Entre las polémicas suscitadas por el Presupuesto 2017 –que incluye  hasta desvergonzadas reducciones directas en programas de derechos humanos del Ministerio de Justicia– ha tenido particular importancia la cuestión de los recortes del financiamiento para las actividades de Ciencia y Técnica. Esto se debe a la contundente respuesta que el gobierno de Macri recibió por parte de los trabajadores de la ciencia y la comunidad académica en general, que llevó a cabo importantes movilizaciones en todo el país consiguiendo un todavía muy insuficiente aumento de 1.290 millones para el presupuesto.

Los números del recorte

En algunos someros puntos, el ajuste consiste en lo siguiente:

• El aumento previsto para el conjunto de las actividades científicas, que incluyen no sólo el Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT) sino todo un conjunto de organismos descentralizados como el CONICET, los Institutos de Tecnología Agropecuaria e Industrial (INTA e INTI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), era originalmente de un 32% con respecto al 2016, lo que arrojaba -frente a una inflación del 50%- un recorte del orden del 18%. Sumados los 1.290 millones más que el gobierno tuvo que entregar a raíz de la movilización, el aumento firmado por Diputados trepa al 37%, es decir, un recorte final del 13%.
• A su vez, algunas áreas específicas sufrieron recortes mucho más groseros. El MinCyT mismo recibió un recorte nominal del 12% (3.000 millones en 2016, 2.700 en 2017) al que hay que sumarle la inflación del 50%. Otro recorte nominal del 33% sufrió la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que se encarga de subsidiar proyectos de investigación, proveyendo financiamiento para insumos, congresos, publicaciones, etc.
• Por otra parte, el CONICET, organismo autárquico que maneja un presupuesto propio y nuclea 9.000 investigadores de carrera y más de 10.000 investigadores en formación (“becarios”), recibe un aumento cercano al 42% (de 7.000 a 10.000 millones). El problema aquí es que no sólo se pierden puntos contra la inflación, que repercuten directamente en los salarios, sino que se produce un congelamiento de la carrera de investigación. Todos los años, el CONICET incorpora nuevos investigadores de planta que surgen de los becarios doctorales y posdoctorales que forma. Si el presupuesto no aumenta, no se pueden generar nuevos cargos de investigación, y con ello, todo el sistema se desmorona. Así, los doctores que se forman se ven obligados a irse del país para seguir investigando, proceso que ya ha ocurrido antes en nuestro país. Hoy por hoy, hay alrededor de 500 investigadores concursados en 2015 que todavía no acceden a sus cargos. Ante la incertidumbre presupuestaria, los concursos de 2016 no pueden definirse y no se sabe aún si habrá llamado en 2017[1]. No se trata, entonces, de una simple reducción sino de un ataque a la estructura misma de funcionamiento del sistema científico argentino.
• El presupuesto 2017 contempla la participación más baja de la ciencia en el presupuesto (0,6% del total) desde la conformación del MinCyT en 2007. Lejos quedaron las promesas electorales de Macri de aumentarla al 1,5%. (En los países desarrollados, se invierte alrededor del 2% del PBI en ciencia –Alemania, 2,8, EEUU, 2,7– mientras que en Argentina el porcentaje es también del 0,6).

La ciencia y el “proyecto de país”

El ataque del gobierno de Macri a la ciencia y la técnica fue ampliamente repudiado, incluso los mismos medios de comunicación que dicen y hacen lo imposible por sostenerlo tuvieron que deslizar algún reproche (el mismísimo mercenario Jorge Lanata se preguntó al respecto si se podía ser tan torpe). Esto se debe a que la inversión en ciencia es vista por amplias franjas de la sociedad como una “política de Estado” a largo plazo. Por el mismo motivo, la mayoría del equipo del MinCyT, incluyendo al propio ministro Lino Barañao, se mantuvo a pesar del cambio de gobierno. ¿De qué se trata esta “política de Estado” que se encontraría más allá de las diferencias entre el gobierno de Macri y el de los Kirchner? Podemos responder atendiendo al perfil del ministro Barañao, que ocupa el cargo desde la creación del Ministerio. Químico de formación, sus principales trabajos pertenecen al ámbito de la Biotecnología. Su más sonado éxito consistió en participar en la clonación de una ternera genéticamente modificada, proyecto auspiciado por la empresa farmacéutica BioSidus. Barañao se ha vanagloriado en entrevistas de que la mayor parte de su equipo de investigación trabaje ahora en el ámbito privado, además de criticar duramente el atraso de quienes consideran que la ciencia no debe estar al servicio de las empresas. Frases como las siguientes abundan en sus discursos: “en la Universidad prima la tradición académica donde se habla de mercantilización del conocimiento… la manera en que la ciencia llega a la población es a través de la empresa. Asumir que la creación de riqueza no es pecaminosa sino una cuestión moral, dentro del ámbito universitario, es una tarea que tenemos pendiente”[2]. Por eso tampoco sorprende que Barañao sea lobista de Monsanto en la Argentina.

