¡Justicia por Marita Verón!

 

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán finalmente condenó a los proxenetas que desaparecieron a Marita Verón. Sin un nuevo juicio, sin nuevos testigos, sin nuevas investigaciones que aportaran otras pruebas: con el mismo material que ya obraba en el expediente, la causa dio casi un giro de 180 grados, desde la absolución completa de todos los acusados sancionada por la Cámara, hasta la condena de la Corte a todos menos dos, con penas de 10 a 22 años.

Esto es lo que se llama un fallo político, y es, enteramente, un logro del movimiento de mujeres, de su sector organizado y del que no lo está, esa indignación popular que reacciona furiosamente ante casos que se vuelven un emblema de la escandalosa situación de opresión de las mujeres.

Recordemos el día de la absolución, hace menos de un año y medio. A medida que nos enterábamos, salimos a la calle, nos juntamos en la Casa de Tucumán, Las Rojas y compañeros de otras agrupaciones. La gente se paraba en la calle a putear, se armaban diálogos espontáneos entre los que iban en auto y los que andaban caminando: ¿es verdad que los absolvieron a todos?, no puede ser. A las compañeras que habían ido a buscar pancartas las paraban para preguntarles: ¿qué hay que hacer?, ¿cómo puede pasar esto? Esa noche se preanunciaba la marea que se movilizaría al día siguiente las calles de todo el país.

El gobierno lanzó su gente a la calle también, con una consigna: frenar la movilización contra el gobierno, dirigiéndola contra el Poder Judicial. La maniobra les fracasó: Las Rojas y demás agrupaciones independientes del movimiento de mujeres logramos que la movilización del día siguiente fuera convocada a la Casa de Tucumán, y no a Tribunales como proponían las agrupaciones K; pero sobre todo, la responsabilidad del gobierno K de la provincia era la que gritaba la indignación popular, y fue lo que campeó al día siguiente en las enormes movilizaciones en todo el país.

Ni siquiera el hecho de que la propia Susana Trimarco se hubiera acercado al gobierno y excluyera a Alperovich de sus denuncias pudo ocultar la realidad a los ojos del movimiento popular: la absolución también fue un fallo político, expresión del aparato político-judicial-policial ultrarreaccionario con que el PJ gobierna Tucumán y muchas otras provincias del país, en el que el kirchnerismo, a pesar de su discurso progre, también se apoya para gobernar. En Tucumán, el movimiento de repudio al fallo de la Cámara en la caso de Marita reavivó otra lucha que venía de años atrás, la del padre de Paulina Lebbos, asesinada por “hijos del poder” hace ocho años, cuyo crimen sigue impune a pesar de que el propio Alperovich dijo públicamente que conocía el nombre del asesino. El gobernador nunca fue llamado a declarar por la Justicia.

 

Las limitaciones de esta lucha

 

Igualmente, los esfuerzos del kirchnerismo para frenar esta pelea, empezando por haber puesto a Susana Trimarco de su lado, tuvieron algunos logros importantes. Alperovich no cayó, aunque su esposa tuvo que salir de la escena nacional, adonde se había instalado como vicepresidenta de la Cámara de Senadores. La Chancha Alé, señalado por Trimarco como jefe de la red de trata que secuestró a su hija, sigue sin ser imputado en esta causa, y no es un proxeneta más o menos: era el dueño de la empresa de remises que en el momento de la desaparición de Marita se había convertido en una especie de “seguridad privada” utilizada por el gobierno de Tucumán de ese entonces, además de trasladar a los votantes cuando había elecciones. En uno de esos remises fue secuestrada Marita. Alé, que también fue presidente del club de fútbol San Martín de Tucumán, era parte directa del aparato del PJ, y obviamente el nexo entre la red de trata y el gobierno. El gobierno de Tucumán había prescindido de los servicios de su empresa de remises justamente con el asesinato de Paulina Lebbos, ante el escándalo provocado por la declaración de varios testigos, que dijeron haber visto a Paulina subir a uno de esos remises el día que desapareció.

Pero los “puntos suspensivos” más importantes de este caso hacen a la lucha contra las redes de trata en general. El heroísmo de Susana Trimarco, además de liberar a muchas víctimas de esta red, sacó a la luz la extensión y profundidad de este negocio. La movilización contra la absolución mostró la convicción popular de que este negocio no puede funcionar sin la complicidad del Estado, y logró que el gobierno K se apurara a sancionar la ley de trata, perdida en algún cajón del Congreso patriarcal. Pero esa ley sigue sin reglamentarse, y por lo tanto sin asignación de presupuesto ni personal, y por lo tanto no se aplica.

 

¿Dónde está Marita?

 

Todos los límites de esta lucha convergen en esa dolorosa pregunta que sigue sin respuesta. La última palabra sobre la causa en sí está ahora en manos de la Corte Suprema nacional. Pero para llegar al fondo de esta causa y encontrar a Marita, el movimiento de mujeres y el movimiento popular que lograron la condena de los proxenetas tienen que retomar la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata de manera independiente del gobierno, porque hay que lograr la investigación de Alé y el aparato del PJ tucumano incluidos los Alperovich, además de las conexiones de estas redes en otras provincias del país y en el exterior.

Las redes de trata incluyen como un componente indispensable a la policía, la Justicia y los funcionarios del Estado. La lucha por su desmantelamiento solo puede ser pensada desde la construcción de un movimiento de mujeres de lucha, independiente del gobierno y aliado al movimiento obrero y popular.

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