar el lado “amable” de las cifras, se termina desmintiendo a sí mismo. Porque por un lado nos dicen que entre marzo de 2016 y marzo de 2017 “se crearon 113.000 empleos en blanco”. Pero mirando de cerca los números, resulta que en el detalle se advierte que más de las tres cuartas partes de esos “empleos de calidad” (86.000) son monotributistas, y otros 25.000 son nuevos empleos estatales, que no llegan ni a la mitad de los más de 60.000 despidos en el sector público sólo en los primeros tres meses de la gestión Macri. Ahora bien: ¿cuántos empleos se crearon en el sector privado en un año? No falta ningún cero: 2.200 puestos de trabajo, menos del 2% de los “nuevos empleos en blanco” (Tiempo Argentino, 17-6-17).

Siendo así, no es de sorprender que la mitad de la población con ingresos recibe menos de 10.000 pesos por mes, y que para más del 60% el promedio sea de 13.500 pesos, por debajo de la canasta de pobreza que en marzo llegaba a 14.500 pesos.

Y respecto de la caída del empleo, del poder adquisitivo del salario y de sus consecuencias sociales, hay un dato lapidario: para una familia pobre (con un promedio de 2,5 hijos) cuyo ingreso es el salario mínimo (recordemos: la mitad del país está en esa situación o casi), sólo en la compra de leche se debe gastar el 20% de sus ingresos. Es por eso que el consumo de leche cayó en 2016 a 40,1 litros por habitante, la cifra más baja desde 2002-2003, cuando promediaba 37,5 litros. Ese derrumbe del 9% respecto de 2015 es la peor caída desde 2002. Y en el primer trimestre de este año el panorama es todavía peor: el consumo de lácteos cayó un 11%, pero el consumo de leche pasteurizada se desplomó un 20% (J. Guarino, Ámbito Financiero, 3-7-17). Para colmo, la caída es más dramática aún en leche maternizada. La conclusión se impone sola: los bebés toman menos leche para lactantes, reemplazada por leche común, y los niños pequeños toman menos leche en general. Esta monstruosidad social lo dice todo sobre la verdadera cara de la política económica macrista.

Marcelo Yunes

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