El movimiento de mujeres y su imprescindible independencia política



 

El acontecimiento en el hospital de Moreno, donde se quiso impedir que una niña de 13 años violada por su padrastro pueda ejercer su derecho a un aborto, vuelve a poner en el centro de la escena política nacional la problemática del aborto y la oposición criminal del gobierno nacional contra los derechos y la salud de las mujeres. La estratégica alianza del gobierno de Cristina Kirchner y de la Iglesia católica, alrededor de la negativa de dar a las mujeres el derecho a decidir, se extiende también a la siniestra alianza para obligar a nenas violadas a continuar con embarazos producto de violación. Larga es la trayectoria pública de este gobierno y sus gobernadores provinciales en negar abortos no punibles a niñas. Fue el caso del ahora “candidato” K Urribarri de Entre Ríos, quien aliado con una parte del Poder Judicial de la provincia, justificó que se obligara a una nena de 11 años a ser madre. También el gobernador de Salta, Urtubey, otro de los “presidenciables” K, el que autorizó la educación católica como materia obligatoria en las escuelas públicas, mientras impedía, en enero de este año, que una nena, también violada, accediera al no punible. No es mucho mejor la situación en las provincias que están gobernadas por la oposición burguesa. En la progre Santa Fe en 2007 moría  Ana María Acevedo, de 20 años, en el Hospital Iturraspe, bajo el entonces gobierno de Hermes Binner. Ana María sufría de cáncer y estaba embarazada. Le negaron el tratamiento médico para no afectar al feto. Le negaron el no punible, a pesar de correr riesgo su vida. Ana María falleció y el feto, de menos de 22 semanas, no sobrevivió.

A pesar de que el artículo 86 del Código Penal estableceque no son punibles los abortos realizados a mujeres que quedan embarazadas producto de violación o cuando corre riesgo de vida de la mujer, los gobiernos, los jueces, los comités de bioética, los curas, y todos los reaccionarios se las ingeniaban para que no se realizaran recurriendo a amparos judiciales y toda clase de dilaciones jurídicas.

El caso de una nena de 14 años violada por su padrastro en la provincia de Chubut llegó a la Corte Suprema cuando ya la cuestión había sido resuelta. Entonces, la Corte, por la presión del movimiento de mujeres y la presión popular contra la vergüenza de que los jueces de todos los colores estuvieran implicados siempre en mantener esta verdadera tortura contra mujeres y niñas, dictó el fallo “F.A.L s/Medida Autosatisfactiva”. En este fallo la Corte estableció, resumidamente, los siguientes puntos:

Cualquier mujer o niña que sea violada y quede embarazada producto de esa violación, tiene derecho a acceder a un aborto no punible en el hospital público. El único requisito es que firme ella o su responsable legal una declaración jurada sobre la violación. Esto es independiente de que haya o no una denuncia penal. En el caso de que corra riesgo de vida la mujer, también tiene derecho a acceder a un aborto no punible. En ningún caso es necesario solicitar autorización a ningún tipo de funcionario judicial, policial ni político. No es necesario que se realicen peritajes de ningún tipo. No es necesario acudir a comités de bioética, interdisciplinarios o de cualquier otra índole. Si los médicos se declaran objetores de conciencia, la institución tiene que ocuparse de garantizar que haya un médico o médica dispuesto a cumplir con el derecho de la mujer o la niña, porque la institución no puede ser objetora de conciencia. En conclusión, es responsabilidad de la autoridad sanitaria de todos los niveles (nacional, provincial, local)  garantizar que se puedan realizar los no punibles en el hospital público.

Después del Fallo de 2012, sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación se negó a reglamentar la guía técnica de abortos no punibles, que elaboraron funcionarios de ese organismo. Así, aunque la guía existe, no es de aplicación obligatoria a nivel nacional, porque el militante del Opus Dei a cargo de la cartera de Salud, Juan Manzur, no ordena la reglamentación. Los gobiernos provinciales se apuraron en muchos casos a redactar protocolos de no punibles que son enredos para no aplicar el artículo 86 y el Fallo de la Corte.

Un escándalo mayúsculo fue el protagonizado por Mauricio Macri, cuando reveló en una cena con empresarios que el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires iba a realizar el primer no punible. Así, abrió el espacio para que se metiera el cura del hospital (sí, hay un cura en el hospital al que le paga el sueldo la Ciudad), y una organización archireaccionaria consiguiera un amparo de una jueza no menos reaccionaria. En ese caso, como en muchos otros, fue el movimiento de mujeres, en primer lugar nuestra organización Las Rojas, que se plantó en la puerta del Hospital un día entero y visibilizó el caso, el que consiguió que finalmente se respetara el derecho de una mujer joven, que había sido violada reiteradamente mientras estaba en manos de una red de trata y explotación sexual, a acceder al no punible.

El gobernador Scioli, ¡otro presidenciable K!, nunca fue menos en la cuestión de interferir contra las mujeres. Aunque la provincia tiene un protocolo de abortos no punibles desde 2012, ya hubo varios casos de incumplimiento en Buenos Aires.