La “política de Estado” consiste pues en que los sectores populares paguen dos veces por la actividad científica. Primero, financiando la investigación a través del Estado y luego, bajo la forma de mercancías –medicamentos o alimentos– que una empresa les vende. Se trata, en última instancia, de un objetivo estratégico o a largo plazo: el mantenimiento del capitalismo argentino dependiente, compartiendo patentes de investigación con firmas extranjeras o subsidiando el lucro de la parasitaria burguesía local.

Los científicos se plantan

A pesar de estos acuerdos estratégicos, que corresponden a la naturaleza capitalista que comparten los gobiernos de los Kirchner y el de Macri, también es cierto que la correlación de fuerzas creada por la rebelión del 2001 tuvo su expresión en el ámbito científico-tecnológico. Tras el virtual congelamiento del sistema científico desde la vuelta de la democracia, del 2002 en adelante los becarios se cuadruplicaron, los investigadores de carrera se triplicaron y las unidades ejecutoras se duplicaron[3].

Fue en defensa de estas conquistas que los trabajadores de la ciencia –investigadores, becarios, docentes y personal de apoyo- se movilizaron y cortaron calles en varios puntos del país el jueves 27. En Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, hubo miles. En Córdoba, hubo una gran concentración con corte de avenidas importantes donde participaron más de 500 compañeros, además de la delegación que había participado la semana anterior del paro de la CGT provincial. En ambas convocatorias confluyeron trabajadores del CONICET y del INTA, otro organismo que enfrenta un enorme ajuste. Las consignas principales decían “No al ajuste en Ciencia” y “Queremos investigar en el país”, pero se expresó una amplia consciencia de la globalidad del ajuste de Macri, manifestándose que el ataque a la ciencia no estaba desligado del ataque al empleo público, la salud y la educación. A su vez, se repudió el nombramiento de Francisco Piñón en la CoNEAU, ex rector de la Universidad del Salvador que en 1977 distinguiera a Massera con un Doctorado Honoris Causa.

Las condiciones de aislamiento en el trabajo, la hiper-especialización y la lógica de la competencia individual que rigen en la academia hacen que sea muy difícil movilizar a los científicos. Por ello, la acción del jueves 27 constituyó un gran éxito. Ahora debemos continuar con las asambleas que permitieron organizar la jornada que nos significó un triunfo todavía muy insuficiente, prepararnos para nuevas movilizaciones y para defender la carrera de investigador. Además, en Córdoba, es necesario que nos enfrentemos, desde nuestro lugar de trabajadores de la ciencia, al modelo  neoliberal de Universidad del macrismo, que se encuentra sintetizado en la nefasta contrarreforma que quiere aprobar el rector de la UNC Héctor Juri.

¡Abajo el ajuste en Ciencia y Técnica!

¡Por una ciencia al servicio de los trabajadores!

José Girolamo

CONICET – UNC

[1]Peor aún, el presupuesto original pretendía quitarle al CONICET la potestad para designar personal nuevo, pasando ésta ahora a la órbita del Ministerio de Despidos (oficialmente llamado “de Modernización”). Este fue otro punto que se modificó tras las movilizaciones de la semana pasada.

[2] Cita tomada del Documento Política Científica y Democratización del Sistema Científico de Jóvenes Científicos Precarizados.

[3] Documento Conicet, 30 años de Democraciahttp://www.conicet.gov.ar/conicet-30-anos-de-democracia/

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