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Ya empezaron los aumentos de precios, los tarifazos y los despidos

 

Pasaron 20 días desde que Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación. Desde estas páginas advertimos desde antes de su asunción, cuando presentó su gabinete de ministros, que era una formación reaccionaria armada para beneficiar a lo más granado de la patronal, los terratenientes y el imperialismo, y que en su avance está preparándose para atacar a los trabajadores y demás sectores populares. Un ataque que no se da solo en el plano económico, sino en los niveles políticos y democráticos.
Inclinando la balanza para el lado de quienes más tienen
Las primeras medidas de su gobierno han marcado claramente su perfil de clase. Macrí ha otorgado 130.000 millones de pesos mediante la baja de las retenciones y la devaluación del peso a la oligarquía agraria, premiándola por haber especulado mediante el acaparamiento de la producción de granos; también premiaron con la friolera de 30.000 millones al sistema financiero (es decir a los grandes bancos) que se aprovecharon de la falta de dólares que sufría el gobierno de Cristina, a quien le compraron “dólares futuro” a diez pesos, otro reconocimiento también por saber especular; en esta perinola en la que “(casi) todos toman” también salieron favorecidas las multinacionales petroleras, que tienen garantizado que el estado les pague el crudo a un precio mínimo de 75 u$s cuando en el mercado mundial está actualmente a 40 u$s (es decir un 87,5% por encima de su valor) lo que representa una suma aproximada de 75.000 millones para las petroleras (ver nota en página 11); y al cierre de esta edición se ha informado que prácticamente se ha suprimido el impuesto a los autos de lujo, las embarcaciones y los yates. Suponemos que esto será para que lo grandes beneficiarios de su gobierno puedan cambiar el auto y el velero sin sufrir incómodos recargos impositivos.

Como complemento de estas medidas, que son una inmensa transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, utilizando al estado como intermediario en esta transacción, el macrismo y sus aliados han optado por continuar con sus ataques a los sectores de trabajadores.

El primer ataque está dado por la inflación misma, que en los últimos dos meses del año ha pegado un salto de 10 puntos porcentuales y se ubica alrededor del 40% para todo el 2015, configurando un verdadero sablazo al salario de los trabajadores.

En ese sentido se explican las declaraciones del ministro de Trabajo Jorge Triaca (h), quien pidió “un esfuerzo de comprensión” a los trabajadores para que las paritarias se discutan en base a la inflación futura, no a la pasada, y teniendo “expectativas en el programa económico, que si es exitoso vamos a poder tender a una discusión más hacia la baja”. Es decir que olvidemos el sablazo que nos dieron y que confiemos en Macri y en las patronales, que “tienen que controlar los precios”.

Nunca está de más recordar que el sistema capitalista y sus defensores son realmente pérfidos. Cuando los economistas liberales hablan, se regocijan repitiendo frases acerca de la libertad económica, de la libertad de empresa y de la libertad de mercado que “autorregule” los precios. Para ellos todo debe ser libre… menos, claro está, el salario. Este es el único precio que no debe subir nunca: se debe fijar una vez y no volver a discutirse por lo menos por todo el resto del año.

Pero esto no termina aquí, porque esta inflación que estamos comentando aun no contabiliza la inminente quita de subsidios a la luz y el gas, que amenaza con hacer trepar las cuentas de estos servicios en un 500%. Y no solo esto, sino que además piensan pasar la actual facturación bimensual a una mensual, lo que redunda en un beneficio mayor para las empresas en desmedro de los usuarios.

Sobre este punto no debemos perder de vista que los subsidios en última instancia no son un beneficio para los trabajadores sino para sus patrones. Esto es así porque estos se aprovechan del precio subsidiado para pagar sueldos más bajos. Por lo tanto, antes de quitar ningún subsidio, se debería otorgar un aumento de sueldo proporcionalmente igual al subsidio retirado. Pero está claro que este no es el objetivo del gobierno PRO-empresarial del ingeniero Macri.

En esta misma línea, otro ataque contra los trabajadores es la arremetida contra el derecho a la protesta: el descomunal y desproporcionado despliegue de policías en Ezeiza contra los trabajadores de Cresta Roja, quienes finalmente fueron reprimidos y desalojados es una muestra de cómo pretende el gobierno PRO hacer pasar sus políticas antiobreras y antipopulares. Como parte de esta avanzada hay que tener muy en cuenta el anunciado protocolo contra las protestas que está tratando de implementar la ministra de Justicia Patricia Bullrich. Aunque sobre este proyecto aún no se ha dicho nada, no hay que olvidar ni por un momento que cualquier reglamentación sobre el derecho a la protesta es un ataque directo contra las libertades democráticas que no se puede dejar pasar.

En este sentido hay que recordar que el kirchnerismo le dejó al PRO, como regalo contra los trabajadores, una herramienta peligrosísima: la nefasta ley antiterrorista dictada por EE.UU., la cual, entre otras cosas, sanciona con penas no excarcelables a todo manifestante que pretenda imponerse sobre la voluntad de cualquier empresa o del Estado. Es decir que deja en poder de la Justicia patronal la voluntad de aplicar a discreción ese brutal instrumento represivo contra las manifestaciones populares y la protesta social.
En defensa de los trabajadores estatales
En el plan de ajuste que tiene el gobierno de Macri, uno de los blancos de sus ataques son los trabajadores del Estado. Para esto se aprovecha y se apoya por un lado en los prejuicios de una parte de la población que caracteriza que los estatales son “todos vagos y todos ñoquis que no laburan”. Este prejuicio tiene algunos elementos de realidad en la medida en que todos los partidos patronales cuando han estado en el gobierno se han adueñado del aparato del Estado para financiar sus propios aparatos partidarios. Pero en esta bolsa quedan atrapados la inmensa mayoría de los trabajadores estatales. Ejemplo de esto son todos los enfermeros y personal no médico de los hospitales públicos, que tienen que cumplir sus labores en condiciones paupérrimas y por sueldos miserables, o los trabajadores sociales que tratan de paliar en alguna medida las miserias que reproduce sistémicamente el capitalismo, entre tantos otros. Sin contar que es el Estado el principal empleador precario y en negro de la Argentina. Se calcula que alrededor del 17% de los empleados estatales están en condición de “contratados” por medio de contratos anuales, semestrales o muchas veces trimestrales, durante años; dependiendo de la voluntad de los funcionarios de turno que amenazan con no renovarles los contratos y echarlos sin indemnización.

