A Bachelet la reforma le quedó corta

El eterno derrotar de una lucha 
incanzable y nuestra 
nos da la fuerza para revolucionar 
la existencia del ciudadano mundial 
y abrir las grandes alamedas 
por donde ya no corra la sangre 
del libre,
sino que corra el libre derramando 
sangre de libertad.

Andrés Claudio “revolución de los perdidos” Chile 2011
Después de días de intensas discusiones en el Congreso, de movilizaciones estudiantiles mandadas a reprimir por el gobierno de Nueva Mayoría, Bachelet salió a anunciar que se aprobó la Ley Corta de Gratuidad1. Tanto Nueva Mayoría como la oposición de derecha de la UDI salieron a festejar esta ley como una iniciativa propia y como el principio de la solución definitiva de la problemática educativa en Chile. Ambas afirmaciones son una mentira: En primera instancia, los estudiantes chilenos vienen luchando contra la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 18962) promulgada por Pinochet, desde los 90 y con históricos hitos como el Mochilazo del 2000 y la Revolución de los Pingüinos en el 2006. Luego, el primer gobierno de Bachelet en el 2009 derogó la LOCE y promulgó la LGE (Ley General de Educación) que no representaba cambios significativos en la educación en general y ningún cambio en la educación superior en particular. La LGE fue enfrentada con las históricas movilizaciones del 2011 que llegaron a juntar más de un millón de personas en la Plaza de la Moneda. La LOCE establece, entre otras normas, que el rol del Estado en la educación corresponde sólo al de un ente regulador y protector, delegando la responsabilidad de educar en corporaciones privadas, y reduce la participación de grupos de estudiantes y funcionarios no-académicos en las decisiones relativas a los establecimientos de educación. Es decir, la educación en vez de ser un derecho pasa a ser un enorme negocio para un grupo de empresarios que se enriquecen a costa de cobrar hasta 20.000 dólares una carrera, cuando el sueldo mínimo de los chilenos es de 320 dólares (2011). La LGE fue una respuesta a la creciente rebelión estudiantil más que un cambio de fondo a nivel educacional. Fundamentalmente agrega más requisitos a los empresarios para que sus instituciones sean reconocidas por el Estado y financiadas por el mismo y agrega cláusulas contra la discriminación a los estudiantes por situación económica o embarazo, por ejemplo. La peor discriminación la lleva adelante el sistema educativo en su conjunto, ya que pueden estudiar sólo los estudiantes cuyas familias se pueden endeudar por años, quedando por fuera gran parte del pueblo trabajador chileno. Los diferentes gobiernos de la Concertación, UDI y Nueva Mayoría jamás avanzaron contra el sistema educativo que impuso la dictadura. ¿Eso quiere decir que no hicieron nada en todo este tiempo con la mercantilizada educación chilena? En absoluto, hicieron y mucho. En primera instancia mantuvieron varias reuniones de diálogos con los estudiantes, en las cuales no se avanzó en cambiar lo sustancial, ni mucho menos en la gratuidad de la educación, y en segunda instancia, reprimieron brutalmente a las movilizaciones a través de los carabineros, carros hidrantes y las fuerzas especiales. Por otro lado, también tuvieron la política de continuar subsidiando de manera millonaria a los empresarios de la educación privada, no sea cosa que sus siderales precios en los aranceles de las carreras no les alcance. Es por eso que la declaración de que esta medida es un “triunfo del trabajo en equipo parlamentario” por parte de Nueva Mayoría nos parece como mínimo carente de humildad.

La otra gran mentira señala, que “Lo medular y relevante que va a pasar a la historia es que luego de tres décadas en nuestro país, la gratuidad vuelve a ser una realidad en nuestro país”. Esta frase de Marcelo Díaz, vocero del gobierno, es simplemente un engaño. La Ley Corta promulgada por Bachelet, previa negociación con la derecha, no implica una gratuidad universal, ya que 178 mil estudiantes podrán acceder de manera gratuita a la educación superior mientras un millón quedan por fuera de la misma. Por otro lado, se potencian los subsidios millonarios a las instituciones privadas, en detrimento de una educación estatal para todos. Si bien es cierto que se aumentan considerablemente las becas para los estudiantes que estén en peores situaciones económicas, es también cierto que los entes que regulan la admisión de becas, son privados y partes de los mismos grupos empresarios, que se vienen denunciando, con lo cual su objetividad al otorgarlas es por lo menos dudosa.

Desde el Nuevo MAS saludamos este paso adelante del movimiento estudiantil chileno y coincidimos en su diagnóstico: Esta medida es insuficiente y hay que seguir luchando por una educación gratuita al 100%, financiada por el Estado y el fin del subsidio estatal a las instituciones privadas. Entendemos que este avance se conquistó con la lucha en las calles, independiente de todos los partidos que gobiernan y han gobernado Chile, y que es un punto de apoyo para conquistar por los mismos métodos todas las demandas del movimiento estudiantil. Valoramos su combatividad y consideramos su lucha un ejemplo que servirá al estudiantado argentino para enfrentar las políticas antieducativas que se vienen con el reaccionario gobierno de Macri.
Alejandro Anielewicz

1 El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los criterios de elegibilidad de la glosa de presupuesto presentada por Bachelet, argumentando que se discriminaba a los alumnos que iban a recibir la gratuidad de sus estudios superiores por pertenecer a alguna de las universidades o instituciones que estén o no dentro del Consejo de rectores, institutos profesionales y centros de educación técnica. Frente a esta negativa por parte del TC, el gobierno presentó su proyecto de Ley Corta al Congreso que le otorgará la gratuidad a los estudiantes en situación económica más vulnerable, tanto de instituciones estatales o privadas, siempre y cuando estas últimas estén acreditadas por lo menos hace cuatro años al ente regulador de educación superior chileno. Esta intromisión del TC, que además es impulsada por la derecha, es un claro guiño a las universidades privadas que están por fuera del Consejo, para que no pierdan los jugosos fondos estatales que otorgarán para costear la gratuidad.

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