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Aumentos, tarifazos y flexibilización laboral

 

El gobierno de Macri ha decidido arrancar el 2017 retomando la iniciativa política y desplegando un ataque global contra los trabajadores. Es un dato que el 2016 terminó con elementos de crisis en el gobierno, el cual se vio obligado a repensar íntegramente cuáles van a ser los pasos a seguir en un 2017 que se presenta plagado de incertidumbres y dificultades.

La inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos con su arenga de proteccionismo imperialista obligó al gobierno nacional a poner las barbas en remojo y repensar los pasos a seguir de cara al presente año electoral. El problema es simple, Macri y su CEOcracia contaba con poder seguir endeudándose a troche y moche y a tasas de interés baratas, para de esta manera conseguir el caudal de dólares necesarios para cubrir el déficit fiscal. Pero el inminente arribo del magnate a la Casa Blanca echó por tierra con esas expectativas.

La corrida mundial de endeudamiento

Como hemos señalado en la edición anterior, ni en el plano internacional ni en el doméstico se confía en un gran impulso económico de crecimiento o inversión para 2017. En primer lugar, por las señales que da “el mundo”. No se sabe si Macri cree en serio el delirio de que los inversores internacionales están que se mueren por entrar al mercado argentino, pero en todo caso no va a suceder. Aunque los primeros pasos de Trump no están decididos, es casi seguro que se darán varios o todos los siguientes factores. Primero, aumento de tasas de la Reserva Federal a partir de un mayor endeudamiento del fisco yanqui, que atraerá capitales deseosos de invertir en activos seguros pero ya con tasa superior al 0 o 1% como hasta ahora. Segundo, una cierta saturación de la emisión de deuda de los países emergentes, y de Argentina en particular. Tercero, difícilmente el “shock de confianza” de Macri se traduzca en una mejora de calificación de la deuda soberana y del país. Como mucho, alcanzará para pasar de “país frontera” a “país emergente”, con una calificación “B-” y una tasa a 10 años del orden del 6%, algo por debajo del nivel de Sri Lanka, El Salvador, Senegal, Honduras o Bahrein. Y, como dice Orlando Ferreres, “¿quién viene a poner plata a un país B- en forma masiva?” (Ámbito Financiero, 5-1-17).

Por otra parte, el macrismo calculó mal o mintió en sus perspectivas de endeudamiento para 2017. Primero Prat Gay dijo que con la toma de deuda de 2016 estaban hechos. Después, Luis Caputo aseguró que haría falta una sola ronda de acceso al mercado internacional de deuda en 2017. La realidad es que casi cada semana se están haciendo licitaciones locales de deuda por montos no despreciables, y que el Tesoro necesitará este año unos 40.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad será deuda nueva que deberá cubrirse esencialmente con dinero del exterior. El blanqueo tapa agujeros, pero no hace magia.

A esto se agrega que tanto a nivel internacional como local, tanto los privados como los emisores de deuda soberana, están lanzados a una carrera para endeudarse ahora antes de que sea más caro. Una señal de eso es la emisión de deuda récord que se registró en Wall Street en la primera semana del año. Todo el mundo se ve venir que la “Trumponomics” significará, antes que nada, tasas más altas (o sea, deuda más cara) y menos liquidez sobrante y crédito disponible que busque ganancias en mercados exóticos. A Caputo le espera mucho trabajo.

2017: ¿una dorada mediocridad o una incubadora de crisis?

Ahora, irónicamente, el gobierno deberá lidiar con su propia pesada herencia de 2016: 40% de inflación, caída del PBI del orden del 2,5%, déficit fiscal real (no dibujado) del 7% del PBI, aumento sustantivo de la carga de la deuda pública, tipo de cambio relativamente atrasado (para los criterios macristas), caída del empleo, del poder adquisitivo y del consumo, todo enfrentando un año de elecciones que, según Macri, pueden decidir si la reelección es un destino o un delirio.

El gobierno de Macri apostó muy fuerte al endeudamiento en 2016, sin imaginar que las condiciones internacionales de 2017 podían ser muy distintas. Y aquí se encadenan los problemas: el macrismo usó el dólar atrasado como ancla inflacionaria, exactamente lo mismo que hacía el kirchnerismo, con la diferencia de que Macri estaba confiado en que podía sostener de manera menos artificial el dólar bajo con ingreso de divisas. Pero esas divisas no llegaron vía inversiones, sino sólo en concepto de endeudamiento.

Ahora bien, si en 2017 el acceso a la deuda se llega a complicar, sobre todo en función de factores internacionales, todo el castillo de naipes que es hoy la Macrinomics se desmorona: la falta de dólares empujará el tipo de cambio hacia arriba, detrás del tipo de cambio va la inflación, y adiós todo el esquema de metas de inflación, crecimiento (muy moderado) y alguito de gasto público para ganar las elecciones.