Por supuesto que todo trabajador desprecia a quienes cobran y no laburan, pero no es a esos a los que amenaza el PRO. Cuando el gobierno de Macri anuncia que va a barrer con todos los “ñoquis de la Cámpora”, en realidad lo que está haciendo es amenazar con el despido a todos los trabajadores que hayan empezado a trabajar en los últimos tres años. Por eso es que no hay que dejar pasar este atropello. Hay que exigir que se respeten los puestos de trabajo de todos los estatales; que se termine con el trabajo en negro o precarizado mediante el inmediato pase a planta permanente y el aumento salarial acorde a la canasta familiar.
Macri y los K juegan a la política
Si uno mira y escucha lo que escriben y dicen los voceros del kirchenrismo, pareciera que en la Argentina no está pasando nada, o por lo menos casi nada. De lo único que puede escúcharseles hablar es de “678”, Sabatella, la AFSCA.

Sobre esto hay que hacer una distinción. Los decretos de necesidad y urgencia que dictó el poder ejecutivo por medio de los cuales puso la AFSCA en la órbita del Ministerio de Comunicación y luego dispuso la intervención del organismo, son un atropello y una violación del orden constitucional, como ya lo expresamos en nuestra edición anterior. Macri ha decidido no llamar a sesiones extraordinarias del Congreso para poder así inventarse el supuesto derecho a gobernar por decreto. Esto no solo es un ardid jurídico ilegal e inconstitucional, sino que además es una falacia, puesto que el receso del Congreso no genera automáticamente una situación de “necesidad y urgencia”. En este marco, la intervención de la AFSCA y la destitución de Sabbatella son un atropello a las instituciones democráticas, más allá de la valoración que se tenga de la figura de su interventor.

Pero esto nada tiene que ver con la salida del aire de “678” u otros programas que salieron, a los que se les vencen sus contratos. Desde el Nuevo MAS siempre hemos marcado que la famosa ley de medios era una ley para empresarios y no para democratizar los medios y que era una ley que dejaba afuera a los trabajadores de esos medios. La susodicha ley nunca puso en cuestión el derecho a la propiedad privada de los grandes medios de comunicación, y por lo tanto estos siguen rigiéndose por los criterios capitalistas de la propiedad privada en donde los dueños hacen y deshacen a su antojo. En realidad a “678” no lo censuraron, porque no fue necesario. Fue el propio dueño del programa, el ultrakirchnerista Cristóbal López, quien arregló con el gobierno no renovar el contrato. Por supuesto que Macri pretende barrer con toda opinión que disienta con la suya, pero para eso no necesita hacer uso de la censura estatal, le basta confiar en los propietarios de los medios de comunicación. Como en toda la década ganada, en la era PRO siguen siendo los capitalistas los propietarios de la libertad de expresión.

Pero en todo caso, este juego de ataques y denuncias, de concentraciones y actos públicos, les vienen bien tanto a Macri como al FpV. A Macri porque sabe que en última instancia las “batallas” que está librando el kirchnerismo no afectan el corazón de su plan de ajuste, y a los K porque les permite posar de “febriles” opositores al nuevo gobierno, mantener agrupada a su propia tropa cocinándose en su misma salsa, y al mismo tiempo dejar pasar el ajuste que toda la burguesía exige. Por eso no es de extrañar que no se haya visto a ninguna organización K marchando el martes 22 por el bono de fin de año y denunciando la represión a los trabajadores de Cresta Roja, a pesar de que eran convocantes hasta menos de 24 horas antes de la marcha.
Hay que pararle la mano a Macri
Estos 20 días han dejado una cabal muestra de que Macri está preparando un feroz ataque contra los sectores trabajadores, ataques que recién empiezan a caer y que se irán agudizando en los próximos días apenas comience a correr el 2016.

Los trabajadores no van a quedarse de brazos cruzados viendo como los despluman. Muestra de esto fue la lucha durante meses de los compañeros de Cresta Roja, las movilizaciones de estatales en Córdoba y Santa Cruz, la importante concentración el 29 de diciembre de los trabajadores de ATE en el Ministerio de Trabajo, las movilizaciones en Córdoba contra la reforma previsional hecha por Schiaretti.

Frente a este panorama que nos muestra tanto los ataques como la vocación de resistirlos que tienen los trabajadores, la izquierda tiene que dar un paso adelante y organizar a todos los luchadores y a los sectores más avanzados de los trabajadores para impulsar una lucha coordinada de todos los sectores antiburocráticos para derrotar al gobierno de Macri. Para este fin es necesario dejar de jugar al parlamentarismo: los trabajadores no pueden esperar a marzo, cuando se reúna nuevamente el Congreso, para ver qué pasa. Es necesario convocar cuanto antes a un encuentro obrero que reúna a todos los luchadores para vencer al ajuste de Macri.

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