El presidente modificó a través un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la Ley de Migraciones Nº 25.871 y la Ley de Nacionalidad Nº346 con el fin de poder deportar rápidamente a inmigrantes que tengan procesos penales en curso  con o sin sentencia firme. La noticia pasó casi sin pena ni gloria por los medios hegemónicos que solo unas semanas antes casi que parecían festejar la brutal represión a los cientos de vendedores callejeros que fueron desalojados en Once.

La modificación se llevó a cabo, según denunciaron voceros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pasando por encima de la Constitución Nacional que dicta que las políticas migratorias deben ser legisladas por el Congreso y no por decreto. Este detalle es ilustrativo de lo lejos que el gobierno de Macri es capaz de llegar con sus políticas de exclusión social. Tal como lo hizo al principio de su mandato, el presidente se metió nuevamente en el papel de “Monarca Mauricio I” que está dispuesto a pasar por alto hasta las reglas de juego establecidas por el propio Estado capitalista y burgués que representa con tal de sacar sus decretos exprés que como siempre van en detrimento de los derechos de los sectores más vulnerables.

Por otro lado, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dejó bien en claro que aunque la ley haya sido modificada por decreto el gobierno de Cambiemos contaba con el apoyo del “sector más importante de la oposición”. Este hecho no resulta sorprendente si tenemos en cuenta las nefastas declaraciones del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Ángel Pichetto, en noviembre del año pasado en las que se calificó reaccionariamente a los inmigrantes que llegaban a la Argentina como la “resaca” de sus respectivos países, culpándolos de la pobreza en aumento a la que los sucesivos gobiernos capitalistas han sumido al pueblo argentino. Parece que de progres a los dirigentes K cada vez les queda menos.

La realidad es que la modificación de la ley no afectará a los grandes entramados delictivos del narcotráfico o la trata de personas como el gobierno dice sino al sector más vulnerable de los extranjeros que habitan nuestro país y que subsisten diariamente con actividades de suma precariedad laboral como la venta callejera. Para ejemplificar lo grave de los casos que podrán darse a partir de ahora, actualmente pueden ser procesados penalmente los inmigrantes que se dediquen a la venta callejera por el hecho de considerarse la actividad que llevan a cabo como ilícita o mismo en una represión, como la que ya se llevó a cabo en Once hace algunas semanas, si se resisten a ser desalojados por la policía, con esta ley podrán ser inmediatamente expulsados de país por el solo hecho de estar procesados penalmente, sin ningún tipo de control por parte de la justicia, sin que los procesados puedan llevar a cabo ninguna defensa legal y sin que este dictada la sentencia firme.

Otra de las características sumamente regresivas del decreto tiene que ver con la reforma de la Ley de Nacionalidad. Antes de esta modificación,  para obtener la nacionalidad argentina se necesitaba acreditar más de dos años de residencia en el país, ahora se deberá demostrar la residencia legal para que luego el pedido sea evaluado por un Juez Federal ¡criterio que vuelve la ley a los parámetros establecidos por la última Dictadura Militar! que se habían reformado con el regreso de la democracia.

Esta claro que el gobierno busca asociar inmigración con delincuencia y delito y este es un discurso que, a pesar de ser débil en pruebas (según los censos solo el 5% de la población carcelaria es extrajera) cala muy profundo en los sectores medios e incluso una parte importante de la clase trabajadora. Como evidencian las noticas que vienen del norte, ésta no es una idea que sea patrimonio del gobierno Argentino, es un discurso que viene haciendo mella en el mundo, sobre todo luego de que asumió el gobierno de los Estados Unidos el xenófobo y archí reaccionario Donald Trump. Pero aunque esta ideología anti inmigrantes se replique todo el mundo también se agiganta la resistencia a la misma, que crece con marchas y movilizaciones como las que hubo en Barcelona el pasado 18 de febrero, en la que cientos de miles de catalanes se manifestaron en las calles a favor de recibir a los inmigrantes.

Con tipo de medidas regresivas el gobierno macrista no solo avasalla los derechos democráticos de los sectores más débiles de la población, sino que también encuentra un chivo expiatorio para ocultar que las verdaderas causas de la pobreza y la descomposición social que sufre nuestro país son, por solo nombrar algunas de las que golpean más fuerte a la población trabajadora,  la creciente desigualdad económica generada por la precarización laboral, las paritarias a la baja, los millones de despidos en el sector estatal y privado.

Es necesario denunciar estas reformas antidemocráticas y xenófobas pero para luchar contra ellas es totalmente imprescindible que salgamos a enfrentar al gobierno como lo venimos haciendo, que redoblemos la fuerza para pararle la mano a Macri y su gobierno reaccionario.

Verónica R.

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