24 de marzo: marcha de Congreso a Plaza de Mayo

No dejemos que los K lo transformen en efeméride

El 24 de marzo de 1976 está inscripto en la historia del pueblo argentino como una de sus fechas más funestas. Representó un ataque directo a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que alcanzó a plantear la necesidad de una ruptura con este capitalismo semicolonial que padecemos.

30.000 compañeros y compañeras desaparecieron por el terrorismo de Estado con la complicidad de toda la clase capitalista. Entre ellos, decenas de compañeras y compañeras del PST, antecesor del nuevo MAS. Miles más tuvieron que exiliarse, dentro y fuera del país.

Un operativo de vaciamiento

Pero, al mismo tiempo, de ser una de las fechas más aciagas de la historia argentina, los aniversarios del golpe militar se fueron transformando –con los años y a justo título– en una de las mayores jornadas de movilización y lucha popular del país.

Sin embargo, este 32º aniversario viene “apagado” bajo la forma de un “feriado largo”... Es que el gobierno K (Néstor y Cristina) al tiempo que vienen levantando las banderas de los derechos humanos para intentar apropiárselas, lo hacen de tal manera que buscan vaciarlas de todo contenido realmente movilizador. Es decir, de todos aquellos elementos de cuestionamiento a la connivencia de la patronal, los políticos del PJ y la UCR y las propias instituciones de la democracia de ricos, cómplices todos ellos, de una y mil formas, de que a lo largo de todos estos años haya continuado la impunidad, salvo para algunos pocos casos muy puntuales.

Y esto mismo es lo que explica que el gobierno haya decretado el 24 de marzo como feriado nacional. Es que al decretarlo feriado (día no laborable donde la mayoría opta por quedarse en la casa), lo que se hace es transformar el 24 de marzo en una pura efeméride, en un acto oficial, consolidando un camino institucional, por arriba, para la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que tradicionalmente conquistó las calles y el apoyo de las grandes mayorías.

Lamentablemente, este operativo de vaciamiento viene teniendo como soportes principales la cooptación de importantísimos organismos de derechos humanos como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, así como también todavía la confianza entre diversos sectores sociales de que el gobierno de Kirchner encarcelará a “todos los genocidas”…

Tres condenas en cuatro años

Más allá de la vergüenza de que a un año y medio de la desaparición de Jorge Julio López no haya una sola pista de su paradero y perpetradores, y que en el caso de Carlos Fuentealba no se mueva un dedo para evitar que Jorge Sobisch se desentienda de su evidente responsabilidad política en el asesinato del compañero, está el hecho de que pasados varios años de la anulación de las leyes de impunidad han sido juzgados solo tres genocidas. Se trata de los casos del “Turco” Julián, Etchecolatz y el cura Von Wernich: muy poco para un gobierno que se vanagloria ser el de los “derechos humanos”!

¿Cómo funciona la política K en este terreno? Se trata del intento de apropiarse de las banderas de los derechos humanos por medio de una política “reformista” ultra liviana por que lo que busca es sólo avanzar con algún que otro caso ejemplificador al tiempo que, en realidad, el objetivo de fondo es recomponer las mismas instituciones genocidas perpetradoras directas de estos asesinatos en masa.

Y el “mecanismo” para llevar esto a cabo es la consciente apelación al paso del tiempo. Y esto incluye la cerrada negativa a la unificación de causas por centros de detención, que permitiría condenar a cientos de genocidas de un saque, al tiempo que evitar la exposición de los testigos no sólo al peligro de que les pase lo que a López, sino a tener que rememorar una y otra vez el horror inhumano al que fueron sometidos por las Fuerzas Armadas.

Que esto es así no lo dicen sólo diversos organismos de derechos humanos, la izquierda o nuestro partido. Recientemente, estuvieron las declaraciones de los tres ex camaristas del juicio a las Juntas Militares del año 1985 en este mismo sentido. Gil Lavedra, Torlasco y D’Alessio acaban de poner de manifiesto la urgencia de “acelerar en lo inmediato todas las causas por violación a los derechos humanos en la dictadura” y creen que el gobierno posee un alto grado de responsabilidad en este delicado tema por su “ineficiencia, desorientación o ignorancia”. Con diferentes matices, plantean la necesidad de “unificar las 850 causas que hoy están desperdigadas en diferentes juzgados”. Y consideran que los testigos de las causas corren “serio peligro”, a la vez que están convencidos de que al paso al que hoy marcha la Justicia los juicios podrían “demorarse por una década (…). Si no se unifican las causas, los testigos terminarán desgastándose o muriéndose, en el peor de los casos” (La Nación, 10-3-08).

A estas alturas, ya se trata de algo más. Es que como parte de la orientación de “normalización” política del país que impulsa Cristina K, incluso el “reformismo light” al que apeló en este terreno Néstor Kirchner podría estar en cuestión, buscándose alguna nueva suerte de “punto final” que acabe con la “intranquilidad” que aun en estos juicios a “cuentagotas” se genera en diversos ámbitos del poder.

