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La renuncia presentada  por el término de su mandato del juez de la Corte Zaffaroni el 7/01/205, al cumplir los 75 años, ha abierto una acalorada disputa sobre la posible cobertura de su cargo vacante.[1]

La oposición ha salido a reclamar que el gobierno no postule  a su reemplazante  (a pesar de necesitar los 2/3 del Senado para su nombramiento, que los K no tienen)   planteando el derecho del próximo gobierno a tal elección,  dando por terminado el ciclo iniciado en 2003, lo que además sugiere futuras negociaciones, ya que más pronto que tarde, por razones biológicas Fayt dejará otra vacante.

Tratando de hacer pie sobre el terremoto del Argentinazo, y dado el desprestigio de todas las instituciones de la democracia burguesa entonces, una de las banderas que enarboló el kirchnerismo fue la conformación de una “justicia independiente”, simbolizada en el nombramiento de figuras de relieve académico y de una amplia trayectoria que prestigiaran la Corte. Así provoco la renuncia de los anteriores jueces menemistas, encabezados por su presidente, el impresentable  riojano Julio Nazareno y su banda, creadores del “recurso de arrancatoria”[2] y  nombró a Zaffaroni, Argibay, Highton de Nolasco y Lorenzetti, trayendo además la novedad de dos mujeres a la Corte. En términos generales la jugada resultó, aunque nunca han dejado de lamentar el nombramiento de  Lorenzetti, a partir de su pase a la oposición patronal cuando Cristina pretendió avanzar demasiado con la trunca  “reforma” de la justicia.

 

Doctor Jekyll y el Señor Hyde

 

Zaffaroni ha tenido la habilidad suficiente como para que su trayectoria política pasara desapercibida detrás de su basta trayectoria académica. Es así como uno de los máximos exponentes del garantismo en la Argentina, ya que considera que el sistema penal es persecutorio sólo de los pobres, que estigmatiza,  y que  castiga por la condición social, que la policía se financia  ilegalmente con el acuerdo del Estado, enemigo de las facultades discrecionales a la misma, fue nada menos que juez en lo Criminal y Correccional durante toda la dictadura. Volcado a la actividad partidaria, Convencional Constituyente, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente del INADI con De la Rúa.

Semejante nivel de contradicción entre la teoría y la práctica se resolvió sin conflicto aparente a favor de su función como integrante de las máximas alturas del aparato del Estado: instrumento de opresión social de una clase por otra. Es así que su doctrina  quedó para la cátedra, donde sintonizaba con el relato oficial de la “inclusión”.

Dueño de varios departamentos donde se ejercía la prostitución, su defensa se limitó a manifestar que el no los administraba; nunca se mostró muy contrariado con  su “administrador” sino más bien con el “amarillismo” que lo denunciaba.

Su garantismo no alcanzó a la mujer ni a los niños:   En el “caso Tiraboschi”  afirmó que el sexo oral que el portero de un edificio obligó a realizar a una niña de 7 años no constituía violación porque no era una forma de acceder carnalmente a la víctima.

En ese caso, el juez aseguró además que “si hay oscuridad no hay abuso sexual” y determinó como un atenuante el hecho de que el portero hubiera forzado a la niña con la luz apagada.[3]

Su garantismo tampoco alcanzó a los trabajadores y sus luchas: la violencia

que Zaffaroni denuncia no es sobre sujetos sociales, sino sobre individuos aislados, indefensos.

Normalizado el país, una de los principales servicios prestados por los K a la burguesía,  la disputa abierta por la sucesión de Zaffaroni muestra las cosas como son: una pelea sorda entre los partidos  por nombrar “su” juez, disputa  a la que no es ajena la situación política del país, lo que ubica a cada bando a la ofensiva o defensiva respectivamente.

Esto se constata con la diferencia con el nombramiento casi unánime de Gils Carbó[4] como Procuradora en 2012, a pesar de que también se necesitaban los dos tercios del Senado, los mismos que se necesitan hoy  para reemplazar a Zaffaroni.

El “derecho institucional” que la oposición le concedió al gobierno entonces, se lo niega ahora: el fin de ciclo K se expresa también en este aspecto.

El cuento de la “justicia independiente” tiene ahora un capítulo menos: la justicia no sólo NO es independiente del régimen político, y en última instancia del orden social de los explotadores, sino que además cada gobierno trata por todos los medios de controlarla, empezando por los nombramientos.

 

Marcelo Buit

[1] La Constitución Nacional en su artículo 99 prevé la posibilidad de un nuevo nombramiento para los jueces de la Corte que cumplan 75 años, por el plazo de 5 años, con renovación indefinida. Esto no se aplica al juez Fayt porque consiguió un fallo de inconstitucionalidad sobre el tema con la anterior composición de la Corte en 1999.

[2] En 1993, a pedido del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, extrajeron  del libro de sentencias de la Corte un fallo contra el Banco Central para que  el expediente volviera a circular para que se dictara un nuevo fallo.

[3] http://www.lapoliticaonline.com/nota/82415/.

[4] La oposición se negó entonces a avalar a otro candidato por impresentable, sometiéndolo a un escarnio público en una audiencia en el Senado. Como Gils Carbó tenía en cambio los suficientes antecedentes, su pliego se aprobó por 63 a 3.

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