Porque todos los “actores económicos” saben (aunque pocos lo dicen en voz alta, para no dañar al gobierno que defienden) que sin inversión interna (como en los primeros años K), ni flujo de inversiones externas (como en los primeros años del menemismo), ni crecimiento económico (el raquítico 2% esperado para este año es más bien un dejar de caer, sin alcanzar siquiera los niveles de 2015), ni aumento del saldo de comercio exterior (salvo el campo, y hasta ahí, los demás números son malos), ni demanda del mercado interno (algo que el kirchnerismo en su última etapa logró alimentar), el único “motor” de la economía es la deuda y un muy moderado gasto en obra pública. Y eso es exactamente lo contrario del pregonado “desarrollo sustentable”.

En el fondo, como siempre, lo que tenemos es un capitalismo argentino cuya formación de capital (reflejada en la tasa de inversión) sigue siendo anémica. Según el economista liberal Hernán Hirsch, “no hay razones para esperar una lluvia de inversiones en 2017. En rigor, hoy la Argentina tiene un problema de insuficiencia de inversión, que representa el 15% del PBI, cuando el promedio de la región se ubica en el 22% y en el mundo es del 25%. Antes de hablar de lluvia de inversiones, habría que pensar en normalización de la inversión” (Ámbito Financiero, 11-1-17).

En este marco, la designación del tándem Dujovne-Caputo al frente de la política económica es más una señal de ajuste que otra cosa. Como lo llaman los analistas liberales, se trata de “profundizar y ordenar el gradualismo”. Esto es: sin necesariamente ir al choque (después de todo, hay elecciones), el mensaje puertas adentro y puertas afuera es de más austeridad, más control, menos gasto (social, claro), más deuda, menos contemplaciones, más apriete a la productividad del trabajo (ver nota aparte). En una palabra: apretar todo lo que las condiciones políticas y electorales lo permitan.

Un ataque global contra los trabajadores

Si el gobierno de Macri terminó el 2016 dando muestras de arrastrar elementos de crisis en su interior, el comienzo de 2017 lo encuentra tratando de retomar plenamente la iniciativa política. En estos últimos días se anunciaron una serie de medidas y proyectos que hacen parte de un ataque global contra los sectores populares, pero particularmente contra la clase obrera.

El ataque del gobierno se da en varios frentes como son el ajuste en el Estado; la pérdida del poder adquisitivo del salario vía los tarifazos, la inflación y las paritarias a la baja; un reforzamiento del régimen represivo del Estado vía el intento de aplicar el Protocolo antipiquetes, el intento de criminalizar a la juventud mediante la baja a la edad de imputabilidad a los menores de 14 años, o como se está viviendo en estos momentos en Chubut en donde se está llevando a cabo una brutal represión contra la comunidad mapuche; y por último, un brutal recrudecimiento en las condiciones de explotación (productividad) de los trabajadores.

Dujovne: administrador del ajuste en el Estado

Recapitulemos un poco. A finales de año, Mauricio Macri dio la orden de reducir los gastos de todos los ministerios, es decir, iniciar un ajuste en el Estado. En una de sus primeras manifestaciones, antes de asumir, Dujovne había manifestado que “Sobran un millón de estatales”. Parte de esta orientación fue el vaciamiento del CONICET mediante el expediente de no incorporar a los 500 becarios que ya estaban aprobados para incorporarse a la carrera de investigación. Este ataque desató una fuerte resistencia por parte de los investigadores, quienes tomaron las sedes del CONICET en las vísperas de Navidad. Esta lucha contaba con la legitimidad y la fuerza necesarias para alzarse como un baluarte de la resistencia contra el ajuste, pero no pudo llegar a serlo por responsabilidad del Partido Obrero quien, junto con el kirchnerismo, llamó a aceptar la propuesta del gobierno a cambio de algunas modificaciones. Inmediatamente después de este avance, el macrismo redobló la apuesta y discontinuó los planes de formación docente, lo que dejó a 3000 trabajadores despedidos. En este caso nuevamente el kirchnerismo apostó por levantar la toma del Ministerio, lo que debilitó sensiblemente la lucha. Está claro que en el marco de ajuste presupuestario que quiere imponer el gobierno nacional, los estatales (y entre ellos los docentes) serán un blanco continuo de los ataques de Macri y los diversos gobernadores provinciales, y que para derrotarlos es necesario endurecer los métodos de lucha y rodear de solidaridad todas las experiencias.

