En estos días, dos hechos han vuelto a mostrar el intento del macrismo de reescribir la historia. Por un lado, la tentativa de designar el 24 de marzo como feriado móvil. Por el otro, las declaraciones del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien en un programa televisivo se despachó a gusto y piaccere con una interpretación sobre el golpe genocida del 76, que si bien algunos integrantes del gobierno venían esbozando, sorprendió por la crudeza y el intento de instalar un relato global reaccionario sobre los hechos.

Gómez Centurión fue combatiente de Malvinas y carapintada que participó en los levantamientos de Semana Santa en 1987 y Monte Caseros en 1988, como reacción de las segundas líneas del Ejército a los juicios contra las militares (que finalmente desembocaron en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con lo cual se circunscribió la responsabilidad por el genocidio solamente a los altos mandos), ocupó cargos en el Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Macri, y fue puesto en la Aduana apenas asumió el gobierno nacional.

Negacionismo

Dentro del gobierno macrista, no es la primera vez que se oyen voces desconociendo las consecuencias brutales de la dictadura. Hace unos largos meses, Darío Lopérfido, como ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad, fue el primero en cuestionar el número de 30.000 desaparecidos al afirmar que se trataba de 8.000 personas, e insinuó que los números estaban inflados por los organismos de derechos humanos para cobrar subsidios. Semanas después, terminó renunciando. De hecho, fue el propio Macri quien en una entrevista en el portal de noticias BuzzFeed declaró que “no tengo idea [de si fueron 30.000]. Es un debate en el que no voy a entrar, si son 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro [en la Costanera] o si son más. Es una discusión que no tiene sentido”.

En esta línea, Gómez Centurión afirmó nuevamente que los desaparecidos son 8.000, y que el resto son “22.000 mentiras”.

Esto es una nueva muestra del intento del gobierno de “disminuir” el genocidio perpetrado por las fuerzas armadas, y a la vez cuestionar la inmensa lucha que los organismos de derechos humanos, las organizaciones democráticas y la izquierda vienen dando hace 40 años para que se juzgue a los responsables del genocidio. El “negacionismo” que ejerce el gobierno, intentando relativizar y banalizar los hechos, es, en última instancia, un mecanismo perverso que intenta perpetuar la impunidad y evitar los avances conseguidos con la lucha.

Sentido de la verdad

Sin embargo, lo de Gómez Centurión no se trata sólo de minimizar el número de desaparecidos, de restarle importancia. Intentó ir más allá, cuestionando el propio carácter genocida del golpe. Afirma que hay que restituir la verdad histórica y poner en contexto lo ocurrido. Para esto, no sólo desmiente el número que históricamente ha sido bandera de los organismos de derechos humanos, sino que afirma que no hubo un plan sistemático de asesinatos, desaparición de personas y robos de bebés; sino que estos “excesos” son atribuibles a una pésima conducción de “la guerra”. Con este último concepto, intenta reflotar “la teoría de los dos demonios”, interpretación clásica del alfonsinismo que ponía un signo igual entre la guerrilla y el terrorismo de Estado. Los muertos y los desaparecidos, entonces, cayeron en el marco de un enfrentamiento entre “contendientes”, como parte de una “guerra de aparatos” a la cual la sociedad asistía atónita. Recordemos que el alfonsinismo juzgó a los jerarcas de la dictadura, pero también a los cabecillas de Montoneros y del ERP.

Es que la caída de la dictadura militar después de la derrota de Malvinas, y el posterior reconocimiento oficial de la brutalidad de la masacre y torturas efectuadas por todas las fuerzas represivas del Estado, supuso un enorme desprestigio de esas fuerzas. Este desprestigio es un problema de primer orden para la burguesía. Las fuerzas armadas son el sostén último del dominio burgués, por lo tanto la patronal no puede aceptar que su garante último esté tan cuestionado por la sociedad. Esa es la razón última por al cual Macri y sus funcionarios sistemáticamente pretendan disminuir los crimenes de los milicos.

Justamente esto, encubre otro aspecto importante que no debe ser soslayado: el carácter de clase del golpe del 76 y de las Fuerzas Armadas. El golpe cívico-militar fue dirigido contra una inmensa vanguardia obrera, estudiantil y popular; con centro en las fábricas, las universidades, los colegios y los barrios. De hecho, se estima que más del 60% de los desaparecidos, eran trabajadores.

El peligro que se cernía sobre la clase dominante, era el cuestionamiento al poder del capital en el propio lugar de producción. Por eso el golpe, brutal y sistemático, y por lo tanto genocida, estuvo destinado a matar, torturar y desaparecer a una serie de delegados y activistas con el objetivo de destruir el poder y la organización de los trabajadores.

Hay que echar a Gómez Centurión y a todos los negacionistas

Es importante destacar que en las dos iniciativas, el gobierno tuvo que retroceder. Por un lado, reafirmando el 24 de marzo como feriado inamovible[1]. Por otro, saliendo a despegarse de las declaraciones de Gómez Centurión, con el argumento de que se trata de una “opinión personal” del funcionario. Esto de por sí, constituye un paso importante, una demostración de las inmensas fuerzas democráticas que anidan en la sociedad, una frontera que el gobierno aún no puede traspasar en su ataque global a las conquistas de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Sin embargo, Macri aún lo sostiene en su cargo, con el argumento formal de que “ejerce satisfactoriamente su función”. En esta tesitura se ha sumado Ernesto Sanz, referente radical de Cambiemos, quien afirma que él “no está para decirle a Macri si un funcionario debe irse o quedarse”. O inclusive diarios como Clarín, quienes defienden el derecho a la libertad de expresión del propio Gómez Centurión (“Gómez Centurión no puede ser censurado por expresar su punto de vista sobre la represión ilegal. Es su derecho.”[2]).

Esto no debería extrañar a nadie. La permanencia de Gómez Centurión en su cargo es la demostración más palpable de que éste en definitiva actuó como vocero del mismo Macri.  Y en lo que respecta a la UCR y a Clarín, ambos han sido cómplices de la dictadura. Cómo olvidar las frases del dirigente del radicalismo, Ricardo Balbín cuando hablaba de la “guerrilla fabril”, o aquélla “no tengo más soluciones” mediante la cual prácticamente golpeó las puertas de los cuarteles; o el perverso “negociado” de Clarín y La Nación mediante el cual se apropiaron de Papel Prensa.

Por eso, hay que exigir la inmediata renuncia de Gómez Centurión. Así como hay que repudiar fuertemente estos intentos de cuestionar el carácter de clase, sistemático y genocida del golpe del 76, porque hacen parte de un intento de reescribir la historia, borrar de la memoria colectiva la lucha de los trabajadores; y en tiempo presente, porque es funcional a los intentos de hacer pasar el ajuste del gobierno. Por eso, el 24 de marzo debemos ser miles en las calles para pararle la mano al gobierno de Macri.

[1] Para ver nuestra posición sobre esto, remitimos a los lectores a “El gobierno K lo convirtió en feriado, el gobierno de Macri intenta borrarlo de la memoria colectiva” en SoB 412, 26/01/17.

[2] Ricardo Kirschbaum, “Pragmatismo y 4-4-1”, http://www.clarin.com/opinion/pragmatismo_0_HJrKMkJOe.html

Maxi Tasán

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