Intenciones viejas, proyectos nuevos

Los intentos de avanzar en la institucionalización de la represión no son nuevos. Durante el gobierno kirchnerista, en el 2014, la Ley antipiquetes impulsada por la diputada K Diana Conti llegó a la Cámara de Diputados, posterior al retiro del proyecto Kunkel, que proponía hacer una distinción entre protesta legítima e ilegítima. Este último tuvo la misma suerte que el anterior: como llegó… voló del recinto. Las intenciones de regular la protesta social tuvo oposiciones por derecha y por izquierda.

Las relaciones de fuerza no daban la suficiente soga al gobierno y a la patronal para imponerla. Por eso Cristina rebobinó el carretel y de eso no se habló más. Silencio de radio.

Este nuevo proyecto, llamado Protocolo, porque es más “elegante”, de acuerdo a la categoría del nuevo gobierno y a la clase burguesa a la que pertenecen, sin mediaciones molestas, va a ser consensuado, según la ministra Bullrich, con “el consenso de todos”. Y lo repite como un latiguillo, no casual, porque aspiran a que se aplique como un mazazo desde Salta a Tierra del Fuego. De su centralidad no dudamos, tampoco de su dureza.

Unidad nacional para legitimar la represión

Siempre hubo represión y la habrá, dirán muchos compañeros. Esta es una verdad que no expresa los cambios que se han producido con la asunción del nuevo gobierno reaccionario y las nuevas tareas para enfrentarlos. Porque el intento de “institucionalizarla” con nuevos mecanismos legales, con el poder del Estado detrás, no es un problema menor. Desde el desarrollo de los movimientos de desocupados con expresión masiva en las calles y rutas, las asambleas populares, los escraches y las movilizaciones pre y post Argentinazo, fue un espacio conquistado del que no pudieron echarnos totalmente, aunque hubo aprietes, palos, gases y cayeron compañeros heridos y asesinados.

El propósito es “dar una vuelta de tuerca” de 180 grados en la criminalización de la protesta, que no sea esporádica o de acuerdo a las circunstancias, sino que esté reglamentada por el Sr. Estado y todos se arrodillen a ella, aún incorporando en su apoyo a sectores de la población que lo vean con buen grado porque han instalado en algunos de ellos que los “piquetes perjudican a los que van a trabajar”. La “sensible” ministra de Seguridad se dirige a este sector cuando dice que: “no haya cientos de miles de ciudadanos que todos los días llegan tarde a su trabajo, pierden turno del médico o llevan los chicos tarde a la escuela porque la Ciudad, la provincia de Buenos Aires o Córdoba son un caos”. Tanta humanidad desaparece cuando los trabajadores y los oprimidos luchan.

La burocracia sindical se sigue callando la boca, también en relación a este proyecto. “El Protocolo es una pérdida de tiempo”, sentenció Pablo Micheli, referente de una de las CTAs. Conclusión de Micheli: si es una pérdida de tiempo, no perdamos tiempo en alertar y luchar contra él.

Pero con la letra del Protocolo no alcanza. Tendrán también que cambiar la relación de fuerzas para ponerla totalmente de su lado. Por eso la cuestión no son sólo las intenciones del gobierno y sus decretazos, sino la respuesta de los trabajadores, las mujeres y la juventud ante esta arremetida a nuestros derechos.

Desde ahora, ante la represión a los trabajadores de Cresta Roja, el anuncio del Protocolo represivo, levantemos bien fuerte nuestra voz de rechazo. Llevemos nuestro repudio a este intento reaccionario, para derrotarlo, al único lugar en que podemos hacerlo: a la lucha en las calles, junto al resto de nuestros reclamos.

Unamos nuestros esfuerzos desde las organizaciones de izquierda e independientes, llamando a todos los luchadores, hayan votado a Scioli o a Macri, para hacer retroceder al gobierno con el nuevo Protocolo represivo.

¡Abajo el protocolo Bullrich-Burzaco!

¡Ni un paso atrás en nuestro derecho a manifestarnos!

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