 

Los debates en el movimiento de mujeres

 

Más de diez años de gobierno K han demostrado que la confianza en Néstor y Cristina fueron nefastos para la lucha por el derecho al aborto. Empezando por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, hegemonizada por funcionarias y académicas kirchneristas, que habían logrado convencer a la mayoría del movimiento de mujeres que había que confiar en que el gobierno iba a dar el derecho al aborto. El 1° de noviembre de 2011 empezó a desvelarse la farsa para muchas, porque los diputados y diputadas K fueron los responsables de que se cayera el primer y único debate parlamentario en la Comisión de Legislación Penal. Lo que veníamos diciendo desde Las Rojas, que era necesaria una lucha en las calles sin confiar en diputados, funcionarios ni gobierno, se hizo visible para miles de mujeres activistas y para la sectores populares más amplios. Comenzó la confluencia entre sectores que empezaban a romper su alianza con el kirchnerismo y sectores independientes del movimiento. Juntas organizamos la gran movilización del 1° de noviembre de 2012, la más grande que hubo en la historia del país por el derecho al aborto. También organizamos movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, del Día de Lucha contra la Violencia y otras acciones.

Este año, el 8 de Marzo vio una de las movilizaciones más importantes del movimiento en años. La primera del año que incluía la exigencia de que no pesara el ajuste K sobre las y los trabajadores, junto con la exigencia de que se apruebe la ley de derecho al aborto.

De la acción sobre el caso de la nena de Moreno hay varias cuestiones que balancear. Todavía es necesario que sectores más amplios se hagan parte de la lucha por el derecho al aborto. Porque mientras el aborto siga siendo ilegal en la Argentina, van a seguir muriendo mujeres por abortos clandestinos mal realizados.

La campaña kirchnerista del misoprostol ha calado hondo y también hace estragos. Porque no es cierto, como dicen las defensoras de esa campaña (al canto de “misoprostol que grande sos, sos el primer abortador”) que el aborto con misoprostol sea seguro y reemplace el aborto legal en el hospital. Es la ilegalidad del aborto la que lo vuelve criminal. No el método en sí mismo. Sólo el aborto realizado en condiciones sanitarias es seguro, sólo el aborto realizado en el hospital público es seguro. Lo demuestra Uruguay, que desde que se legalizó el derecho al aborto, no ha habido muertes de mujeres por complicaciones post aborto.

Por otra parte, no hay campaña de educación sexual real. Y la barbarie que avanza junto con el ajuste y la carestía de la vida, ya está haciendo que más niñas y mujeres sufran las consecuencias. La sección maternidad del Hospital de Moreno es un ejemplo. La nena de 13 años violada no era la única joven en ese sector. Muchas de las parturientas no pasan de los 15 años. ¡Que no diga Cristina que en la Argentina hay educación sexual! ¡Que no mientan los funcionarios K diciendo que en Argentina hay reparto de anticonceptivos! ¡Que no digan los propagandistas de la década ganada que las mujeres estamos mejor con este gobierno! Hay cientos y cientos de niñas y adolescentes que están solas, que sus mamás están solas. Porque en el caso de Moreno hubo una cosa clave: la mamá de la nena tenía una experiencia con los movimientos sociales y su reacción fue recurrir al movimiento de mujeres. Ese es el valor del movimiento y ese es el reactivo que demuestra que este gobierno tiene una política que desprecia la vida de las niñas, las jóvenes y las mujeres.

Si el movimiento de mujeres no va hasta el final con su ruptura con el gobierno, si no hay movimiento de mujeres realmente independiente de este gobierno y de cualquier sector patronal, la lucha por el derecho al aborto, para que no haya más niñas obligadas a seguir con embarazos productos de violación, para que no haya más mujeres obligadas a una maternidad que no desean, el camino hacia la emancipación todavía está lejos de comenzar.

Desde la agrupación de mujeres Las Rojas estamos convencidas que es la acción del movimiento la que logra que se cumplan los derechos de las mujeres. Y el caso de Moreno verifica una vez más que no hay guía, protocolo, ley que se cumpla sino es con la estricta acción del movimiento para hacerla cumplir. Lo demás es letra que el gobierno usa para hacerse propaganda.

La lección más importante del caso de Moreno es que sólo el movimiento luchando en las calles, exigiendo junto a las y los trabajadores, los y las estudiantes,  y todos los sectores populares, el que va a lograr se legalice el aborto en la Argentina. Esto exige, ante todo, denunciar una y mil veces el rol criminal hacia las mujeres de la política del gobierno, de Cristina Kirchner para abajo. Volver a buscar vericuetos, que ahora otra vez los diputados, que las firmas, que el máximo responsable es Scioli… todo eso es politiquería y está lejos de ser lo que necesitamos las mujeres. Seguir construyendo ese movimiento de mujeres independiente que se movilice todo el tiempo y en todas partes, para no dejar pasar ni un solo caso donde se violente el derecho de toda niña o mujer que lo necesite, de acceder a un aborto no punible y para arrancarle al gobierno el derecho a decidir para todas las mujeres.

En ese sentido, se merece una mención el rol de las agrupaciones de mujeres del FIT. No estuvieron presentes en Moreno, no estuvieron haciendo campaña por la nena. Se desgarran por presentarse como defensores de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, por figurar con sus diputados en las movilizaciones llevando el pañuelo verde y hacen campaña diciendo que sus diputados son los únicos que apoyan el proyecto de ley. ¡Pero no están cuando hace falta para defender a las mujeres! Una vez más, ¡para qué sirven diputados de izquierda que no están al servicio de colaborar con la movilización independiente, en este caso del movimiento de mujeres por sus derechos!

 

Inés Zeta

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