“El Gobierno es dueño de sus actos y de sus errores. Nosotros hemos tratado de contener y los funcionarios no aciertan todavía en lograr un escenario de certeza”. (Juan Carlos Schmid, triunviro de la CGT, 16 de noviembre)

 

Ingresando en la última parte del año, podemos recoger algunos datos del tendal que ha dejado el macrismo: 200.000 mil despidos estatales y privados, casi 2 millones de nuevos pobres, 40% de inflación acumulada este año, caída del consumo del orden del 5,2% interanual, caída del salario del 10%. Ante este panorama devastador para los trabajadores, no queda más que preguntarse: ¿y la CGT?

A esta altura, no queda ninguna duda que si Macri ha logrado llegar hasta aquí sin grandes sobresaltos, se debe, en primerísimo lugar, a una burocracia sindical que ha trabajado incesantemente para ello. La CGT ha sido el gran factor de estabilidad de la situación política; la que impidió, bloqueó y anuló cualquier posibilidad de unificar la lucha de los trabajadores para revertir, o siquiera frenar, la embestida del gobierno sobre sus condiciones de vida.

Una CGT todavía dividida dio muestras de sus posibilidades de canalizar la bronca por abajo el 29 de abril: por detrás del pedido de la burocracia de aprobar en el Congreso la “ley antidespidos”, 250.000 trabajadores en la calle demostraban el descontento con las medidas de los primeros meses de gobierno, y ponía sobre la escena la necesidad de un paro general. Rápida de reflejos, la CGT recogió el piolín y se bancó la escupida de Macri de vetar la ley, sin atinar a mover un dedo.

De allí en más, se abrieron unos largos meses donde se dedicaron a ponerse de acuerdo alrededor de la reunificación, que como hemos señalado en más de una oportunidad, perseguía el objetivo de fortalecerse como aparato contra los intereses de los trabajadores. Tibiamente plantearon la necesidad de la reapertura de las paritarias, que enseguida rebajaron a un bono de $2.000, que al día de hoy, no está claro quiénes se van a beneficiar de él. Prácticamente ninguna iniciativa fue tomada de allí en más, y se dedicaron a pasillear ministerios. Incluso la Marcha Federal, la otra gran muestra de fuerza de la clase trabajadora en el año, en este caso comandada por las CTA de Yasky y Micheli, los encontró reunidos en el Ministerio de Trabajo.

Así la CGT batió todos los records posibles, no sólo en servilismo en favor del ajuste del gobierno, sino también en mostrarse inconmovible ante el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

 

La CGT se esconde detrás de los excluidos

Ahora, la CGT se apresta a cerrar el año como parte de una movilización al Congreso para el viernes 18 junto a un conjunto de movimientos sociales (CTEP, CCC y Barrios de Pie)[1], la CGERA (cámara de pequeñas y medianas empresas), la Federación Agraria, la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, y el apoyo de las CTA de Yasky y Micheli.  Es la primera acción que emprende luego de casi 7 meses. El objetivo de esta movilización es impulsar una “ley de emergencia social” por un año, que tiene entre sus principales puntos la creación de 1.000.000 de “puestos de trabajo de la economía popular” (un eufemismo para llamar a los cooperativistas), y un aumento del 15% de la Asignación Universal por Hijo y la asignación por embarazo. A su vez, plantean el pago de un “salario complementario” para trabajadores de la economía informal, de alrededor de $4.000[2].

Objetivamente, este conjunto de reivindicaciones se constituyen en paliativos para situaciones de desocupación estructural en un país donde, si bien hubo una fuerte recuperación del empleo en la última década, dejó afuera a todo un sector que se solventó con trabajo informal, changas, planes sociales, etc. Sin embargo, no queremos detenernos en el programa de los movimientos sociales (con el cual tenemos profundas diferencias), sino en el rol de la CGT.

Bajo ningún punto de vista los revolucionarios podríamos estar en contra de la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados. Esta es una alianza fundamental que debe ser desarrollada a riesgo de debilitar a la propia clase y dejar al sector sobrante al borde de la descomposición social.

Sin embargo, este no es el objetivo de la CGT. Por varias razones. En primer lugar, no enarbola un programa de “unidad de clase”, que sobre la base de las reivindicaciones más acuciantes de los trabajadores ocupados (salario, condiciones de trabajo), tienda un puente a los sectores desocupados en pos de su integración a la producción social. La CGT no levanta la bandera de “trabajo genuino”, absolutamente fundamental para que los desocupados no se conviertan en trabajadores de segunda, sino que “acompaña” la creación de trabajo precarizado, informal, y que en última instancia, no puede funcionar más que empujando hacia abajo el nivel de vida general de las masas trabajadoras.

En segundo lugar, la CGT intenta quedarse con el monopolio de la protesta social. Esto no lo lleva adelante con el objetivo de desarrollarlo, sino para seguir garantizando la paz social. La marcha es, en el mejor de los casos, una maniobra para sentarse en mejores condiciones en la “Mesa de Diálogo y Producción” que comparte con los empresarios y el gobierno, con fecha la semana entrante.

Nuevamente, la CGT trabaja para el gobierno. No lo enfrentó a lo largo del año, ni se prepara para hacerlo en el siguiente, aun a riesgo de que el grueso del ajuste sea aplicado inmediatamente a partir del triunfo de Trump. Lo que los trabajadores necesitamos es un programa claro que parta de las reivindicaciones más inmediatas: reapertura de paritarias, no a los despidos, eliminación del impuesto al trabajo; y un paro general para imponerlas.

 

[1] Sobre el debate específico del rol de estos grupos en la actual coyuntura, ver “La CTEP y el fraude de la “economía popular”, en SoB N°304.

[2] Al cierre de esta edición, el proyecto de ley fue aprobado en el Senado por 45 votos, contra 13 negativos del gobierno. Ahora debe ser enviado a la Cámara de Diputados, donde además se presentaría otro proponiendo que para financiar los 11.000 millones de pesos de su costo, se establezca un gravamen al juego, a la renta financiera, y el restablecimiento de las retenciones a la minería. Nuevamente, como en otros oportunidades este año, no parece ser más que un “bluff” de un sector de los K y el PJ, que bien saben de la imposibilidad de que sea efectivamente aprobado, o en el mejor de los casos, obligar al gobierno a pagar el costo político de tener que vetarlo.

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