Como dice el oligárquico diario La Nación (insospechable de simpatía con la lucha democrática), el “ex presidente Néstor Kirchner (…) no puso todo su caudal político en juego para imprimir mayor velocidad a las causas, y su gestión, que dio casi de inmediato el guiño para reabrir los juicios, terminó con apenas dos condenas en sus cuatro años y medio de administración”. Peor aún, Gil Lavedra, Torlasco y D’Alessio muestran desconfianza en la política de la Cristina Kirchner para continuar con alguna política de castigo a los militares genocidas. Incluso, en el boletín oficial K que es el diario Página 12 Mario Wainfeld prefiere la hipocresía y habla de una “cuestión de pilas” ante la falta de iniciativa de Cristina K en este terreno…

Jorge Julio López y Carlos Fuentealba

Por si lo anterior fuera poco, están los escandalosos casos de López y Fuentealba, en los cuales la impunidad es total. Y por más que el gobierno se reclame como el de los “derechos humanos”, la impunidad que subsiste respecto de hechos del ayer se reproduce en la de hoy.

El fusilamiento del docente Carlos Fuentealba, en el marco de la gran huelga salarial que dieron los docentes el año pasado, y la impunidad que rodea a su asesinato son muestras de que cuando el gobierno habla de “derechos humanos” se trata de una letanía que nada tiene que ver con la impunidad que se desliza bajo sus narices.

Mucho menos cuando se le encarga a la CTERA-CTA reducir la lucha por el castigo a los responsables materiales y políticos del fusilamiento del docente… a los estrechos marcos de la provincia de Neuquén (ver nota en esta misma edición).

Al mismo tiempo, el flagrante enKubrimiento que hizo el gobierno nacional de Néstor Kirchner, y que continúa su esposa, sobre la desaparición del testigo en el juicio contra Etchecolatz, Jorge Julio López, demuestra los claros límites que tiene el “gobierno de los derechos humanos”. No se puede pensar en una política de enjuiciamiento contra los genocidas que sea seria y se demuestra incapaz de proteger a los testigos. Mucho menos que no quiera hacerse cargo de las consecuencias que una investigación en serio sobre la desaparición de López tendría.

“A un año y medio de la desaparición de López, la investigación judicial sobre su destino es un fracaso. Así lo admitió el juez de la causa Arnaldo Corazza, y agregó que no tiene ninguna pista concreta” (Página 12, 18-3-08).

Como es sabido, en la investigación inicial del hecho (y luego, nuevamente, cuando el “allanamiento” al penal de Marco Paz), no sólo la Justicia caratuló el hecho como “persona perdida” (en vez de “desaparición forzada de persona”), sino que el gobierno K se ha negado una y otra vez a apartar de la investigación a la propia policía provincial íntimamente vinculada a Etchecolatz!

Es que Cristina K quiere llevarle paz y ganarse la confianza del ejército genocida, el mismo que asesora a los militares sobre cómo protegerse de los juicios que ella dice impulsar (ver nota de Página 12 del 5 de marzo, “La Armada ofrece apoyo a los procesados en una oficina a metros de la del comandante Godoy”).

De la dictadura a las patotas K

Entre amplios sectores se sabe lo que fue y lo que costó la dictadura. También se comprende lo que implica el fusilamiento del docente Carlos Fuentealba y la desaparición de López. Pero todavía la vasta mayoría no saca las conclusiones sobre la creciente política represiva del gobierno de Cristina K contra las luchas obreras.

Es que cuando se ha salido a luchar, como en FATE, Dana, el Subte y el Casino, al gobierno y a las patronales no les alcanza con utilizar la represión “legal” de la Prefectura, la Gendarmería y la Policía…

Por esto, en el último período se ha ido evidenciando un elemento nuevo, que de alguna manera rememora situaciones similares (aunque más graves) vividas en el país en la década del 70. Y es que el gobierno K ha empezado a hacer uso de un mecanismo de represión “ilegal”, que no tiene cara y actúa en las sombras. Se trata del retorno de las patotas sindicales contra los sectores de la vanguardia obrera que salen a luchar desconociendo los cuerpos orgánicos de la burocracia. Este ha sido el caso del Hospital Francés, de la UTA en la línea 60 y el Subte, del SOMU en el Casino, del SMATA en DANA.

Es un recurso extralegal que el gobierno de los Kirchner utiliza para avanzar sobre las nuevas posiciones sindicales recuperadas por el activismo independiente y la izquierda y enfrentar cualquier cuestionamiento sindical o salarial que desborde a las burocracias. Es decir, “el gobierno de los derechos humanos” no duda en movilizar a las patotas sindicales para romperles los huesos a los activistas independientes. O, más grave aún, dar rienda suelta a verdaderos “grupos de tareas”, como los que secuestraron y torturaron a los compañeros del Casino a fines de enero.

Por todas estas razones, y para quebrar el intento de transformar esta fecha en efeméride, el 24 hay que salir masivamente a las calles, concretando una gran movilización de Congreso a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país.