Tarifazos y paritarias a la baja

Las últimas mediciones del INDEC revelaron una realidad: 12 millones de personas (el 50% de los trabajadores) cobran menos de $ 8.000 por mes. Esto significa que reciben un ingreso por debajo de la canasta básica familiar, lo que explica el 32% de pobreza que abruma a la Argentina. Este es un dato importante, más si se tiene en cuenta que esta medición aún no contempla la nueva ola de aumentos de precios que ya está en marcha. Por un lado ya se anunciaron una serie de aumentos: la Justicia avaló el tarifazo del 375% en la tarifa del agua; se incrementaron el precio de los peajes (120%) y de las naftas (8%); también subieron las tasas de ABL (30%) y el impuesto de patentes (17%); al mismo tiempo el gobierno avaló un incremento en la telefonía celular (12%); al que habrá que sumarle un nuevo aumento en las tarifas de electricidad que oscilará entre el 44% y el 60%. A esto habrá que descontarle el beneficio que suponía la devolución del 5% del IVA a los pagos hechos con tarjeta de débito, beneficio que ha sido anulado por el gobierno al considerar que perjudicaba a las empresas de tarjetas de crédito como Visa, American Express y Mastercard.

Pero esto no es todo. Es que el gobierno, a pesar de esta ola de aumentos, de que la inflación en 2016 superó el 41% y de que los trabajadores ya perdimos entre el 8 y el 10% de nuestro salario durante el año pasado, ahora pretende imponer un techo salarial de no más del 20%.

Un ataque a las condiciones de trabajo en beneficio de las patronales

Macri ha iniciado una cruzada para incrementar las ganancias de los empresarios y con eso terminar de seducir a los inversores. Un primer paso en este objetivo es el acuerdo alrededor de Vaca Muerta alcanzado por el gobierno nacional, el de Neuquén y el sindicato de petroleros. Éste ha supuesto una entrega de conquistas históricas de los trabajadores que no sólo afectan a su salario, sino que hacen a las condiciones mismas de trabajo. El entusiasmo fue tan grande que generó un salto del 18% en las acciones de YPF. Otro que mostró una euforia descontrolada fue el mismísimo señor presidente, quien pretende tomar el mismo como caso testigo para generalizarlo a los distintos gremios y de este modo desbaratar los convenios colectivos de trabajo heredados de las luchas de los 70.

El razonamiento es el mismo de siempre: hay que bajar los “costos laborales” para así garantizar las ganancias empresariales de modo tal que lleguen las inversiones que con el tiempo “derramarán” sus beneficios en forma de empleos y salarios mejores. Macri nos habla de la “revolución del salario” de la misma manera que Menem hablaba de la “revolución productiva”. El resultado de estas “revoluciones patronales” es solamente un incremento de la explotación laboral, un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un incremento de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

Por eso no es de extrañar que otra de las medidas impulsada por el Ejecutivo sea la reforma de la ley de ART, la cual busca el objetivo confeso de impedir que los trabajadores enfermos o accidentados puedan reclamarle judicialmente a los patrones que se enriquecen a costa de su salud. Es que parece que para que “lluevan las inversiones” hace falta que se les garantice a los empresarios que ellos van a poder disponer libremente del cuerpo y de la salud de los obreros con absoluta impunidad.

El último de los “frenos a la reactivación” parecería ser el “impuesto al trabajo”. Para eliminar esta traba, el gobierno pretende eliminar los aportes patronales. Pero resulta que los famosos aportes patronales, en realidad no son un impuesto, son parte del salario diferido de los trabajadores, estos “aportes” y “contribuciones” son parte de lo que permite al trabajador acceder a una obra social y a una futura jubilación. El descontarle esos aportes a las patronales desfinancia en última instancia a la ANSeS y al sistema jubilatorio.

Hay que prepararse para enfrentar estos ataques

El año recién comienza y el gobierno pretende avanzar con este ataque global lo más pronto posible para después ver si puede llegar más tranquilo y con el trabajo sucio hecho a las elecciones.

La burocracia sindical, como no podía ser de otra manera, continúa mirando para otro lado y haciéndole el juego al gobierno. Muestra de esto fueron las “reacciones” frente al escandaloso acuerdo al que llegó el Secretario General de los Petroleros y Senador Nacional, Guillermo Pereyra, con el gobierno: la cúpula de la central sindical se ha limitado a afirmar que cada gremio tiene libertad para llegar a los acuerdos que considera convenientes, dando de esta forma vía libre a que pasen todas las contrarreformas reaccionarias.

Pero que el gobierno intente avanzar no significa que pueda lograr sus objetivos. Desde el Nuevo MAS en la Izquierda al Frente por el Socialismo, estamos comprometidos, como lo venimos haciendo en oportunidad de las luchas de los becarios del CONICET y los trabajadores del Ministerio de Educación, a salir a luchar contra el plan de ajuste y flexibilización laboral del macrismo. El ataque es demasiado fuerte y es de esperar que surjan conatos de resistencia en varios lugares, los cuales van a requerir endurecer los métodos de lucha y a los cuales hay que apoyar y rodear de solidaridad.

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